Juan de Dios García Suárez

Expediente 818/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 29 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
818/2015
Año
2015
Actuaciones
29
Última actuación
30/06/2016

Partes del expediente

  • Juan de Dios García Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de diez de junio del año en curso (fojas 180 a 184), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: *** En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Por otro lado, devuélvase a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, el duplicado de la causa penal 446/2010, que remitió como complemento a su informe justificado, el cual conforma el tomo I, relativo a pruebas. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente asunto, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias ahí decretadas; por lo que hace al duplicado del citado incidente, de conformidad con dicho Acuerdo General, procédase a su desintegración material en el término de seis meses.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos, la copia del oficio 1178/2016, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; del que se advierte que remitió el testimonio de la causa penal 446/2010, al Magistrado de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Monclova, ****, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Tercer Tribunal Unitario de Distrito en el Estado, con residencia en Monclova, Coahuila de Zaragoza. Actuarios adscritos al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Por los actos reclamados consistentes en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- de la autoridad señalada como ordenadora se reclama la negativa de mandar los autos del expediente 446/2010 al tribunal de alzada para la substanciación del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de septiembre del 2014, dicho recurso interpuesto en fecha 18 de septiembre del 2014, de la autoridad señalada como ejecutora le reclamo la omisión de las notificaciones a efecto de remitir los autos al tribunal de alzada..." Del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Dichos preceptos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobreventa alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior...". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal mencionada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: **** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: **** Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es de invocarse en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia número 59/99, propugnada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 193758, que dice: **** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: **** Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso concreto, como ya se mencionó anteriormente, el acto reclamado se hace consistir en la negativa de mandar los autos del expediente 446/2010 del índice Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el doce de septiembre de dos mil catorce. Ahora bien, del contenido de la copia del oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se desprende que remitió el testimonio de la causa penal 446/2010, al Magistrado de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, con motivo del recurso de apelación. En tales condiciones se aprecia con claridad, que ha cesado el acto reclamado, toda vez que de la copia del oficio 1178/2016, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que dicha autoridad remitió testimonio de la causa penal 446/2010, a la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, con motivo del recurso de apelación (foja 179), lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Atento a lo manifestado, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, lo que provocó la desaparición de la vida jurídica del acto omisivo que la parte quejosa tildó de inconstitucional y que reclamó en el presente juicio de amparo, toda vez que la autoridad responsable al remitir al tribunal de alzada el citado medio de impugnación, constituye una situación idéntica a la que habría existido de concederse la protección constitucional, actualizándose así la causal de improcedencia en mención, debido a que ninguna razón jurídica tendría conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, pues lo pretendido por éste, ya fue alcanzado con el propio actuar de la responsable, es decir, cesó el motivo del juicio, sin condición. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad responsable con su actuar restituyó en el pleno goce de sus garantías a la quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizando así la causa de improcedencia invocada. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: ***** En tales circunstancias, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. En apoyo de lo anterior es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos treinta y cinco, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: **** Por lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y de conformidad con el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo , requiérase a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe el estado procesal en que se encuentra la causa penal 446/2010; asimismo, si remitió el recurso de apelación interpuesto el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, contra la sentencia dictada el doce de septiembre de ese mismo año, al Tribunal de Alzada, información necesaria para llegar a la verdad de los hechos y resolver conforme a derecho el presente asunto; apercibida que de no hacerlo así dentro del término concedido para tal efecto, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación . Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciséis, para su celebración.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la tercera interesada ******, omitió cumplir con el requerimiento ordenado en auto de siete de abril de dos mil dieciséis (fojas 132 y 133), consistente en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, dentro del término que le fue concedido; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena efectuar la notificación del presente proveído y las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

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