Juan de Dios Bautista Velasco

Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
527/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juan de Dios Bautista Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que concede a las partes el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse del contenido del informe justificado, rendido por la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, en su carácter de autoridad responsable. DIFERIMIENTO En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    VISTOS los autos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 527/2023 promovido por ... ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo, las responsables, la 1) Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro y el 2) Servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, negaron los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna que desvirtuara tal negativa. Es aplicable, la jurisprudencia doscientos ochenta y seis, consultable en la página doscientos treinta y siete, quinta época, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, con el rubro y texto siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existe pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Ahora, al rendir su informe previo la 3) Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, informó que el dieciséis de mayo del año en curso, se llevó a cabo la diligencia de ratificación de solicitud de cónyuges y continuación de la diligencia de separación de cónyuges, y que las determinaciones dictadas fueron de propia y expresa voluntad de las partes RODE LISANIA ROMERO FRANCO y JUAN DE DIOS BAUTISTA VELASCO, en virtud de que ambos llegaron a convenio, en donde ambas partes de común acuerdo pactaron las clausulas manifestando su expresa voluntad y especificando en su cláusula segunda que no se encontraban intimidados, presionados o amenazados para formular el mismo, de igual manera, en su cláusula sexta refirieron que no existía dolo o mala fe por ninguno de ellos, por lo que, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado consistente en la diligencia de separación de cónyuges de mayo de dos mil veintitrés. Asimismo, que en la citada diligencia, el quejoso en ningún momento solicitó se le designara defensor público, precisando que aun cuando la parte actora estaba asesorada por la defensora pública en ningún momento intervino en dicha audiencia. En consecuencia, únicamente aprobó de manera provisional dicho convenio y concedió a la actora el término de quince días para que promoviera su demanda tal y como lo dispone el artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Finalmente, manifiesta que en relación a los hechos ocurridos en la segunda diligencia, ordenó dar vista a la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación por la comisión de hechos que configuren algún delito en agravio de las funcionarias públicas intervinientes en la diligencia y quienes fueron objeto de hechos violentos. Por otra parte, la 4) Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Sexto Familiar, en su carácter de autoridad ejecutora, al rendir su informe previo aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados, lo que se apoya con lo informado por la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y por lo tanto se tienen por existentes los actos reclamados. TERCERO. Estudio de la medida cautelar. NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR CUANTO HACE A LA EMISIÓN. Por lo que hace a la EMISIÓN de la resolución reclamada que deriva de la diligencia de la que se duele, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, toda vez que dichos actos se encuentran consumados para los efectos de la suspensión. Se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica la tesis I.3o.C.35 K, registro 186408, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página 1413, que dice: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aún no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado." De igual forma, la jurisprudencia número 1090, visible en la página 756, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder las suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR POR CUANTO HACE A LA EJECUCIÓN. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se proceda a la ejecución del convenio provisional hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el presente asunto. Por lo que, respecto al contenido del convenio celebrado por el quejoso y su cónyuge ... se advierte que en la cláusula Tercera del mismo, fue acordada una pensión alimenticia del cuarenta por ciento del sueldo del aquí quejoso, en forma provisional a favor de la subsistencia de las menores de identidad reservada ... Asimismo, el artículo 128 de la Ley de Amparo, exige como requisitos para la concesión de la suspensión de los actos reclamados, los siguientes: a) Que la solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, por lo que hace a los efectos solicitados por el quejoso, y previo a lo informado por la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, por no reunirse todos los requisitos de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que exigen para la concesión de la suspensión, ello pues la fracción IX, del artículo 129 de dicha legislación, contempla como un supuesto de perjuicio al interés social o contravención al orden público, que con la concesión de la medida se impida el pago de alimentos. En la hipótesis a estudio, los efectos y consecuencias de la suspensión solicitada están vinculados con la obligación de pago de alimentos respecto de los cuales el quejoso Juan de Dios Bautista Velasco es deudor; por tanto, debe cuidarse la subsistencia de la parte acreedora alimentista, en razón del beneficio que otorga la norma a la colectividad que está en este supuesto, evitando deje de cubrir sus necesidades básicas diarias. Bajo ese esquema, tomando en consideración que se trata de actos dictados dentro de un procedimiento judicial y además se trata de un asunto relacionado con el pago de alimentos, los cuales son de orden público y de interés social, de modo que en caso de concederse la suspensión provisional, se obstaculizaría el pago de la pensión provisional en el expediente de origen, poniendo en riesgo la subsistencia del acreedor alimentario. En ese sentido, la paralización del acto de autoridad controvertido, esto es, la ejecución del convenio celebrado por el quejoso y su cónyuge ...implicaría suspender el pago de los alimentos, con lo cual se impediría a las acreedoras alimentarias recibir la protección necesaria para su subsistencia, tomando en consideración que la institución de los alimentos, se consume de momento a momento, arrojando con ello la premisa de necesidad inmediata que no puede ni debe ser suspendida por motivo alguno que la supere. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 142, visible en la páginas 236 y 237, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, al Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, cuyo rubro es: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE.- Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." De igual forma, apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 56/2015 (10a.), registro 2010137, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II , página 1594, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir". VIGENCIA MEDIDA CAUTELAR Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, estará vigente hasta en tanto se notifique a las responsables la ejecutoria que se dicte en el juicio principal, de donde emana este incidente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito de lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a... la suspensión definitiva que solicitó de los actos y las autoridades precisados en los considerandos primero, tercero y cuarto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro. Dese vista a las partes con el referido informe por un término de ocho días para que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro. Dese vista a las partes con el referido informe por un término de ocho días para que se impongan de su contenido. Comunicaciones no procesales. Se le tiene señalando el correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Por otra parte, se le tiene adhiriendo a la documental pública que en su momento exhiba la Juez Sexto Familiar del Centro, respecto al expediente familiar 190/2023; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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