Juan de Dios Avilés Pérez

Expediente 1211/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1211/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Juan de Dios Avilés Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 1211/2021-IX, promovido por Juan de Dios Avilés Pérez; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, téngase a la autoridad en cita cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral antes citado, en relación a las documentales que adjuntó a su informe de cuenta. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, que el término de quince días otorgado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que rindiera su informe justificado, feneció el día veinte de octubre de dos mil veintiuno (acuse foja 7); por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor, procede tenerse por ciertos los actos que se le reclaman. Sin embargo, para resolver el presente asunto es necesario analizar las constancias en que la citada autoridad se apoyó para emitir sus actos presuntivamente ciertos; en consecuencia, con fundamento en el numeral 75 de la citada legislación, requiérase a la autoridad antes mencionada para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral número 270/E06/2020; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada en relación a esa unidad, en la referida publicación de veintiocho del indicado mes y año. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto, para resolver el juicio de amparo 306/2021-IV promovido Tesilimi Olufemi Sansui contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno, ante este Juzgado Federal, Tesilimi Olufemi Sansui promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad. ACTO RECLAMADO: "La inexacta aplicación de los Arts. 14, 16 y 17 constitucionales y los Arts. 880 fracción IV y demás e la Ley Federal de Trabajo vigente y se reclaman de la responsable la de omisión de expedir el acuerdo de admisión de pruebas que debió recaer a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada en fecha 06 de marzo de 2019, dentro del Juicio Ordinario Laboral contenido en el expediente administrativo laboral número 145/E06/2018 radicado ante la señalada como autoridad responsable, no dejando pasar por alto al expedir dicho acuerdo lo establecido en el Art. 883 de la Ley Federal del Trabajo a fin de no seguir violentando el estado de derecho del suscrito e incurrir en las omisiones a la ley que se han venido desarrollando. " (Sic). Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. En auto de doce de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 306/2021-IV; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable de calificar y admitir las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente administrativo laboral 145/E06/2018. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación al caso, por contener razonamientos aplicables, la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informan, la tesis aislada número P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, correspondiente al mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, omitió en rendir su informe justificado en el plazo de quince días otorgado para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra en foja diecinueve, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las documentales que exhibió a su oficio 1659/2021, pues de ellas se desprende que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el treinta y uno de agosto del presente año, dictó el proveído en el calificó y señaló fecha y hora para el desahogo de las pruebas admitidas en el expediente laboral 145/E06/2018. A las documentales de referencia se le atribuye pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, se estima que se actualiza el supuesto de la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.]" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así es, el peticionario del amparo en su escrito inicial de demanda atribuyó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, la omisión de emitir el acuerdo donde se califiquen y admitan las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 145/E06/2018. En relación con a esto, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que dentro del juicio laboral de origen 145/E06/2018, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la junta responsable, califico y admitió las pruebas ofrecidas por las partes, señalando fecha y hora para el desahogo de las pruebas admitidas. De lo narrado, se desprende que a Tesilimi Olufemi Sanusi se le restituyó en el goce de los derechos que dijo le fueron transgredidos; esto es, cambió la situación de incertidumbre en que se encontraba, pues la autoridad calificó y admitió las pruebas, además, señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que no solo se revocó el acto reclamado, sino que también se destruyeron todos sus efectos de forma total, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de ahí que deviene improcedente analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada al través de este juicio. Por lo antes expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 76, y 79 de la Ley de amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio constitucional promovido por Tesilimi Olufemi Sanusi, respecto de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, con base en los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

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