Juan de Dios Reyes Gallegos

Expediente 423/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
423/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Juan de Dios Reyes Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de uno de junio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los normativos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Se deja a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en este asunto, haciéndole saber que quien comparezca a recogerlo tendrá que exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para su debida constancia legal, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su devolución dentro del tiempo de duración de su cita, previniéndola que de no acudir a recogerlo dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dichos documentos podrán ser destruidos. Para lo cual, deberá generar cita, con la finalidad de que el día programado acuda, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su devolución dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberá agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega.

  2. Principal

    Considerando que la parte quejosa no compareció ante este juzgado de distrito, a notificarse personalmente de la determinación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se dejó aviso fijo en la puerta del domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29, de la Ley de amparo, en relación con el Acuerdo General 21/2020 reformado en su periodo de vigencia por el diverso 9/2022, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, se le notifica por lista electrónica dicha resolución, que en síntesis dice: Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de uno de junio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los normativos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Se deja a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en este asunto, haciéndole saber que quien comparezca a recogerlo tendrá que exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para su debida constancia legal, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su devolución dentro del tiempo de duración de su cita, previniéndola que de no acudir a recogerlo dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dichos documentos podrán ser destruidos. Para lo cual, deberá generar cita, con la finalidad de que el día programado acuda, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su devolución dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberá agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual rinde el informe justificado; asimismo, remite copia certificada de diversas documentales deducidas del juicio obrero 1179/2012. A las constancias recibidas en copia certificada, les reviste el carácter de documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su precepto 2. Del mismo modo, se cita en apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Materia Común, Registro digital: 290460, página 660, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Lo son las certificaciones expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, de consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, del análisis integral de las aludidas constancias, se advierte que, en el caso, es evidente que cambió la situación jurídica del promovente de amparo respecto al acto reclamado; por consiguiente, al actualizarse, en el caso, de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XVII, de la ley de la materia, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del texto de la fracción transcrita, se colige que para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; III. Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página 219 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Y la tesis publicada en la página 4981 del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXIX, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la anterior integración de nuestro Alto Tribunal, de literalidad: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." Así, se tiene que por escrito depositado en buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el nueve de mayo de dos mil veintidós, validado ese mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito Juan de Dios Reyes Gallegos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLES.- señalo como autoridad responsable a la H. Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede. IV.- EL ACTO RECLAMADO.-señalo como acto reclamado la omisión de pronunciarse para emitir el auto admisorio de pruebas, dentro del incidente de liquidación, derivado del expediente laboral 01179/2012 y de acordar en sus términos legales el escrito de (sic) recordatorio de fecha 2 de diciembre y recibido por la oficialía el 3 de diciembre de 2021, esto en virtud de que la Primera Junta se reservó el derecho para emitir con posterioridad para hacer un análisis de las pruebas ofrecidas dentro del incidente de liquidación por lo tanto a (sic) transcurrido con exceso para resolver respecto a dichas pruebas en el incidente de liquidación ya mencionado, lo cual causa agravio la omisión de la responsable, y se viola el artículo 17 Constitucional." Así pues, de las constancias con valor probatorio ya establecido, se observa que por auto de diez de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de mérito, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al fiscal federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, como ya se apuntó, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se observa que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictó una resolución en la que declaró procedente el incidente de liquidación hecho valer por la parte actora (aquí quejosa), Juan de Dios Reyes Gallegos, en el juicio laboral 1179/2019. En ese contexto, es evidente que al haberse pronunciado la referida resolución en el juicio laboral de origen, cambió la situación jurídica del quejoso; en tal virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de amparo. Al respecto resulta ilustrativa la tesis 2a. CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Adicionalmente, es importante señalar que en la resolución interlocutoria, de veinticinco de mayo de la presente anualidad, que en copia certificada envió la autoridad responsable, se desprende que el dos de julio de dos mil veintiuno, admitió las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en la litis natural; asimismo, desechó la pericial contable que ofertó la parte demandada, por considerarla inútil e intrascendente. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la citada ley, toda vez que se actualiza en la especie una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que ningún elemento de prueba puede desvirtuar. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo décimo séptimo, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia I.7o.P. J/3, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1600, del tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." No es óbice la circunstancia de que no obre la constancia con la que se acredite que la autoridad responsable haya notificado a la parte quejosa el citado proveído en que da respuesta, puesto que la presente determinación se hará del conocimiento del quejoso personalmente y al correrle traslado con dicha documental, queda enterado de su emisión. Es aplicable, por analogía y sólo por cuanto a que resulte necesaria la notificación de la parte quejosa, la jurisprudencia 2a./J. 36/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA." Precisiones. Este Juzgado considera indispensable puntualizar que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, no configuran una denegación de justicia, tal como lo dispone la tesis III.2o.C.3 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro digital 2002537, página 2066, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Asimismo, es necesario precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de Derechos Humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, registro digita 2006485, página 772, que a la letra dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, registro digital: 2004748, página 906, que a la letra establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Todo lo anterior, sin que se inadvierta la aplicación de la suplencia de la queja, toda vez que la determinación adoptada no implica en modo alguno su inobservancia. Argumento que encuentra apoyo en la parte conducente de los siguientes criterios: del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXIX, Primera Parte, Registro digital 257556, página 32, cuyo rubro dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA, INOPERANCIA DE LA, POR EXISTIR CAUSALES DE IMPROCEDENCIA." I.6o.T.33 K, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Registro digital 179733, página 1456, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO EXISTE OMISIÓN EN SU APLICACIÓN POR PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO CUANDO ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO." Y I.7o.P.13 K, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, Registro digital 164587, página 1947, que impone: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Por otra parte, en proveído de diez de mayo del año actual, se reservó proveer respecto del emplazamiento de los terceros interesados; en consecuencia, se deja sin efectos dicha reserva y se provee: Se considera innecesario ordenar el emplazamiento a juicio de los terceros interesados, dado que ninguna afectación se le causa, tomando en consideración el sentido de esta determinación judicial que se dicta y atendiendo al imperativo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Audiencia señalada. En virtud de la determinación adoptada, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil veintidós. Criterios invocados. Finalmente, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la Ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la Ley vigente. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa, adjuntando copia simple del anexo recibido.

  4. Principal

    ... se admite dicha demanda... Sin tramitarse incidente de suspensión, en virtud de que la parte quejosa no lo solicita y no se está dentro de los supuestos de los ordinales 125 y 126, de la ley de la materia, para que este tribunal se pronuncie respecto de la medida cautelar. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de dicha legislación, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de junio del año en curso. ..Con fundamento en los numerales 116 y 117, de la mencionada ley, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído... Por otro lado, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la citada ley, se tiene como terceros interesados a ***; sin embargo, se reserva proveer respecto de su emplazamiento, hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus informes justificados. Conforme a lo establecido en el numeral 5º, fracción IV, de la ley de mérito, dése la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional... se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista electrónica publicada en el Portal Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Estadística Judicial, con la página web: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que se designan, en razón de la materia del presente juicio. En otro orden de ideas, de conformidad al numeral 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este tribunal toma nota de que el promovente del líbelo constitucional propone los correos electrónicos ***, así como los números de teléfonos celulares ***, para entablar comunicaciones no procesales, para los efectos conducentes. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. De la expedición de copias. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a partir del tres de agosto del año en curso, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la cual se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, aunque con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. De tal forma que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, por lo que se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En seguimiento a esas directrices, como una medida que se adopta con la finalidad de proteger tanto a los servidores públicos, a los justiciables y al público en general de los efectos del virus COVID-19, la obtención de copias en esta nueva normalidad, se hará bajo los siguientes lineamientos: Para la obtención de copias simples: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. 2. En caso de que se desee obtener copia simple de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el correspondiente archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia simple no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar un cita para consulta del expediente dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, rubro en el cual podrán generar la cita correspondiente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1205, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión; así como que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas. Para la obtención de copias certificadas: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. Una vez que reciban los archivos correspondientes, deberán generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su expedición dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 2. En caso de que se desee obtener copia certificada de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere que el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. Hecho esto, será su obligación obtener la impresión de dichas constancias al exterior de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y generar nueva cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia certificada no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar una cita para consulta del expediente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1205, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión. Asimismo, que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas, así como obtener su certificación, previo cotejo. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia...

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