Juan David Subias Jiménez

Expediente 296/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
296/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan David Subias Jiménez
  • Abel Pérez García
  • Titular de la Jefatura de Servicios Juridicos del Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo del Imss
  • Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Queja

    Visto el dictamen de cuenta, se advierte que el suscrito Magistrado, por decisión del Pleno de este tribunal, consideró que en dicho asunto podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, primer párrafo, de la Ley de Amparo; esto, ya que al efecto se estableció en dicho dictamen lo siguiente: (.) "Vistos, los autos del recurso de queja en materia administrativa 296/2023, interpuesto por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto *****. De los cuales se aprecia que podría actualizarse una causa de improcedencia que traería como resultado el auto de desechamiento de dicho juicio de amparo indirecto. Por tal motivo, en sesión ordinaria virtual de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el Pleno de este Tribunal Colegiado determinó dejar en lista el citado recurso de queja, para que en términos de ley se dé vista a la recurrente a fin de manifestar lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 5/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, materia común, página 8, del siguiente contenido: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." En efecto, se estima que en el caso se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, primer párrafo, de la Ley de Amparo . En la especie, el acto reclamado emerge del juicio administrativo ****, donde *****, sociedad anónima de capital variable, demandó ".la nulidad de la resolución de baja del registro patronal, emitida por la Subdelegación Pachuca, órgano operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo de este Instituto Mexicano del Seguro Social" ; lo que significa que el aquí recurrente figuró como autoridad demandada en aquella controversia. En este orden de ideas, si en la especie la persona moral quejosa, ahora recurrente, fungió como autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo del cual emana el acto reclamado y con tal carácter pretende se le otorgue la protección de la Justicia Federal, se actualiza la causa de improcedencia advertida por este Tribunal, pues con ello busca la subsistencia de un acto que emitió como ente soberano. De tal suerte que dicha persona de derecho público carece de legitimación para solicitar el amparo, toda vez que sólo pueden acudir al juicio de amparo cuando han sido parte en un procedimiento jurisdiccional, originado por su actuación análoga a la de un particular y el resultado de ese proceso ha sido adverso a sus intereses patrimoniales; lo que no ocurre en el juicio contencioso administrativo que, por su naturaleza, implica una controversia entre autoridades y particulares. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra refiere: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." Asimismo sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 203/2007 (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra refiere: "AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS. Conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que dicha afectación sólo ocurre cuando aquéllas realizan actividades con el carácter de personas de derecho privado, mas no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio. Así, no existe la afectación a intereses patrimoniales de las personas morales oficiales del Estado de Jalisco y sus Municipios y, en consecuencia, carecen de legitimación para promover el juicio de amparo directo, si el acto que reclaman deriva de un procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, en el que tuvieron el carácter de autoridades demandadas con motivo de las sanciones que impusieron a sus servidores públicos por incurrir en responsabilidad administrativa, pues tal actuación proviene del ejercicio de las facultades que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco les otorga, convirtiéndolas en autoridades encargadas de vigilar que sus servidores públicos cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y, en caso de inobservancia, instaurar el procedimiento disciplinario respectivo e imponer la sanción que corresponda; actividad ésta que no puede equipararse a la que realiza el mismo órgano del Estado en su calidad de patrón en las relaciones laborales con sus trabajadores, en las que actúa despojado de imperio, pues la destitución de un servidor público en aquel procedimiento no tiene la misma naturaleza jurídica que el despido del trabajador en materia laboral." Afirma lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra refiere: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. Del artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la interpretación sistemática de los artículos 7o. y 182 de la Ley de Amparo, se concluye que las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo federal o local, carecen de legitimación para promover el amparo adhesivo en materia administrativa, en su carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo, pues el único supuesto en el que las personas morales públicas pueden solicitar amparo, es cuando la norma general, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado; lo que no ocurre cuando en el procedimiento referido intervienen como parte demandada en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojado de imperio." Corolario de lo anterior, como se dijo, la autoridad recurrente no cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo, pues según se analizó, de la relación subyacente en el juicio contencioso administrativo de origen, se advierte que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas por ley, con motivo de un procedimiento jurisdiccional, en el cual se pretende obtener la nulidad de la baja del registro patronal, por lo que no se acredita la hipótesis de excepción prevista en el multicitado artículo 7 de la Ley de Amparo, consistente en que se acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentre en un plano de igualdad. En este orden de ideas, se estima se actualizada de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia diversa a la advertida por el juez de Distrito, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, primer párrafo, de la Ley de Amparo. " (.)." Por tal razón, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dese vista de manera electrónica con el dictamen de cuenta al quejoso, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en el presente asunto. Una vez hecho lo anterior, devuélvase el presente asunto a la ponencia del suscrito Magistrado, donde se encontraba. POR ESTA VÍA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Queja

    En atención al estado que guardan los presentes autos, túrnese a la ponencia del Magistrado Juan Carlos Hinojosa Zamora, para los efectos del artículo 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Amparo en revisión

    Vista la cuenta que antecede, se desprende que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el auxilio a este tribunal federal por parte del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán; para la emisión de la sentencia correspondiente en el presente asunto. Por otra parte, a efecto de que el órgano auxiliar cuente con las constancias que obran en el presente expediente, genérese el vínculo electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y para el caso de ser necesario, remítanse al tribunal colegiado auxiliar de mérito las actuaciones que integran este asunto, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Finalmente, háganse las anotaciones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar.

  4. Amparo en revisión

    ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE.

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