Juan David Murcia Claros

Expediente 1147/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1147/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Juan David Murcia Claros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por sí y en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Jefe de Departamento de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido sus respectivos informes justificados. Delegados y Domicilio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad a las personas que indica y por lo que hace al domicilio que señala dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad las documentales que anexa al oficio de cuenta así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa consiste en: La omisión de resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del quejoso Juan David Murcia Claros, presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con número de clave única de refugiado (CUR-347699). Y de las constancias remitidas vía electrónica por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por sí y en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Jefe de Departamento de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se emitió la resolución correspondiente dentro de la Clave Única de Refugiado-347699. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por el quejoso dejó de existir, pues el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se emitió la resolución correspondiente dentro de la Clave Única de Refugiado-347699. Máxime, que respecto a la documental descrita en el párrafo precedente, debe decirse que tanto el oficio de cuenta y sus anexos se presentaron de manera electrónica ante el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que les resulta aplicable el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; el cual, en su artículo 12, inciso f, dispone: "Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo, por conducto de sus órganos competentes, emitirán los manuales o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico conforme a las siguientes bases: (.) f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso; (.)". Ahora, de la lectura integral del oficio de cuenta y de las pruebas documentales ofrecidas de su parte, se advierte que la autoridad oficiante manifestó "bajo protesta de decir verdad", que el documento digitalizado que se remite como anexo, es copia íntegra e inalterada del documento impreso, tal como lo dispone el numeral trascrito; en consecuencia es por ello que la documental en cita se le otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Informa autoridad encargada de dar cumplimiento a suspensión. Agréguese el oficio signado por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual informa que será la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la autoridad competente de dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada mediante resolución interlocutoria de dos de octubre del año en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Domicilio y delegados. Por otra parte, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, ténganse como delegados de las autoridad responsable a las personas que indica; y por lo que hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, fracción II, de la citada Ley, éstas se harán en el domicilio de sus oficinas principales. Comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la autoridad responsable proporcionando el correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Autoridad informa cumplimiento a suspensión. Por otra parte, visto el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por sí y en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Jefe de Departamento de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual informa el cumplimiento dado a los efectos por los cuales se concedió la suspensión definitiva dictada el dos de octubre del año en curso, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  3. Principal

    En Apizaco, Estado de Tlaxcala, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la Circular 28/2023 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en sesión extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro del mes y año en curso. Asimismo, vistos los avisos de veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, suscritos por los Coordinadores de Magistradas y Magistrados del Vigésimo Octavo Circuito, de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal, y de Juezas y Jueces de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, todos del Estado de Tlaxcala; se advierte que se declararon inhábiles los días veinticinco a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en uso de las facultades conferidas a los titulares en términos de los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, resulta evidente que del dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se suspendieron los plazos y términos procesales. Se requieren constancias. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa señalo como actos reclamados los siguientes: Asimismo, de las pruebas documentales ofrecidas por el impetrante de garantías en su escrito de demanda de amparo, se advierte la resolución de administrativa de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 347699, del índice de la Coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por el cual la autoridad en cita admite a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados. Se requieren constancias. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita la totalidad de las constancias que integran el expediente 347699 de su índice, las que deberán encontrarse completas, legibles y en orden secuencial, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Apercibida que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece el artículo 259 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de octubre de dos mil veintitrés. Desahoga vista de informe. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Claudia Ibeth Espinoza Oropeza, autorizada en términos amplios por la parte quejosa Juan David Murcia Claros; en atención a su contenido con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza respecto al informe rendido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, las cuales serán tomadas en consideración en la etapa procesal correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

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