Juan de Dios Concha Baz

Expediente 1301/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1301/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/12/2023

Partes del expediente

  • Juan de Dios Concha Baz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1301/2023, promovido por ********************, contra actos de la Juez y Secretaria Actuaria adscritas al Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ostentándose tercero extraño auténtico en el juicio ejecutivo mercantil ***/*** del índice del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; reclama la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ***; y su ejecución efectuada el seis de noviembre de la presente anualidad. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos; finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso acredita indiciariamente su interés para efectos de la suspensión, con el contrato de arrendamiento respecto del inmueble que defiende en esta instancia. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Más allá de que el acto reclamado se ejecutó mediante diligencia de seis de noviembre del año en curso, es improcedente otorgar la suspensión, pues a criterio de este órgano no se satisface lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, respecto de la posibilidad jurídica de restitución. Para determinar la procedencia de la medida cautelar constitucional, deben estar satisfechos los requisitos legales que la rigen, como son: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) la no afectación al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, que dispone: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En el caso, es inviable conceder la medida cautelar solicitada, ya que de hacerlo se contravendría el artículo 147 de la Ley de Amparo, pues no existe posibilidad jurídica de restitución. Se afirma lo anterior, pues en caso de otorgarla, ello implicaría obligar a la Juez responsable a emitir un pronunciamiento a través del cual ordenara a la Actuaria de su adscripción la reintegración al quejoso en la posesión del inmueble que defiende en esta instancia; lo cual, generaría nuevos actos y una diligencia con una materialización autónoma en contra de la persona que hasta este momento actuó y venció en el juicio; por lo que, tiene un derecho reconocido a través de la sentencia definitiva y su ejecución como parte del derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Se cita al respecto la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Constitucional, con registro digital 2015591, que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Esa circunstancia implicaría nulificar los efectos generados por la orden de lanzamiento y su ejecución efectuada el seis de noviembre del año en curso, en detrimento de la vencedora del juicio. Siendo así, es criterio del suscrito que la eventual restitución provisional de los derechos podría no ser retrotraída en el caso de que la acción de amparo fuera infructífera, porque habría implicado la emisión de un acto en un sentido totalmente distinto al combatido y ejecutado; y que subsistirían con autonomía de lo reclamado. Conforme a ello, se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.); esto es, la emisión de una orden que iría más allá del contexto en que se dieron los actos reclamados, nulificando materialmente una diligencia producto de un proceso concluido. En efecto, de las constancias allegadas en copia certificada de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en el juicio de origen, el veintiséis de septiembre del año en curso se emitió una orden de lanzamiento respecto del inmueble defendido por el peticionario de amparo. Dicha encomienda se materializó el seis de noviembre siguiente; diligencia donde la fedataria puso en posesión de dicho predio a la mandataria judicial de la adjudicataria en el juicio natural; y si bien ahí estuvo presente el quejoso, según lo asentado, él mismo indicó carecer de elementos para probar la propiedad o posesión del bien, lo cual es un reconocimiento sobre su propia situación legal, lo cual se valora en términos del artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo cual, si se concediera la media cautelar, ello implicaría ordenar a la Juez responsable emitir un pronunciamiento dentro del juicio del que deriva el reclamo, para reintegrar al quejoso en la posesión del inmueble que pretende defender en esta instancia, lo que jurídicamente resulta inviable, pues de no resultarle favorable la sentencia que se dicte para resolver el fondo del asunto, no habría manera de nulificar los nuevos actos creados por la medida, ya que la sentencia de amparo (desestimatoria por negar o sobreseer) no puede tener por efecto dejar insubsistentes actos que no fueron combatidos y que surgirían con posteridad a la presentación de la demanda constitucional. Dicho de otro modo, habría nuevos actos autónomos a los que se reclaman y que no se retrotraerían en caso de obtener un fallo constitucional desfavorable. Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2026730, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por lo expuesto, a criterio del suscrito no se surten las condiciones jurídicas a que se refiere la jurisprudencia 1/J.21/2016 (10a.) con número de registro 2011829, intitulada: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL.", ya que el análisis preliminar del asunto, como ya explicó, revela que una protección anticipada implicaría suprimir y/o restringir las prerrogativas obtenidas por la vencedora y ejecutante, lo cual está vedado por el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de la necesidad de crear nuevas situaciones jurídicas a fin de lograr la restitución pretendida lo cual, como ya se indicó, está limitado por la Jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.). Sin que sea óbice a lo anterior, que el quejoso señale que es una persona adulta mayor, y pertenece a un grupo vulnerable, y en su apoyo cite diversos criterios, a saber: Tesis aislada XVII.2o.P.A.30 A (11a.), de la Undécima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital 2027283, intitulada: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A UN ADULTO MAYOR CUANDO ACREDITA POR SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE DE CONSUMARSE EL ACTO RECLAMADO SE LE GENERARÍA MAYOR AFECTACIÓN A SU INTERÉS QUE AL DE LA SOCIEDAD." Tesis aislada 1.3o.C.31 C (11a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materias Constitucional, con registro digital 2026041, de rubro: "ADULTOS MAYORES. LA POSIBLE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A QUE ESTÁN EXPUESTOS, NO PERMITE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, SON PRETEXTO DE INSTRUMENTAR AJUSTES RAZONABLES PORQUE, DE HACERLO, LESIONARÍAN DESPROPORCIONADAMENTE LOS DERECHOS DE LAS OTRAS PARTES, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL." Tesis aislada 1.3o.C.7 K (11a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materias Constitucional, con registro digital 2025548, intitulada: "PERSONAS ADULTAS MAYORES. ANTE SU SITUACIÓN DE AUTONOMÍA REGRESIVA, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN SALVAGUARDAR EN FORMA REFORZADA LA EJECUTABILIDAD DE SUS DERECHOS." Tesis aislada 11.2o.C.10 C (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con registro digital 2020823, de rubro: "ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD. AL PERTENECER A UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)." Jurisprudencia 7.4o.P.T. J/4 (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito, con registro digital 2007244, intitulada: "ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS." Dichos criterios aluden a las personas adultas mayores, en diversos supuestos sobre: posibilidad de suspender el acto reclamado cuando su consumación puede causar mayor afectación a su interés que al de la sociedad; presupuestos procesales en el procedimiento de liquidación; forma de salvaguardar la ejecutabilidad de sus derechos; suplencia de la deficiencia de la queja; y consideraciones especiales en procesos penales. En ese sentido, no generan algún beneficio a favor del quejoso, pues su contenido es diverso al contexto bajo el cual se niega la medida suspensional; al enfatizarse en una situación de vulnerabilidad, sin que la edad por sí misma, lo sea. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al juzgar asuntos donde estén involucradas personas adultas mayores, se impone un deber jurisdiccional de conciliar los principios de autonomía personal y de protección. Ello debiendo prestar un cuidado específico a los actos que pongan en riesgo su dignidad humana, especialmente a la vulneración de aquellos derechos más susceptibles durante la edad avanzada, como el derecho al mínimo vital, a la seguridad social y a un recurso judicial efectivo, y según las características que determinan esta etapa como las condiciones de salud y la existencia de redes de apoyo; así como de la intersección con otros factores como la condición socioeconómica, el género, la religión o el grupo étnico de pertenencia. Dicho criterio se plasmó en la jurisprudencia 1a./J. 127/2023 (11a.) emitida por la Sala aludida, con registro digital 2027326, que dice: "PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS APLICABLE A LAS PERSONAS MAYORES. Hechos: Un adulto mayor demandó a una institución bancaria la reintegración de los recursos que habían sido depositados a su cuenta de ahorro para el retiro, luego de que el banco del que era cuentahabiente realizara una disposición con base en una deuda derivada de un contrato de apertura de crédito. El Juez del conocimiento absolvió a la demandada al considerar que había actuado conforme a las cláusulas acordadas por las partes. El actor promovió juicio de amparo directo en el que alegó que la resolución reclamada vulneraba el derecho al salario y a contar con un mínimo vital para una vida digna. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo porque estimó que no se afectaba el derecho al salario en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la necesidad de adoptar una perspectiva de derechos humanos aplicada a las personas mayores consistente en un sistema de reglas y principios que reconozca a la edad avanzada como una condición que puede generar discapacidad y dependencia, en la que las personas mayores podrían no tener acceso al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población. Al respecto, si bien el ser una persona mayor no es sinónimo de ser vulnerable, resulta innegable que dentro de este grupo existen personas con una multiplicidad de circunstancias de vida que podrían ameritar una protección jurídica especial. Esta perspectiva de derechos humanos de la persona mayor implica un deber jurisdiccional de conciliar los principios de autonomía personal y de protección al prestar un cuidado específico a los actos que pongan en riesgo su dignidad humana, especialmente a la vulneración de aquellos derechos más susceptibles durante la edad avanzada, como el derecho al mínimo vital, a la seguridad social y a un recurso judicial efectivo, y según las características que determinan esta etapa como las condiciones de salud y la existencia de redes de apoyo; así como de la intersección con otros factores como la condición socioeconómica, el género, la religión o el grupo étnico de pertenencia. Justificación: Esta perspectiva de persona mayor deriva de la interpretación de las obligaciones adoptadas por el Estado Mexicano acerca de la tutela especial que podrían requerir las personas de edad avanzada en situación de vulnerabilidad, conforme a los artículos 1o. constitucional, 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues existe una demanda enfatizada de inclusión a fin de que las personas mayores puedan tener acceso a los servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía y dignidad." En ese sentido, la sola manifestación del quejoso de pertenecer a un grupo vulnerable atendiendo a su edad, no puede considerarse como un factor que implique realizar un análisis en sentido distinto, ante la ausencia de intersección con los demás factores referidos en la jurisprudencia mencionada; esto es, a criterio del suscrito, siendo solo la edad lo invocado por el quejoso en su defensa, no es posible darle un tratamiento diverso a su causa, pues el factor cronológico por sí solo, no es sinónimo de vulnerabilidad. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. CXXXIV/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2011524, que dice: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." Por lo anterior, lo conducente es negar la medida suspensional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************, contra actos de la Juez y Secretaria Actuaria adscritas al Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO) SE TIENE POR EMPLAZADA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERA INTERESADA DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE NO HABER ACUDIDO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO SU APODERADO Y/O REPRESENTANTE, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO; POR LO QUE, QUEDA A SU DISPOSICIÓN EL TRASLADO CORRESPONDIENTE Y SE LE NOTIFICAN POR MEDIO DE LISTA LOS PROVEÍDOS DE QUINCE DE DICIEMBRE Y DIECISÉIS DE NOVIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTITRÉS, LOS CUALES EN SÍNTESIS DICEN: PROVEÍDO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Agréguense a los autos los informes justificados del Juez y Actuaria responsables; en atención a su contenido, se acuerda: téngase por rendidos y dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde al estado procesal de autos, fórmense el cuaderno auxiliar I y II, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, el dieciséis de noviembre de este año, se reservó la designación de la parte tercera interesa hasta en tanto el juez responsable informara las partes en el juicio de origen, lo cual ya aconteció; con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y vistas las constancias del juicio de origen, se tiene como terceros interesados a ... y .... Por lo que hace a la moral ..., se le deberá emplazar en el domicilio ubicado en .... se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario lleva a cabo la diligencia de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por otro lado, agréguese el escrito de ..., personalidad que se le reconoce en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, y atento a su contenido se provee: Se tiene por apersonado al presente juicio constitucional, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que señala. Asimismo, se tiene por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos con las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Por lo que hace a su solicitud de apercibir y multar al quejoso en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo para no seguir instaurando juicios, dígasele que este órgano jurisdiccional no puede coartar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, acorde al principio de instancia de parte agraviada, que rige el juicio de amparo. Máxime que el artículo con el que funda su petición únicamente refiere que se le impondrá multa de treinta a trescientos días a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique. Ahora bien, se desestima su petición de dar vista al Ministerio Público de la adscripción, pues en el auto admisorio de la demanda se dio la intervención correspondiente a la representación social federal; en ese sentido, si considera que la parte quejosa ha incurrido en algún ilícito, tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad competente. Apoya lo antes expuesto, la tesis jurisprudencial sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1298, de rubro: "VISTA AL REPRESENTANTE SOCIAL FEDERAL CON LA CONDUCTA PROCESAL DE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. ES FACULTAD DEL TRIBUNAL DE AMPARO ORDENARLA O NO." Sin que sea necesario ordenar su emplazamiento por lo acordado en párrafos anteriores. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA MORAL TERCERA INTERESADA." PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Vista la demanda que promueve ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Secretaria Actuaria adscritos al Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 1301/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en los preceptos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que habrán de rendir cumpliendo con lo prescrito en los dispositivos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberán anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 260 ambos de la Ley invocada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al arábigo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. Previo a determinar lo que corresponda, a fin de contar con los elementos suficientes para resolver lo relativo a la suspensión provisional, se requiere: Al Juez responsable, que remita copias certificadas de lo siguiente: Orden de lanzamiento emitida en el juicio 36/2015 de su índice, respecto del inmueble ubicado en calle Perugino número 15, departamento 404, colonia Extremadura Insurgentes, código postal 03740, alcaldía Benito Juárez, en esta ciudad. En caso de que dicha orden se haya materializado, acompañe la diligencia donde ello ocurrió. Información que servirá para determinar la procedencia; de ser el caso, el alcance y/o requisitos de efectividad; así como la garantía para que surta efectos a suspensión solicitada. Se informa a la autoridad que deberá atender este requerimiento en el plazo de veinticuatro horas, legalmente computadas, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a hacer efectiva la medida con la que se le conminó en el capítulo anterior. IV. De los terceros interesados. No obstante el quejoso señale quien a su consideración pudiera tener el carácter de terceros interesados, se reserva su designación hasta en tanto se cuente con constancias que permitan verificar su posición frente al proceso natural Para ello, se requiere al Juez responsable que en el mismo plazo señalado en el capitulo anterior, informe lo siguiente: - Quiénes son las partes en el juicio 36/2015 de su índice y sus domicilios. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VII. De las Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, que describe en el escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Por lo que respecta a la prueba testimonial anunciada, se reserva proveer lo conducente hasta que este órgano cuente con las constancias del juicio de origen, pues son necesarias para calificar la idoneidad y pertinencia de dicha probanza. VIII. Domicilio y Autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para la consulta del expediente El correo y número telefónico que refiere el quejoso únicamente serán considerados para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General citado NOTIFÍQUESE Y EN SU MOMENTO PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA."

  3. Principal

    Agréguense a los autos los informes justificados del Juez y Actuaria responsables; en atención a su contenido, se acuerda: téngase por rendidos y dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde al estado procesal de autos, fórmense el cuaderno auxiliar I y II, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, el dieciséis de noviembre de este año, se reservó la designación de la parte tercera interesa hasta en tanto el juez responsable informara las partes en el juicio de origen, lo cual ya aconteció; con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y vistas las constancias del juicio de origen, se tiene como terceros interesados a ... y .... Por lo que hace a la moral ..., se le deberá emplazar en el domicilio ubicado en .... se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario lleva a cabo la diligencia de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por otro lado, agréguese el escrito de ..., personalidad que se le reconoce en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, y atento a su contenido se provee: Se tiene por apersonado al presente juicio constitucional, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que señala. Asimismo, se tiene por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos con las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Por lo que hace a su solicitud de apercibir y multar al quejoso en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo para no seguir instaurando juicios, dígasele que este órgano jurisdiccional no puede coartar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, acorde al principio de instancia de parte agraviada, que rige el juicio de amparo. Máxime que el artículo con el que funda su petición únicamente refiere que se le impondrá multa de treinta a trescientos días a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique. Ahora bien, se desestima su petición de dar vista al Ministerio Público de la adscripción, pues en el auto admisorio de la demanda se dio la intervención correspondiente a la representación social federal; en ese sentido, si considera que la parte quejosa ha incurrido en algún ilícito, tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad competente. Apoya lo antes expuesto, la tesis jurisprudencial sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1298, de rubro: "VISTA AL REPRESENTANTE SOCIAL FEDERAL CON LA CONDUCTA PROCESAL DE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. ES FACULTAD DEL TRIBUNAL DE AMPARO ORDENARLA O NO." Sin que sea necesario ordenar su emplazamiento por lo acordado en párrafos anteriores. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA MORAL TERCERA INTERESADA.

  4. Incidental

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro orden, agréguense los comunicados del Juez y Actuario responsables, mediante los cuales de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, rinden su INFORME PREVIO, en los términos que precisan. NOTIFÍQUESE.

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