Juan de Dios de la Fuente Flores
Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan de Dios de la Fuente Flores
Actuaciones
- Principal
Salina cruz, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Juan de Dios de la Fuente Flores, por propio derecho contra actos del Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial Región Costa, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad responsable: el auto de vinculación a proceso de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 122/2017, por la Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial Región Costa, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, específicamente el primer y segundo punto resolutivo, por medio del cual se me dicta auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, previsto y sancionado por los artículos 285, 299, 300, 301 fracciones II y IV, en relación con el numeral 302 y sancionado por el arábigo 291 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, así como todos los actos y consecuencias jurídicas que acarrea la pretendida y temerario auto de vinculación a proceso recurrido, mediante esta vía constitucional." Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 333/2018. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la determinación reclamada consiste en el auto de vinculación a proceso de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial Región Costa, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, dentro de la causa penal 122/2017, instruida en contra del aquí quejoso, quien bajo protesta de decir verdad manifestó que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Pochutla Oaxaca. En las condiciones expuestas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, que cuando se promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión y el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso. Atendiendo a lo que estableció la Primera Sala, este órgano jurisdiccional considera que en el caso concreto se actualiza la primera de las reglas que fijan la competencia a los jueces de Distrito para el conocimiento del asunto, pues se evidencia que el acto reclamado se hace consistir en el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 122/2017, del índice del Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial Región Costa, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, dictado en contra del quejoso Juan de Dios de la Fuente Flores, cuya ejecución material surte sus efectos en dicha localidad, no obstante que el quejoso se encuentre recluido en el Centro de Reinserción Social de Pochutla, Oaxaca, tal como lo manifestó en su escrito de demanda de garantías. De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para resolver este asunto. Esto es así, pues al permanecer el imputado a disposición del Juez de la causa en el centro de reclusión indicado, la ejecución material por regla general se establece, precisamente, en el lugar de residencia del Juez del proceso, que puede coincidir o no con la del centro de internamiento para la prisión preventiva. Ello, en atención a que los efectos jurídicos del auto de vinculación a proceso consisten en sujetar al imputado al procedimiento penal y dejarlo sometido a la potestad del Juez, quien determinará el procedimiento a seguir; así como, precisar los hechos y el delito por el que se ha de seguir el proceso; y finalmente, justificar la detención cautelar del procesado -prisión preventiva- pues de no quedar justificada en el término de ley, debe dejarse en libertad al indiciado. Por lo que, si acorde con la materialización del auto de vinculación dictado, el ahora solicitante de amparo queda bajo la potestad del juez que conoce de la causa penal de origen (Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial Región Costa, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca), en el lugar que se designó para ello (Centro de Reinserción Social de Pochutla Oaxaca), se estima que los actos reclamados producen efectos jurídicos en la jurisdicción del Juez de Distrito que tiene competencia en el lugar de residencia del Juez de la causa (Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec), pues si bien la ejecución material del auto de vinculación a proceso pudiera ocurrir simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes [el lugar donde se instruye la causa penal (Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca) y donde el inculpado está recluido (Centro de Reinserción Social de Pochutla Oaxaca)]; lo cierto es que, atendiendo a la naturaleza de los actos combatidos, sus efectos se trasladan directamente al proceso y, es ahí, donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa ante quien el ahora quejoso está sometido, toda vez que los efectos del mismo implican, entre otros, que el imputado continúe a disposición del Juez de Control. Además, no debe perderse de vista que tratándose de actos de naturaleza como el que se combate por esta vía (auto de vinculación a proceso), será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que resida la autoridad responsable, luego, si en el caso particular el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial Región Costa, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue quien decretó el auto de vinculación a proceso al hoy quejoso, y la residencia de dicha autoridad (Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca), corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, entonces este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Por analogía jurídica apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dos mil ciento ochenta y tres, Tomo 3, Libro III, Diciembre de dos mil once, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 160608, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". De igual forma resulta ilustrativa la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En las relatadas condiciones, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, declara carecer de competencia legal para resolver este juicio de amparo y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, así como las cuatro copias simples que se exhibieron de la misma, y, solicítese al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Déjese copia certificada de la demanda de garantías en sustitución de la original. Ahora, como la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", indíquesele que como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Edgar Iván Guerrero Valle. Se ordena formar el cuaderno de antecedentes relativo, así como realizarse las anotaciones respectivas. Notifíquese por lista al quejoso. IV-A P
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