Juan David Ortiz Hernández
Expediente 1499/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1499/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/10/2023
Partes del expediente
- Juan David Ortiz Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, formulada por la actuaria judicial de la adscripción, de veintinueve de septiembre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar a la parte quejosa ** respecto del proveído de veintiséis de septiembre del año que transcurre, por las razones que ahí expone. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo resulta inexacto, se ordena efectuar la notificación al aludido quejoso ********************del proveído en comento por lista, así como las subsecuentes, hasta en tanto, el mismo señale diverso domicilio procesal. Notifíquese. Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Juan David Ortiz Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1499/2023-IV. Ahora, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades tengan conocimiento desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que hace consistir en: El auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el cual, negó remitir la determinación de ejercicio de la acción penal de la Dirección de responsabilidad TOL/DR/IV/149/2008-09 o TOL/DR/IV/149/2007/09. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Respecto acto que reclama el quejoso, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas [.]' Se considera que dicha causa de improcedencia no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de amparo, inmersa en él u omisión acaecida dentro del mismo; por ello, el legislador no solamente se refirió a resoluciones que se emiten en cumplimiento a las resoluciones de amparo, sino que comprenden todos los actos u omisiones llevados a cabo por las autoridades, vinculados con la cumplimentación de toda resolución de amparo, haya sido emitida en el juico principal, recurso o incidente derivado de éste. Es decir, todo acto u omisión enmarcado en un juicio de amparo es inatacable mediante el juicio constitucional. En el caso, se advierte que el acto aquí reclamado consiste en el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el cual, negó remitir la determinación de ejercicio de la acción penal de la Dirección de responsabilidad TOL/DR/IV/149/2008-09 o TOL/DR/IV/149/2007/09. Por tanto, es innegable que a través del acto reclamado, por el aquí quejoso, pretende controvertir cuestiones cometidas por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; de ahí que, resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente. Lo anterior debido a la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídica, las cuales no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. En apoyo a lo anterior se cita la tesis aislada 2a. XLIX/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Marzo de 2017, del tenor siguiente: Así como la tesis aislada 2a. XLIX/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Marzo de 2017, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Asimismo En apoyo a lo anterior se cita la tesis aislada 1a. LXX/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, diciembre de 2003, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal.'" Así como la diversa tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 1992, visible en la página 285, bajo el tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable.' Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a alguna disposición vigente. Establecido lo anterior, debe decirse que resulta que la determinación reclamada, a saber, es el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el cual, negó remitir la determinación de ejercicio de la acción penal de la Dirección de responsabilidad TOL/DR/IV/149/2008-09 o TOL/DR/IV/149/2007/09. En relación al acto que se reclama, debe decirse que la petición constitucional que ahora se formula es improcedente, porque lo que ahora constituye el acto reclamado, obedece a una cuestión emitida en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México. Lo que implica que, en el caso se actualice la causa de improcedencia que se invocó anteriormente, teniendo en cuenta que la materia de la contienda constitucional que se pretende instaurar, corresponde a las cuestiones abordadas en un acuerdo emitido en un juicio de amparo. De ahí que este Juzgador Federal se encuentre impedido jurídicamente para abordar el estudio de aspectos sobre los cuales ya se emitió una determinación específica, según se evidenció con antelación. En consecuencia, al definirse la naturaleza del acto reclamado de la supuesta autoridad responsable, y por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación, procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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