Juan David Ortiz Hernández

Expediente 783/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
783/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Juan David Ortiz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ******, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento hecho en auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, estese a lo acordado mediante proveído de veinticuatro de junio del año en curso (fojas 40 a 44), en el que se desechó la demanda promovida por el quejoso. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa III. Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el escrito firmado por el quejoso ***, en el que desahoga en tiempo y forma el requerimiento hecho en auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. DESECHAMIENTO. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda.". Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y del desahogo de la misma, se obtiene que el impetrante reclama la documentación requerida relativa al trámite de una pensión alimenticia de un familiar ***, con folio ***. Determinación respecto de la cual, el presente juicio es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia que establece el artículos 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley; (...)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (...).". Del contenido de los artículos trascritos deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos. Por eso, se promoverá por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En ese orden de ideas, para que una persona se encuentre legitimada para instar la acción constitucional, deberá justificar que es titular de un derecho o de un interés legítimo, según sea el caso, además que con motivo de ello exista una afectación real y actual. De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Cabe destacar que existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues el medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará.". Así como la tesis aislada, visible en la página ciento veintitrés, Séptima Época, Volumen 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el mismo órgano supremo, de texto siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos.". De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que se tenga por acreditado el interés jurídico de la parte promovente, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable el criterio jurisprudencial 3a./J. 28/90, Octava Época, visible en la página doscientos treinta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4°. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo.". Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007921, que indica: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En este sentido, la procedencia requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. En este orden de ideas es dable concluir que si bien el agraviado pudiese estar legitimado para instar la presente acción constitucional, en el supuesto sin conceder que hubiese sido quien solicitó la documentación requerida relativa al trámite de una pensión alimenticia de un familiar ***, con folio ***9; lo cierto es que la determinación que se emita por la responsable, respecto de dicha solicitud, por sí misma, no le cusa una afectación real, actual, personal y directa, en su esfera jurídica, que se estime pudiese afectar de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, en su perjuicio. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, al existir disposición expresa que delimita la procedencia del juicio de amparo, en cuanto a los actos de autoridad que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados y no encuadrar los actos reclamados en alguno de esos supuestos. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo primero, 6 y en relación al diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar la presente demanda de amparo.

  3. Principal

    MESA III. Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso *************** mediante el cual solicita copias simples del proveído de dieciocho de junio del año en curso y pretende desahogar el requerimiento formulado en el citado auto. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa, las copias que solicita, previa razón que por su recibo sea asentada en autos, para los efectos legales correspondientes. En otro orden de ideas, en relación con el escrito de cuenta, se aprecia que el quejoso únicamente desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado en el tercer punto de prevención del proveído de dieciocho de los cursantes, esto es, la fecha que tuvo conocimiento del acto que pretende reclamar. Por otra parte, es dable precisar que el quejoso no cumple con los otros dos requerimientos insertos, los cuales son: 1. Precisar cuál es el acto concreto que reclama en la presente instancia constitucional, y 2. Deberá realizar bajo protesta de decir verdad una narración, precisa y cronológica de todos los antecedentes del o los actos reclamados, desde su inicio, hasta el estado que actualmente guarden. Toda vez que, al intentar desahogar la prevención decretada, el quejoso hace manifestaciones similares a las de su escrito de demanda, razón por la cual subsiste el apercibimiento decretado en el proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, quedando subsistente también el término concedido, atendiendo a que únicamente había surtido efectos la notificación correspondiente. Notifíquese y por lista al quejoso.

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