Juan David Hernández Olivos
Expediente 584/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan David Hernández Olivos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la diligencia de ratificación practicada por la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal, de la que se advierte que el quejoso **********, compareció a ratificar el escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el treinta y uno de mayo del año en curso, así como la firma que lo calza por haberla estampado de su puño y letra, por tanto, provéase lo conducente al mismo. Atento a lo anterior, dígasele al quejoso que no ha lugar admitir la prueba de inspección judicial que ofrece en su ocurso de cuenta, ello en virtud de que el ofrecimiento de ésta no se realizó con la anticipación que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, ya que este numeral dispone que cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial, pericial o inspección ocular para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, y es el caso que de autos se advierte, que entre la fecha de presentación del escrito de ofrecimiento de la prueba pericial -treinta y uno de mayo de dos mil veintidós- y la segunda data señalada para la celebración de la audiencia Constitucional en este juicio, esto es, las diez horas con cincuenta minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve, no media el término que dispone el artículo en comento, consecuentemente tal ofrecimiento es defectuoso e improcedente, por ser extemporáneo. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional señalada en autos, haya sido suspendida en varias ocasiones y diferida en una vez, pues ello no implica que resurja su derecho para ofrecer la probanza de mérito, pues el oferente de la prueba estuvo en aptitud legal de hacer valer las defensas que estimara pertinentes, pues mediaron más de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los autos, por lo que debió anunciar la prueba de inspección judicial con la debida anticipación a la fecha señalada principalmente para la audiencia de ley, esto es, las diez horas con cincuenta minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno y no respecto de la última fecha señalada en los autos del juicio en que se actúa -nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de junio del año en curso-. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional y Común, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 1029, que dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes.". Asimismo, resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J. 7/96, del Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo III, Febrero de 1996, página 53, que establece: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal.". Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguense los escritos presentados electrónicamente por Israel Ascencio Cadenas, autorizado de la parte quejosa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.3 0.30.30.30.35.31.32.36.30.32.35.37.30, mediante los cuales interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta de mayo del año en curso; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notifíquese a las partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se les realice, señalen constancias que en copia certificada deban remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad. Por tanto, una vez que transcurra el término otorgado a las partes en el párrafo que antecede, remítase al Tribunal de Alzada, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañando las constancias necesarias para su tramitación, incluyendo copia certificada del proveído impugnado, así como de las notificaciones respectivas. Finalmente, con apoyo en el artículo 102 de la ley de la materia, se suspende el procedimiento del presente juicio de garantías, hasta en tanto se resuelva la referida queja. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, se encuentra transcurriendo el termino de tres días, que se otorgó en auto de seis de junio del año en curso, al perito..., para que informe a este órgano jurisdiccional el monto que ascienden sus honorarios para poder emitir el dictamen que le corresponde; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las ONCE HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por ..., contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán y otras autoridades; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 584/2022. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "La falta e inadecuada atención medica por parte de las autoridades señaladas como responsables, es decir la negativa de canalizarme con el especialista en el área de Psiquiatría". Por tanto, este órgano de control Constitucional estima competente para conocer de la demanda de mérito, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, pues el acto reclamado se está ejecutando en el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", ubicado en la Carretera La Ruana-Tazumbos Km. 2 del Ejido 18 de Marzo, Buenavista Tomatlán, Michoacán, Código Postal 60500, donde actualmente se encuentra privado de su libertad el quejoso directo ..., pues así lo manifiesto el propio quejoso en su escrito inicial de demanda, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Resulta aplicable, por identidad de razón, la tesis aislada I.15o.A.1 A (10a.), del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 4311, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO." Así como la diversa tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO." Y la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Así como la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 33, Volumen 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 234084, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO." En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al juzgado de turno para la tramitación de asuntos urgentes, esto es, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, dada la naturaleza de los actos que por esta vía se reclaman, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". Por otro lado, toda vez que el quejoso, señala como acto reclamado destacado la negativa de canalizarlo con el especialista en el área de psiquiatría para que reciba la atención médica que -dice- requiere, atribuido al Coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, Director General y Titular del Área de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, para lo cual bajo protesta de decir verdad narró los siguientes antecedentes: "Atención Médica, así como el medicamento necesario y gratuito que requiere mi persona y padecimiento. Es necesario su señoría hacerle de su conocimiento que con anterioridad he solicitado por medio de papeletas y debido a que la autoridad por omisión ya no les coloca folio, es por ello que no ofesco como prueba los mencionados No. de folios y que de manera verbal ante oficiales y personal de enfermería de igual manera les le elevado mis peticiones sin recibir respuesta favorble..." (sic). En mérito a lo anterior, atendiendo a que los artículos 1°, párrafo quinto, 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan que en la República Mexicana, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías de protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras cosas, por las condiciones de salud, y que toda persona tiene derecho de protección a la salud, conforme a las modalidades que defina la ley para el acceso a los servicios de salud; con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE OFICIO Y DE PLANO, los actos que impliquen riesgo en la salud del quejoso JUAN DAVID HERNÁNDEZ OLIVOS, que puedan poner en peligro su vida, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, debiendo obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. En el entendido de que atendiendo al derecho humano contemplado en el mencionado artículo 4° constitucional y a la complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades responsables, en el ámbito que a ellas les corresponde, deberán otorgar al citado quejoso el tratamiento psiquiátrico que requiera, así como proporcionarle los medicamentos necesarios para preservar su vida, de acuerdo al padecimiento que ostenta, esto en atención a la valoración de la urgencia que se realice. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis I.7o.A.316 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1880, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.". Lo anterior comuníquese sin demora a las autoridades responsables por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; por lo que se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano otorgada al multicitado quejoso JUAN DAVID HERNÁNDEZ OLIVOS, apercibido que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en términos de la fracción I del artículo 262, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe respecto de la suspensión de plano vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso JUAN DAVID HERNÁNDEZ OLIVOS, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, publicada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019918, de texto y rubro siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis I.11o.C.27 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3424, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016464, de texto y rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.", sin hacer distinción en la materia propia del juicio de amparo, cuya razón radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. Con esa norma el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación." En tales condiciones, toda vez que el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese, atento exhorto vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede Uruapan, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente al aquí quejoso JUAN DAVID HERNÁNDEZ OLIVOS, el presente proveído, acatando para ello los lineamientos de higiene derivado de la pandemia por el virus Covid-19. Para lo cual, y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la notificación de mérito. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
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- Juan Carlos Zepeda Villaseñor1151/2016
- Juan Carpinteyro Pavón627/2021
- Juan Cázarez Ángel56/2018
- Juan Chávez García1170/2023
- Juan Cruz Guzmán50/2018
- Juan Eduardo Lobato Sánchez1105/2022
- Juan Fernando Ibañez Montaño561/2022
- Juan Francisco Barragán Tadeo1174/2023
- Juan Francisco Barriga Martínez1189/2022
- Juan Francisco Barriga Martínez1036/2021
- Juan Francisco Barriga Martínez379/2023