Juan de Dios Rosas Ventura

Expediente 702/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
702/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • Juan de Dios Rosas Ventura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    cúmplase

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta mediante el cual informa que designó como defensores públicos, a fin de que asesoren al quejoso.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar al quejoso por los motivos expuestos. En consecuencia, para salvaguardar los derechos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 fracción I y 20, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, requiérase a la Defensoría Pública del Estado de Baja California, de esta ciudad, para que dentro de plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice designación de un profesionista que pueda fungir como autorizado del quejoso en los amplios términos del artículo 12, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista al defensor público el auto de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, que en síntesis se cita: Se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Pena, Tijuana, Baja California; ... Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 702/2019-V-C. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto debe decirse que el artículo 5 de la Ley de Amparo establece como requisito indispensable para la procedencia del juicio que sea promovido por quien estime que la norma general o el acto reclamado vulnera su esfera jurídica, tal como se advierte de la cita de ese numeral. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Del texto trascrito del precepto, se advierte la reiteración del principio constitucional de instancia de parte agraviada, el cual estatuye, como única posibilidad, que el juicio de amparo sea promovido por la persona que estime vulnerada su esfera jurídica con el acto autoritario, ya de forma personal y directa, o por su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, en diversos numerales de la ley de la materia como los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, se establece que el quejoso podrá solicitar el amparo por sí, por su representante legal o apoderado, por su defensor o por cualquier persona en casos específicos, pero lo verdaderamente relevante al respecto es que en todos los casos es que quien presente el escrito de demanda, la firme a fin de instar al órgano jurisdiccional para que conozca del juicio, lo cual se traduce en una manifestación de voluntad. Tratándose de una demanda de amparo es preciso que conste la voluntad del promovente de solicitar la protección de la Justicia Federal, la cual se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo, esto es, la firma autógrafa, entendida como el signo gráfico generalmente aceptado por el cual se obligan las personas, en razón de que no es admisible que un escrito anónimo, carente de autenticidad por la falta de la firma del supuesto interesado, pueda ser considerado como una demanda de amparo, en tanto no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma no es una deficiencia que pueda ser corregida como los elementos de forma, sino que constituye la ausencia de voluntad del quejoso de presentar la demanda. En el caso, en el proemio de la demanda se menciona a ***, sin embargo, la demanda de amparo debe interpretarse en su integridad y, en observancia de tal obligación, se aprecia que, al calce no se estampó la firma del promovente, donde, se incluyó un espacio con su nombre, sin que lo hubiera suscrito. Por ende, si, como se dijo, la firma es un requisito esencial que se exige de las personas en todos los actos jurídicos que requieren la forma escrita y, además, dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención, al no tratarse de omisión en cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, no se tiene por expresada la voluntad de ***para promover el juicio y, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos s5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se desecha de plano la demanda.

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