Juan David Ortiz Hernández
Expediente 755/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2017
Partes del expediente
- Juan David Ortiz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones, dígasele que en proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se recibió la ejecutoria emitida en el recurso de queja 104/2017, que confirmó el auto de dos de junio del año en curso, por el cual se desechó la demanda.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 104/2017, en la cual se determinó: "ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso, por propio derecho, por lo que se confirma el auto recurrido.". Por ende, acúsese recibo del testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 104/2017 y háganse las anotaciones respectivas; archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil diecisiete. Intégrese el escrito del quejoso, por medio del cual desahoga la prevención inserta en auto de veinticuatro de mayo del año en curso; no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que mediante proveído de dos de junio se tuvo por satisfecha la prevención referida y se desechó la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa; asimismo, interpone recurso de queja contra el citado auto. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original y copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito, signado por Juan David Ortiz Hernández, por medio del cual desahoga la prevención contenida en auto de veintidós del año en curso, reiterada el veinticuatro siguiente; y en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO. Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama la falta de expedites, así como la omisión de determinar la carpeta de investigación TOL/AC4/0001/2016, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Agencia Central de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, en Toluca, Estado de México. En ese tenor, este Juzgador advierte de oficio la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: (.) XIV. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De los artículos anteriores se advierte lo siguiente: El numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Que también el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que el promovente del amparo debió impugnar las abstenciones en las que aduce han incurrido la autoridad responsable, en la investigación de los hechos denunciados, ante la autoridad judicial correspondiente; y, sería entonces la resolución de dicha autoridad judicial la que decida en definitiva sobre la conducta atribuida al Fiscal responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; es decir, contra los que no proceda medio de defensa ordinario alguno. Por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. No estimarlo así, desnaturalizaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. Al incorporarse en la Constitución el derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad; por tanto, la prerrogativa que constitucionalmente se otorga a la pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Lo que es acorde con lo establecido en el diverso artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de México. En el asunto particular, se debió agotar el recurso que la constitución consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 150, fracción XIV, del código adjetivo de la materia, previo a la promoción de la instancia constitucional. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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