Juan de Dios Pazos Meabe O Meave
Expediente 353/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan de Dios Pazos Meabe O Meave
Actuaciones
- Principal
MESA IV CÚMPLASE
- Principal
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, AUTO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
- Principal
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, AUTO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
- Principal
MESA II CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN EL PROPIO PROVEIDO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE EL AUTO DE DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CUYA SINTESIS ES LA SIGUIENTE: Vista la demanda de garantías promovida por David Roberto Vilchis Aguilar, quien se ostenta Defensor Particular del quejoso Juan de Dios Pazos Meabe y/o Juan de Dios Pazos Meave, contra actos del Juez de Control de la Sexta Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, Tamaulipas. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con la partida 353/2018-IV-A. PERSONALIDAD Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, de la Ley de Amparo, y al tenor de la copia autentica del audio y video de la audiencia de control de garantías celebrada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa CE/0010/2018, del índice del Juzgado de Control de la Sexta Región de Altamira, Tamaulipas, se tiene por reconocida la personalidad del compareciente en su carácter de Defensor Particular del quejoso Juan de Dios Pazos Meabe y/o Juan de Dios Pazos Meave. Se invoca la aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Se dispone que el disco digital que contiene la audiencia de control de garantías celebrada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa CE/0010/2018, se maneje en sobre cerrado por separado, quedando bajo el resguardo de esta secretaría. DESECHAMIENTO En ese orden, analizada la demanda de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En la especie, analizada en su integridad la demanda de garantías que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado que esencialmente se atribuye al Juez de Control de la Sexta Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, se hace consistir en la determinación emitida por la citada autoridad judicial en la audiencia de control de garantías, celebrada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa CE/0010/2018, de su índice, en la que, la citada autoridad judicial denegó pronunciarse respecto al fondo de la solicitud planteada por el quejoso, en el sentido que se excluyera el dato de prueba consistente en la identificación por fotografía que obra en la carpeta de investigación 546/2017, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrita a la unidad General de investigación número 1, en Tampico, Tamaulipas. Al tenor de los actos antes planteados, esta Juzgadora advierte que en la especie es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, en su fracción V, de la Ley de Amparo, cita: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. (...) En ese orden, el primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. De los numerales transcritos, se observa que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, esto es, contra actos que no afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna, lo que en la especie acontece, pues el acto reclamado lo constituye una determinación en la que propiamente se denegó la petición del quejoso en el sentido de excluir un dato de prueba, ofrecido por la fiscalía en una carpeta de investigación formada en contra de su defenso, ello en razón a que el juez responsable, estimó que dicha solicitud debía realizarse mediante una audiencia ante el Juez de control y no a través de una audiencia de control de garantías, pues esta última, tiene por objeto analizar los actos emitidos por la Fiscalía antes de la judicialización correspondiente, sin embargo, la indagatoria 546/2017, se encuentra en etapa de investigación complementaria, cuyo plazo fue decretado en la carpeta administrativa CP 150/2017. En ese sentido, es inconcuso que se está en la presencia de una cuestión procesal, que no afecta inmediatamente al peticionario de amparo y, por ello, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Lo anterior, pues cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso que trascendieron al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero existe una serie de excepciones en las que procederá el juicio de amparo indirecto que señala el mismo numeral 107, fracción III, incisos b) y c), de la Carta Magna y que precisa el precepto 107, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, esto es, cuando se trate de actos en el procedimiento cuya ejecución sea de imposible reparación; lo que, se itera, en el caso no acontece. Ciertamente, los actos en juicio que tienen ejecución de imposible reparación son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos de la parte quejosa en los que sufra una perturbación, restricción o privación, respecto de los requisitos o formalidades establecidos como derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos en que se cumplan los requisitos que impone la Carta Magna, no así en aquéllos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Acorde a los razonamientos vertidos en los párrafos que preceden, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas ejecución de imposible reparación; pero en el caso, el acto que se reclama no reúne esas características, pues no tiene una ejecución irreparable, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internacionales en los que México es parte. En todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal, por lo cual, de llegar a ser el caso, podrá reclamarse al impugnarse esa resolución a través del juicio de amparo directo. En apoyo a lo anterior, se citan las jurisprudencias del Pleno del Máximo Tribunal del País, y de la entonces Tercera Sala de ese Alto Tribunal, publicadas en las páginas 678 y 673, respectivamente, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, intituladas: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", e "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL... Lo que denota mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que de manera legal se prevé que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De ahí que existen dos condiciones para la promoción del juicio de derechos fundamentales indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, se itera que el acto reclamado no es de imposible reparación, porque no lesiona derechos sustantivos protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, pues solo se trata de una eventual transgresión adjetiva que, en su caso, podría ser analizada en el amparo directo, de dictarse sentencia desfavorable contra la peticionaria del amparo. Ello es así, porque la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la negativa de exclusión de los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía, es reparable si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable, pues la trasgresión no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio y, si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría reclamarla a través del medio de impugnación ordinario o en su caso del juicio de amparo directo -sin prejuzgar sobre su procedencia-, que promueva contra dicha sentencia definitiva, inclusive cuestionando la no exclusión de pruebas, dado que los artículos 171 y 173 , apartado B, fracciones X, XVII y XIX, de la Ley de Amparo, establecen por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses de la parte quejosa y, por el otro dispuso, que en los juicios del orden penal, se consideraran violadas las leyes del procedimiento cuando no se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido. Aspecto último que se presenta en el caso a examen, pues si la quejoso se duele de la negativa de decretar la exclusión o nulidad de un dato de prueba, ello constituye una causa análoga a la referida en la fracción X en cita, relativa a que no se reciban las pruebas con arreglo a derecho. Ello es así, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las etapas del procedimiento penal son las siguientes: I. La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria (etapa en la que se encuentra el procedimiento penal seguido en contra del directamente quejoso); la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el Tribunal de Enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Así, conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la Obligación de las partes de darse a conocer entre ellas, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio; para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el Juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del código en consulta, deberá indicar: "Artículo 347. Auto de apertura a juicio ...El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado.". Bajo ese esquema, debe estimarse que la determinación adoptada por el juez responsable, en el que denegó la solicitud del promovente de amparo, no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertida la manifestación del defensor particular del quejoso, en el aspecto que el citado se encuentra privado de su libertad personal, pues como se expuso en párrafos precedentes, aún se encuentra en posibilidad de hacer valer la nulidad del dato de prueba que pretende al verificarse la audiencia intermedia dentro del proceso penal que se le instruye. Al respecto resulta aplicable la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, con el rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Consecuentemente resulta improcedente el amparo indirecto que se promueve, al no afectar materialmente los derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ello, en términos de lo dispuesto la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario; pues como se ha expuesto, se trata de una determinación meramente procesal, que sólo ocasiona que se acumule al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba, lo cual, afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse. Pues se reitera, si la ahora impetrante obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo, haciendo valer en su caso la negativa de desechamiento probatorio como violación procesal; pero además el artículo 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que procederá la reposición del procedimiento, cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación grave al debido proceso de cualquiera de las partes, de manera que mediante la interposición del recurso ordinario de que se habla, la aquí recurrente tiene la posibilidad de resarcir -de ser el caso- dicha violación en una instancia posterior, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtenga un fallo definitivo favorable. Por tanto, aun en el caso que se reclame afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional a derechos fundamentales, el acto aquí reclamado, no puede considerarse como de ejecución de imposible reparación, sino como violación de carácter adjetivo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio XI.P.14 P (10a.) del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, que se comparte, de la Décima Época, visible en la página 1844 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, con el rubro y texto: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL." En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por David Roberto Vilchis Aguilar, Defensor Particular del quejoso Juan de Dios Pazos Meabe y/o Juan de Dios Pazos Meave, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. AUTORIZACION EXPEDIENTE ELECTRONICO en relación con su solicitud de consulta del expediente electrónico; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al promovente para presentar promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el presente controvertido, de manera electrónica y bajo los lineamientos establecidos para tal efecto, bajo el usuario VILCHIS31 y correo electrónico justvilag@gmail.com. Asimismo, con fundamento en el artículo 3°, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los relativos del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al mediar solicitud expresa por parte del referido promovente, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban practicar en el presente juicio de amparo se realicen de manera electrónica, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que dichas notificaciones se practicarán siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo y el Acuerdo General que se cita, los cuales, en lo que interesa, establecen lo siguiente: 1. Las notificaciones electrónicas se tendrán por legalmente realizadas una vez que se acceda al expediente electrónico respectivo y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación automática de la constancia respectiva. 2. Es obligación de la parte interesada entrar al sistema e imponerse de las determinaciones, ya que en caso de no hacerlo, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de la actuación de que se trate, su notificación se tendrá por hecha. 3. La revocación de la solicitud de recibir notificaciones por vía electrónica podrá realizarse en cualquier momento, ya sea de manera impresa o electrónica; en el entendido de que la revocación que en su caso se presentara sólo surtirá efectos respecto de las determinaciones pendientes de ingresar al expediente electrónico respectivo, por lo que tratándose de los que ya se hubieren ingresado, su notificación se realizará como habían sido autorizados, esto es, por vía electrónica. Por último, con fundamento en el numeral 30, de la ley de la materia y el artículo 42, del referido Acuerdo General, se precisa al interesado que, en los casos que esta Juzgadora estime conveniente realizar determinada notificación de manera personal, la misma se ordenará en esos términos, con independencia de la autorización que le fue otorgada en este proveído, para que se le practiquen de manera electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que el o los delegados de la autoridad utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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