Juan de Dios Davila Vidalflores
Expediente 1451/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1451/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan de Dios Davila Vidalflores
- Karla Cecilia Marin Duran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el catorce de octubre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c), del Acuerdo antes citado; por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte final del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente asunto, y de la revisión de autos, se advierte que la parte quejosa JUAN DE DIOS DÁVILA VIDALFLORES, reclamó del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad responsable, la omisión de dar trámite a la solicitud de cambio de custodia de su menor hija, instada ante la juez responsable, en autos del juicio 373/2021 de su índice, reiterada mediante escrito de fecha doce de julio del año en curso, así como la omisión de parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de colaborar con la defensa y protección de los derechos de su menor hija. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad judicial de proveer lo conducente al trámite del cambio de guarda y custodia instado en autos del juicio 373/2021 de su índice, lo que incluso fue reiterado mediante escrito presentado por el quejoso de fecha doce de julio del año en curso ante la misma, así como la omisión de parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de colaborar con la defensa y protección de los derechos de su menor hija. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Jueza Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Juez responsable dictó un proveído donde acordó, diversos memoriales de las partes en el procedimiento de origen, entre éstos, los escritos de Karla Cecilia Marín Durán, con el que dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y acordó lo conducente a diversas ofrecidas por la última nombrada; de igual forma, convocó a las partes en el controvertido de origen, a una audiencia fijada para el seis de octubre del año en curso; de igual forma, proveyó lo conducente a dos escritos del ahora quejoso, entre ellos, el memorial de doce de julio de dos mil veintiuno, en el que solicitó se declare a su favor la custodia de su mejor hija, y la responsable resolvió no acceder a su solicitud, toda vez que la custodia de dicha menor ya se había fijado en los términos sentenciados en el expediente 183/2018, del índice de dicho Juzgado, relativo al Procedimiento Especial de Divorcios sin Causales, aunado a que la acción principal del expediente 373/2021, es precisamente la custodia de la menor, por lo que la misma se resolverá en la sentencia que se dicte en el momento procesal oportuno. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó un proveído donde dio trámite a las diversas solicitudes y memoriales presentados por las partes dentro del juicio 373/2021, incluido el escrito de la parte quejosa de fecha doce de julio del año en curso, con lo que reactivó el procedimiento de origen, acordando diversas actuaciones en éste, a fin de integrarlo y estar en aptitud de resolver la Litis principal, que lo constituye el cambio de custodia de la menor de iniciales S.D.D.M., de tal forma que la paralización reclamada cesó, quedando las cosas al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar las actuaciones conducentes en el procedimiento 373/2021, referidas en el escrito del quejoso de doce de julio del año en curso, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable dio respuesta al escrito del quejoso en el aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Ahora bien, por cuanto al acto reclamado a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, consistente en la falta de colaboración y participación para el auxilio de las labores del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.)" Como se ha dicho, de las constancias que la Jueza Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, se desprende que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Juez responsable dictó un proveído donde acordó diversos memoriales de las partes en el procedimiento de origen; aunado a ello, de dichas documentales se aprecia que no existe solicitud o intervención dentro del procedimiento de origen que se encuentre pendiente de atender por parte de la Procuraduría responsable, por lo que por no puede decirse que ha sido omisa en su actuación, siendo que en dicho procedimiento no le ha sido formulada solicitud o requerimiento alguno que éste se encuentre pendiente de cumplimentar, por lo que al no probar dicho extremo la parte quejosa, y advertirse fehacientemente dicha circunstancias de las documentales que obran en autos, debe decirse que es inexistente el acto a ella reclamado. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó como ya se señaló, en que no se formuló solicitud o intervención dentro del procedimiento de origen respecto de la Procuraduría referida, y que se encuentre pendiente de atender o cumplimentar, por lo que, debe decirse que es inexistente el acto a ella reclamado. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la omisión reclamada, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste. En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto u omisión reclamada deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuarla, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por el Juez responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que la responsable, exhibió copia certificada de las constancias que integran el controvertido de origen, de las cuales se advierte la inexistencia de la omisión reclamada. Todo lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causales de sobreseimiento que se actualizaron, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente asunto, y de la revisión de autos, se advierte que la parte quejosa JUAN DE DIOS DÁVILA VIDALFLORES, reclamó del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad responsable, la omisión de dar trámite a la solicitud de cambio de custodia de su menor hija, instada ante la juez responsable, en autos del juicio 373/2021 de su índice, reiterada mediante escrito de fecha doce de julio del año en curso, así como la omisión de parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de colaborar con la defensa y protección de los derechos de su menor hija. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad judicial de proveer lo conducente al trámite del cambio de guarda y custodia instado en autos del juicio 373/2021 de su índice, lo que incluso fue reiterado mediante escrito presentado por el quejoso de fecha doce de julio del año en curso ante la misma, así como la omisión de parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de colaborar con la defensa y protección de los derechos de su menor hija. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Jueza Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Juez responsable dictó un proveído donde acordó, diversos memoriales de las partes en el procedimiento de origen, entre éstos, los escritos de Karla Cecilia Marín Durán, con el que dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y acordó lo conducente a diversas ofrecidas por la última nombrada; de igual forma, convocó a las partes en el controvertido de origen, a una audiencia fijada para el seis de octubre del año en curso; de igual forma, proveyó lo conducente a dos escritos del ahora quejoso, entre ellos, el memorial de doce de julio de dos mil veintiuno, en el que solicitó se declare a su favor la custodia de su mejor hija, y la responsable resolvió no acceder a su solicitud, toda vez que la custodia de dicha menor ya se había fijado en los términos sentenciados en el expediente 183/2018, del índice de dicho Juzgado, relativo al Procedimiento Especial de Divorcios sin Causales, aunado a que la acción principal del expediente 373/2021, es precisamente la custodia de la menor, por lo que la misma se resolverá en la sentencia que se dicte en el momento procesal oportuno. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó un proveído donde dio trámite a las diversas solicitudes y memoriales presentados por las partes dentro del juicio 373/2021, incluido el escrito de la parte quejosa de fecha doce de julio del año en curso, con lo que reactivó el procedimiento de origen, acordando diversas actuaciones en éste, a fin de integrarlo y estar en aptitud de resolver la Litis principal, que lo constituye el cambio de custodia de la menor de iniciales S.D.D.M., de tal forma que la paralización reclamada cesó, quedando las cosas al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar las actuaciones conducentes en el procedimiento 373/2021, referidas en el escrito del quejoso de doce de julio del año en curso, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable dio respuesta al escrito del quejoso en el aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Ahora bien, por cuanto al acto reclamado a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, consistente en la falta de colaboración y participación para el auxilio de las labores del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.)" Como se ha dicho, de las constancias que la Jueza Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, se desprende que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Juez responsable dictó un proveído donde acordó diversos memoriales de las partes en el procedimiento de origen; aunado a ello, de dichas documentales se aprecia que no existe solicitud o intervención dentro del procedimiento de origen que se encuentre pendiente de atender por parte de la Procuraduría responsable, por lo que por no puede decirse que ha sido omisa en su actuación, siendo que en dicho procedimiento no le ha sido formulada solicitud o requerimiento alguno que éste se encuentre pendiente de cumplimentar, por lo que al no probar dicho extremo la parte quejosa, y advertirse fehacientemente dicha circunstancias de las documentales que obran en autos, debe decirse que es inexistente el acto a ella reclamado. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó como ya se señaló, en que no se formuló solicitud o intervención dentro del procedimiento de origen respecto de la Procuraduría referida, y que se encuentre pendiente de atender o cumplimentar, por lo que, debe decirse que es inexistente el acto a ella reclamado. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la omisión reclamada, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste. En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto u omisión reclamada deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuarla, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por el Juez responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que la responsable, exhibió copia certificada de las constancias que integran el controvertido de origen, de las cuales se advierte la inexistencia de la omisión reclamada. Todo lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causales de sobreseimiento que se actualizaron, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a la tercero interesada KARLA CECILIA MARÍN DURAN en acuerdo de veinte de los corrientes, de los informes justificados rendidos por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán y de la Jueza Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, mismo que le fue notificado el veinticuatro de septiembre en curso. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.AGC*
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Juan Daniel Soto Gomez1422/2021
- Juan David Cabrera Rosado700/2017
- Juan de Dios Cauich Xulub1023/2020
- Juan de Dios Cauich Xuluc55/2019
- Juan de Dios Chi Tzab726/2017
- Juan de Dios Davila Vidaflores578/2022
- Juan de Dios López Vázquez2716/2022
- Juan de Dios Magaña Mata2421/2022
- Juan de Dios Magaña Mata1034/2023
- Juan de Dios Vallejos Sanchez1945/2021
- Juan Diego Baas Ruiz1352/2017
- Juan Diego Baas Ruiz850/2021