Juan David Pérez Montejo

Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
636/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Juan David Pérez Montejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Secretario General en funciones de Presidente del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la notificación realizada a la parte actora en el juicio laboral x, del proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, dictado en el referido juicio de origen. Ahora bien, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por xxx, quien se ostenta apoderado legal de x, en contra el acto y autoridad que a continuación se especifican: x. Precisado lo anterior, es necesario indicar que con apoyo en el artículos 63, fracción V de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado la omisión de radicar la demanda laboral presentada ante la autoridad responsable y su notificación. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar que de las constancias que obran en autos, se aprecia que por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable señaló las catorce horas del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación en autos del juicio laboral x, y ordenó la notificación a las partes; asimismo, la referida autoridad responsable, adjuntó al oficio de cuenta, copia certificada del notificación realizada a la parte actora, del referido acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral de origen, documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Lo que pone de manifiesto que la omisión de radicar la demanda laboral presentada ante la autoridad responsable y su notificación, ya no está vigente al haber desaparecido de manera total e incondicional sus efectos, sin que dejara huella en la esfera jurídica del justiciable, lo que trae como consecuencia la reposición del quejoso en el goce de sus garantías individuales que consideró vulneradas con el acto reclamado, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Sin que sea necesario para ello, dar vista a la parte quejosa con el contenido del oficio, del que este órgano de control constitucional advirtió la causa de improcedencia, dado que a nada práctico conduciría si se toma en cuenta que ya se le notificó el acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Junta responsable en autos del juicio laboral x. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta de oficio, fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora bien, no obstante, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio; atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DOCE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CUYA SÍNTESIS DICE : San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Secretario General en funciones de Presidente del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la notificación realizada a la parte actora en el juicio laboral x, del proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, dictado en el referido juicio de origen. Ahora bien, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por xxx, quien se ostenta apoderado legal de x, en contra el acto y autoridad que a continuación se especifican: x. Precisado lo anterior, es necesario indicar que con apoyo en el artículos 63, fracción V de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado la omisión de radicar la demanda laboral presentada ante la autoridad responsable y su notificación. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar que de las constancias que obran en autos, se aprecia que por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable señaló las catorce horas del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación en autos del juicio laboral x, y ordenó la notificación a las partes; asimismo, la referida autoridad responsable, adjuntó al oficio de cuenta, copia certificada del notificación realizada a la parte actora, del referido acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral de origen, documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Lo que pone de manifiesto que la omisión de radicar la demanda laboral presentada ante la autoridad responsable y su notificación, ya no está vigente al haber desaparecido de manera total e incondicional sus efectos, sin que dejara huella en la esfera jurídica del justiciable, lo que trae como consecuencia la reposición del quejoso en el goce de sus garantías individuales que consideró vulneradas con el acto reclamado, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Sin que sea necesario para ello, dar vista a la parte quejosa con el contenido del oficio, del que este órgano de control constitucional advirtió la causa de improcedencia, dado que a nada práctico conduciría si se toma en cuenta que ya se le notificó el acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Junta responsable en autos del juicio laboral x. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta de oficio, fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora bien, no obstante, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio; atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por la autoridad responsable Presidente del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia del proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, en el juicio laboral xxx/2019. En consecuencia, requiérase a la referida autoridad responsable, para el efecto de que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, remita copias debidamente certificadas, legibles y completas de la notificación realizada a la parte actora del referido auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación dictado en el juicio laboral xx/2019; bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo fijado, se le impondrá una multa. Notifíquese

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, el oficio de la Presidenta del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, y la copia de la notificación realizada a la parte actora del proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, que adjunta, en el que previno al aquí quejoso a fin de que proporcione el domicilio para que sea notificada la parte demandada al juicio laboral xxx/2019. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de veintisiete de octubre de este año, se tuvo por recibida dicha constancia y se acordó lo conducente. Notifíquese.

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