Juan de Dios Ortega Alcala

Expediente 753/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 40 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
753/2018
Año
2018
Actuaciones
40
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Juan de Dios Ortega Alcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la razón actuarial que antecede de la cual se advierte la imposibilidad de la Actuaria de la adscripción para llevar a cabo la notificación a la parte quejosa, respecto del auto dictado el veinte de octubre del año en curso, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado en autos fue informada de que los abogados que llevan el presente juicio ya no laboran en dicho domicilio. En consecuencia, se ordena notificar a la parte quejosa el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, y el presente auto, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de lista que se fija en un ligar visible de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTE DE OCTUBRE ACTUAL QUE CITA. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la resolución emitida por este Juzgado Federal el quince de junio de dos mil dieciocho, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para que la autoridad responsable cumpliera con lo siguiente: ".a) Desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, el Congreso del Estado de Morelos deberá dejar sin efectos el Decreto número dos mil cuatrocientos veintinueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el dos de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del noventa por cuento del último salario del ahora quejoso; y,--- b) En su lugar se dicte otro en el que, en acatamiento a la garantía de igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción I, inciso C) que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 58, fracción II, inciso A), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 100% (cien por ciento), del último salario de la parte quejosa.". En auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, mediante oficio recibido por este Juzgado el veinte de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de su Consejero Jurídico, remitió copia certificada del convenio realizado por las partes el veinticuatro de agosto del año en curso, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el cual se hizo entrega al aquí quejoso del título de crédito 0000008, por concepto de pago retroactivo de su pensión por jubilación; asimismo, se advierte el mismo fue aprobado y sancionado por estar formulado conforme a derecho, ordenando el archivo del asunto por carecer de materia para su continuación. Ante las circunstancias narradas, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que aconteció un cambio de situación jurídica, ya que el juicio de origen carece de materia para su continuación; en esa tesitura, , se declara que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento al fallo constitucional. Sirve de orientación a lo anterior, la tesis aislada 2a. LIX/2009, sustentada por la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, junio de 2009 página 317, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS PARTES CELEBRARON CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. Si de actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se ordenó la remisión de los autos del juicio de garantías a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las partes, mediante compromiso sancionado por la Junta respectiva, celebraron convenio dando por concluido el juicio laboral, no puede exigirse a la Junta responsable el cumplimiento en sus términos, de ahí que el incidente de inejecución de sentencia deba declararse sin materia atento a que se privilegia cualquier alternativa acordada por las partes para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial perseguido es que de alguna manera, incluso la convencional, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo; en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la resolución emitida por este Juzgado Federal el quince de junio de dos mil dieciocho, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para que la autoridad responsable cumpliera con lo siguiente: ".a) Desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, el Congreso del Estado de Morelos deberá dejar sin efectos el Decreto número dos mil cuatrocientos veintinueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el dos de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del noventa por cuento del último salario del ahora quejoso; y,--- b) En su lugar se dicte otro en el que, en acatamiento a la garantía de igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción I, inciso C) que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 58, fracción II, inciso A), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 100% (cien por ciento), del último salario de la parte quejosa.". En auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, mediante oficio recibido por este Juzgado el veinte de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de su Consejero Jurídico, remitió copia certificada del convenio realizado por las partes el veinticuatro de agosto del año en curso, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el cual se hizo entrega al aquí quejoso del título de crédito 0000008, por concepto de pago retroactivo de su pensión por jubilación; asimismo, se advierte el mismo fue aprobado y sancionado por estar formulado conforme a derecho, ordenando el archivo del asunto por carecer de materia para su continuación. Ante las circunstancias narradas, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que aconteció un cambio de situación jurídica, ya que el juicio de origen carece de materia para su continuación; en esa tesitura, , se declara que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento al fallo constitucional. Sirve de orientación a lo anterior, la tesis aislada 2a. LIX/2009, sustentada por la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, junio de 2009 página 317, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS PARTES CELEBRARON CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. Si de actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se ordenó la remisión de los autos del juicio de garantías a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las partes, mediante compromiso sancionado por la Junta respectiva, celebraron convenio dando por concluido el juicio laboral, no puede exigirse a la Junta responsable el cumplimiento en sus términos, de ahí que el incidente de inejecución de sentencia deba declararse sin materia atento a que se privilegia cualquier alternativa acordada por las partes para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial perseguido es que de alguna manera, incluso la convencional, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo; en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL AUTO DE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. agréguese a los autos el oficio signado por el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remite copia certificada del convenido celebrado el veinticuatro de agosto del año en curso, con el quejoso. Atento a lo anterior, con el oficio de cuenta con apoyo en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este Juzgado Federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. *C*

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