Juan David Ovando Aguilar
Expediente 780/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan David Ovando Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz devuelve el juicio de amparo 780/2018 del índice de este Juzgado de Distrito y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca *** de la que se advierte que declaró infundada la queja interpuesta en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo...archívese este asunto como concluido...se hace la indicación que el este asunto es susceptible de destrucción...al ser un juicio de Amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental...
- Principal
La parte quejosa interpone recurso de queja en contra del proveído... en el que se desechó la demanda de amparo.... dese trámite al citado recurso. ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.... envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz para la substanciación del medio de impugnación...
- Principal
La parte quejosa realiza diversas manifestaciones en relación con la prevención de demanda formulada en autos.,, dígase respetuosamente que deberá estarse a lo acordado en proveído de... mediante el cual se desechó la demanda de amparo...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención realizada en proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho. Al respecto se hace el siguiente pronunciamiento: CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Por otra parte, el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Por su parte, el artículo 67, fracción I, párrafo cuarto, inciso h), párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto de dicho inciso, de la Constitución del Estado de Veracruz, establece lo siguiente: Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado. I. La procuración de justicia y la vigilancia del cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución federal que rigen la actuación del ministerio público, para ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las que tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección de los derechos de la víctima del acto ilícito. h) La ley establecerá el procedimiento mediante el cual se puedan impugnar, por la vía jurisdiccional, las resoluciones del Ministerio Público sobre la reserva de la carpeta de investigación, el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento. La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular deberá reunir todos los requisitos señalados para ser Fiscal General. El Fiscal Especial será nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública que éste emita para tal efecto. Una vez concluido el proceso establecido en la convocatoria pública emitida, la propuesta será presentada al Pleno del Congreso del Estado para su votación. En caso de no obtener el voto aprobatorio a que hace referencia el párrafo anterior, se observará el procedimiento establecido en dicha convocatoria. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido a solicitud del Fiscal General o por el propio Congreso, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley para tal efecto. Del artículo transcrito se advierte que la Constitución Política del Estado de Veracruz otorga la facultad discrecional y soberana al Congreso del Estado de Veracruz de proponer, nombrar, suspender y remover funcionarios, entre ellos, al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. HECHOS En el caso, del análisis del escrito de demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el promovente precisó como actos reclamados los siguientes: Del Congreso del Estado de Veracruz (Sexagésima Cuarta Legislatura) y de la Mesa Directiva de dicho Congreso la parte quejosa reclama el procedimiento con el que designaron a *** como Titular de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Del Congreso del Estado de Veracruz la parte quejosa reclama el procedimiento con el que designaron a *** como Titular de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que culminó con los dictámenes y decretos relativos publicados el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Del Congreso del Estado de Veracruz (Sexagésima Cuarta Legislatura) y de la Mesa Directiva de dicho Congreso reclama el nombramiento de un secretario de mesa que participó en la designación del fiscal anticorrupción. De la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz (Sexagésima Cuarta Legislatura) reclama la designación del fiscal anticorrupción en contravención al procedimiento establecido en el artículo 67, fracción I, inciso h), párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Veracruz. De la Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Veracruz (Sexagésima Cuarta Legislatura) reclama el dictamen de dicha Comisión con proyecto de decreto, de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en el cual se designó al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se considera respetuosamente que el juicio de amparo resulta improcedente, debido a que los actos reclamados por el promovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución Estatal al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, mismas que se traducen en una facultad y decisión soberana y discrecional contra la cual no se advierte que proceda el juicio constitucional. Aunado a lo anterior este juzgado de Distrito considera respetuosamente que los actos reclamados se traducen en una decisión discrecional y soberana del Poder Legislativo local; de ahí que dichas funciones no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, ello con independencia de que el directo quejoso haya mostrado intención de ser designado para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues la integración de la terna y la posterior designación del titular de dicha Fiscalía, es una facultad exclusiva del Congreso del Estado de Veracruz. A mayor abundamiento debe decirse que las facultades conferidas a este órgano jurisdiccional, se circunscriben a realizar un análisis constitucional de la actuación de las autoridades, sin que tenga el alcance de cuestionar las facultades discrecionales soberanas o de legitimidad de éstas, como lo pretende el promovente con los actos reclamados destacados, ya que ello incluso podría traducirse en una injustificada intervención en la soberanía de las entidades federativas y podría redundar en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política; por lo tanto, si la pretensión del quejoso es reclamar la aprobación y expedición de dos dictámenes, mediante los cuales, con el primero, se integró la terna para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, con el segundo, se nombró al titular de dicha Fiscalía, publicados en la Gaceta Legislativa 103 y 104 el veinticuatro de julio del año en curso, se considera que este juzgado no puede asumir jurisdicción sobre ese aspecto; pues, de ser así se podría invadir la esfera soberana de del Poder Legislativo local. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Quinta Época Registro: 365619 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXV Materia(s): Común Tesis: Página: 363 INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte ha sostenido el criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros poderes; en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre su competencia; pues si se declara que una autoridad señalada como responsable, propiamente no era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostener que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidad de las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento constitucional y por medio de decisiones de un poder que, como el judicial, carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitro de la existencia de poderes que deben ser independientes de él. Época: Novena Época Registro: 164583 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 71/2010 Página: 833 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio. Época: Novena Época Registro: 172814 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.564 A Página: 1669 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EMITE ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado surge cuando se reclaman resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. No obstante lo anterior, también se actualiza en el caso de que la facultad ejercida por el órgano legislativo no derive de una Constitución Local, sino de otro ordenamiento secundario, o cuando la resolución o declaración provenga de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no de los Poderes Legislativos de los Estados, pues de una interpretación histórica progresiva del precepto que contiene aquella hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, el cual no ha sido modificado desde su creación el 10 de enero de 1936, se concluye que también aludiría a ella si el legislador hubiese podido tomar en consideración las reformas al artículo 122 constitucional de 25 de octubre de 1993 y 22 de agosto de 1996, mediante las cuales el presidente de la República dejó de tener a su cargo el Gobierno del Distrito Federal, que ejercía anteriormente a través de un jefe de departamento y, a partir de las cuales el Distrito Federal se convirtió, para efectos de su régimen administrativo y político, en una entidad cuyas características más importantes se asimilan a las de los Estados, como son su integración por tres Poderes Locales, esto es, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ese contexto, las atribuciones que confieren a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los artículos 107, 108 y 109 de su ley orgánica; 9 y 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para designar o ratificar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la propia entidad y llevar a cabo el procedimiento respectivo, revisten características que permiten calificarlas como soberanas y discrecionales, en virtud de que las decisiones que se tomen con fundamento en ellas, especialmente la de quién ocupará el cargo, son definitivas -no requieren el aval, aprobación o ratificación de otro órgano, en términos de las propias disposiciones- y, por consiguiente, el juicio de garantías en su contra resulta improcedente, con fundamento en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.
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