Juan David Ortiz Hernandez

Expediente 1311/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1311/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Juan David Ortiz Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan David Ortíz Hernández, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió. Por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°.; devuélvase al promovente las constancias que solicita, sin dejar copia de dichas constancias por tratarse de un asunto concluido en el entendido que quien se presente a recogerlos deberá exhibir copia simple de su identificación oficial para debida constancia de su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible en su oportunidad de ser destruible, pues se desechó la demanda de amparo (vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso a través del cual da cumplimiento a la prevención contenida en proveído de dieciséis de los cursantes; por tanto, se tienen por cumplidos los requerimientos insertos en el auto de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Desechamiento. En esa tesitura, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII y 107 fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario en relación al diverso 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De la lectura integra de la demanda, se advierte que el quejoso Juan David Ortiz Hernández, señala como acto reclamado la omisión de dar contestación a la queja que presentó el cinco de octubre de dos mil diecinueve ante la Secretaría de Cultura INDAUTOR (Instituto Nacional de Derechos de Autor). Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Y, por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el ordinal 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la propia legislación, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Ahora, el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 79, publicada en la página 89, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8° constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Así como, la tesis XXI.1o.P.A.36 A, publicada en la página 1897, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2005, tomo XXII, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Ahora, si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Ahora bien los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo establecen: "ART. 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: (.) X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley. ART. 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Por lo que se establece que la obligación de dar contestación a las peticiones que los particulares hagan deberán ser resueltas, dentro de un plazo que no exceda de tres meses posteriores a la fecha de su presentación o recepción, lo que si bien no implica un lineamiento para que se dé respuesta a la petición hasta el término de ese plazo máximo, sin embargo es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal. Dicho precepto legal puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición federal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla a un plazo máximo para que den respuesta, a las peticiones que se les formulen. En lo conducente se cita la jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, Registro: 2019190, del contenido siguiente: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." Así como la tesis publicada en la página 167, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, tomo XII, Octava Época, que refiere: "BREVE TERMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Si bien es verdad que el artículo 8o. constitucional habla expresa y claramente de "breve término" para dar a conocer al quejoso sobre su petición, tal concepto debe interpretarse en relación directa a la naturaleza o características de la misma, lo que hace necesario que al abordar el problema a través de un juicio de amparo, el análisis deba ser casuista y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa garantía." En la especie, el escrito de petición dirigido a la Secretaría de Cultura INDAUTOR (Instituto Nacional de Derechos de Autor), fue presentado el cinco de octubre de dos mil diecinueve, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la demanda de amparo de cuenta, en la que se reclama la omisión de dar respuesta a dicha petición, fue promovida el siete de octubre pasado; la cual por razón de turno, se recibió en esa misma fecha en este Juzgado Segundo de Distrito. Lo cual evidencia que entre la fecha en que se presentó el escrito de petición y la demanda de amparo, a consideración de éste órgano jurisdiccional, no ha transcurrido un "breve término" que dispone la Constitución Federal que la Corte Suprema ha definido como "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", ello, ponderado el caso en concreto, donde el quejoso solicita ".que si es creación literaria el acróstico acrónimo DE LAS SIGLAS NUEVA LEY D.A.VI.D. que explota y utiliza el segundo nombre propio del peticionario según 147 y 188 1fda para la certificación utilidad pública creación literaria de DIRECTOR GENERAL RAUL ZARATE MACHUCA DEL ISSEMYM." En consecuencia, es evidente que entre la fecha de la presentación de la petición y la demanda de amparo, no es dable considerar que haya transcurrido el "breve término", a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, máxime que de las constancias adjuntadas se advierte que el dieciséis de octubre anterior, le comunicaron al quejoso que su solicitud corresponde al Departamento de Consulta de la Dirección Jurídica del INDAUTOR donde aclararan sus dudas. En tal virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar la demanda promovida por Juan David Ortiz Hernández, contra actos de la Secretaría de Cultura INDAUTOR (Instituto Nacional de Derechos de Autor). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/75, visible en la página 77, del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, tomo 68, Octava Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese; y, personalmente. fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención contenida en proveído de ocho de los cursantes; sin embargo, se provee lo conducente respecto al escrito de mérito: Del escrito de cuenta, se aprecia que no da cabal cumplimiento al punto número uno, en atención a las siguientes consideraciones: En el citado auto de ocho de octubre de este año, se requirió al quejoso para lo siguiente: 1). En qué fecha le contestaron la petición que realizó en la sugerencia de queja de cinco de octubre de dos mil diecinueve. 3). De ser posible, deberá anexar una copia de la contestación reclamada. 2). Deberá manifestar la fecha exacta en la cual tuvo conocimiento o le fue notificado el acto reclamado, pues omitió tal circunstancia. Ahora, del análisis del escrito aclaratorio el quejoso en el primer punto manifiesta: ".ES DE FECHA 2 DE ENERO 2017 PERO HASTA LA FECHA DE VEINTINUEVE DE MARZO 2019 SE tiene la contestación para efecto de tramitar juicio amparo y se relaciona con la queja interpuesta el 5 de octubre 2019". Lo que crea incertidumbre en saber cuál es el acto que realmente reclama en sí; en consecuencia, subsiste la prevención decretada en acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve para lo cual deberá: 1) Precisar el acto que por esta vía reclama, es decir, si reclama la omisión de dar contestación a la queja de cinco de octubre de este año, o bien la resolución de dos de enero de dos mil diecisiete contestada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, pues no se advierte con claridad el acto o actos que por esta vía reclama. 2) asimismo deberá señalar la fecha en que tuvo conocimiento del acto que reclama por esta vía. 3) Deberá anexar una copia del acto que reclama (salvo que aclare que se trata de una omisión). Lo anterior resulta necesario también para fijar la litis constitucional, correr traslado a las partes y se les pueda requerir a las autoridades sus informes justificados respecto a los actos a ellas atribuidos; ya que si bien es cierto, la demanda de amparo deberá ser estudiada como un todo, también lo es que la parte quejosa deberá satisfacer los requisitos que precisa el artículo 108 de la ley de la materia, por lo que este juzgador no puede, ni debe de oficio, tener como tal un acto diferente que la parte quejosa no haya señalado. Lo anterior es así, en virtud de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dichas aclaraciones se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Al respecto es aplicable la tesis XX.57 K, publicada en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.." En tal virtud, el plazo de cinco días concedido a la quejosa para desahogar cabalmente la prevención formulada, se interrumpe por única ocasión y deberá reanudarse hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Al caso se aplica la tesis III.2o.A.37 K, publicada en la página 1322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, Tomo XXI, Novena Época, número de registro 178831, del tenor siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE SI NO SE ACATÓ EN SUS TÉRMINOS LA PREVENCIÓN RELATIVA. Con fundamento en el artículo 30, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe ordenar que se practique en forma personal la notificación relativa al proveído que precisa las razones por las cuales estima que con el ocurso presentado por el quejoso antes del día del vencimiento del término previsto por el artículo 146 de la citada ley, no se cumplieron a cabalidad los requerimientos y prevenciones contenidos en el auto inicial; ello a fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por parte del agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas, cuando aún está en tiempo para hacerlo, pues tal proceder resulta congruente con la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Y la diversa III.2o.A.38K, publicada en la página 1323 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, Tomo XXI, Novena Época, con número de registro 178830, la cual establece lo siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." Notifíquese y personalmente al quejoso.

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