Juan David Rodríguez Luna
Expediente 816/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan David Rodríguez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. DESTINO DEL EXPEDIENTE Se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa de que este juicio es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Al resultar innecesaria la conservación de los tres tomos de pruebas y disco compacto remitidos por la autoridad responsable, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, se desprende la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial de la adscripción a efecto de notificar personalmente la sentencia de doce de noviembre actual, emitida en este juicio de amparo al defensor público del aquí quejoso ..., toda vez que se encuentra gozando de su periodo vacacional; sin lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el fallo dictado en el sumario en que se actúa, únicamente se ordenó notificar de manera al aludido impetrante en el lugar de su reclusión; máxime que dicha determinación fue emitida dentro de la audiencia constitucional celebrada en esa data; lo cual, comulga con el artículo 26, fracción I, incisos a) y e), de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu. Cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver, el juicio de amparo número 816/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda amparo promovida por .; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca A.S. C-SA 1/2021, con motivo de una petición de anulación de sentencia, en la que se declaró infundada esa solicitud, atribuido a la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aceptó haberla emitido, lo que acreditó con copia certificada del toca citado, documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2. TERCERO. No existe causa de improcedencia alegada por las partes ni este juzgador advierte alguna de oficio. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado son los que siguen: 1. El dieciocho de agosto de dos mil cinco, el Jugado Décimo Noveno Penal de esta ciudad, dictó sentencia condenatoria contra el aquí quejoso y otros, por la comisión del delito de secuestro agravado. 2. El nueve de enero de dos mil seis, el tribunal responsable determinó modificar la sentencia dictada, pero dejando intocada la responsabilidad penal respecto del promovente. 3. El catorce de julio de dos mil veintiuno, el quejoso promovió la anulación de la sentencia dictada en su contra, pues a su consideración el delito por el que fue condenado (secuestro agravado), no era acorde con la conducta que desplegó la cual era constitutiva del delito de robo cuya pena es menor a la impuesta. 4. El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, celebró audiencia y el veintiséis siguiente resolvió la petición presentada, determinándola infundada -acto reclamado-. QUINTO. En su demanda de amparo, el quejoso señaló que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos reconocidos, pues señala no se aplicó en su favor el principio pro persona. Es infundado lo alegado por el quejoso, atento a las siguientes consideraciones: La responsable analizó el auto combatido, confrontándolo con los agravios vertidos por el recurrente, dándoles contestación al indicar que no le asiste la razón pues no se encuentra en alguno de los supuestos legales para la anulación de sentencia y lo determinado en ésta constituye cosa juzgada. Resulta constitucional el actuar de la responsable, pues de conformidad con el artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales1, la anulación de sentencia procede cuando se condenó al promovente en dos sentencias por los mismos hechos o bien cuando una ley se derogue o modifique en su favor, debiendo aplicar en ese caso la más favorable. Sin embargo, no se actualizan esos supuestos, pues tal como destacó la autoridad, el delito por el que fue declarado penalmente responsable (secuestro agravado) continúa previsto en la norma, a saber en los numerales 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la pena impuesta ha aumentado, ante el cual no ha habido una sucesión de leyes que despenalice dicha conducta típica, ni norma más favorable que se pueda aplicar. Entonces, al no existir supuesto que le beneficie, lo que representaría una excepción a la figura de la cosa juzgada, la sentencia por la que fue condenado no puede ser modificada, por lo que en su contra no procede medio de impugnación alguno que permita volver a analizar los temas que ya fueron debatidos, que alcanzaron firmeza legal, máxime que el quejoso pretende se 1 Artículo 487. Anulación de la sentencia La anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes: I. Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia, y II. Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado. La sola causación del resultado no podrá fundamentar, por sí sola, la responsabilidad penal. Por su parte los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social. reclasifique la conducta ilícita cometida, lo que no puede ser materia de un nuevo análisis, pues los hechos que configuraron el delito por el que fue sentenciado no podrían ser analizados en la resolución que reclama. Entonces, las consideraciones vertidas en la determinación de que se trata se encuentran firmes y la decisión tomada en el procedimiento de origen adquirió el carácter de cosa juzgada, llegando al punto en que lo resuelto ya no es susceptible de discutirse, con ello, se ha privilegiado la garantía de acceso a la justicia, prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando de esta manera a las partes procesales de seguridad y certeza jurídica, en el entendido de que, el principio de la cosa juzgada constituye la base del derecho a la seguridad jurídica, al garantizar la ejecución de las determinaciones dictadas por la autoridad jurisdiccional. Finalmente, como dijo la responsable, del escrito mediante el cual promovió la nulidad de sentencia, ni de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso haya sido sentenciado en dos juicios por los mismos hechos. Establecido lo anterior, debe decirse que la autoridad responsable cumplió con la regularidad constitucional y convencional que le exigen los artículos 14 y 16 constitucional, toda vez que fundó y motivó adecuadamente el acto reclamado, pues ajustó su actuación a disposiciones normativas de carácter general, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, precisando con claridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración, para construir los argumentos en que sustenta el sentido de su determinación. En el caso debe señalarse al quejoso que el principio pro persona no se traduce en que el tribunal debe dictar una resolución en favor de sus intereses, ni que puedan pasarse por alto principios rectores del derecho, como lo es la cosa juzgada, si no únicamente que la interpretación de las normas aplicables debe ser la más favorable al impetrante y en el caso no existe interpretación más favorable que la ya realizada. En esas consideraciones, el órgano jurisdiccional puede hacer la traslación y homologación del tipo y la adecuación de la pena, por una que le beneficie al peticionario, pero no puede analizar cuestiones que ya fueron determinadas en una resolución firme, ya que se transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general, los cuales no pueden ser superados o inobservados por el diverso axioma de interpretación más favorable a la persona, por lo que resultan infundados los conceptos de violación que formuló. Por lo anterior, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó .. SEXTO. El quejoso no se opuso a la publicación de datos sensibles, por tal motivo deberán suprimirse sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a . en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
DEFENSOR José Porfirio Miranda Suárez Agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual el licenciado José Porfirio Miranda Suárez, protesta y acepta el nombramiento de defensor de oficio del aquí quejoso, además de remitir copia de las credenciales requeridas para la aceptación de dicho cargo; en atención a su contenido, póngansele a la vista los autos del presente juicio de amparo; asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De igual forma, en relación con las copias simples que solicita, con fundamento en el artículo 8 constitucional, expídansele a efecto de que esté en posibilidad de manifestar lo que a su representación competa. En consecuencia, a fin de dar tiempo a lo anterior y que el aludido defensor se imponga de autos, aunado que como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe justificado indicado en proveído de once de octubre del año en curso, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las CATORCE HORAS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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