Juan David Hernández Cuevas y Otros.

Expediente 130/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
130/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Juan David Hernández Cuevas y Otros.
  • Juan David Hernández Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mesa "0" Ciudad de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. -CAUSA ESTADO Conforme a la certificación que antecede, de la que se observa ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto a través del cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, por tanto, háganse las anotaciones respectivas. -ARCHIVO De conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. -CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (.) se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la inciso d), del numeral 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Se comunica al promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, después de ese lapso, se procederá a la destrucción, en términos del referido precepto 21. Asimismo, se indica que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; además de que no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos, a que se refiere artículo 21 (de los mencionados en el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia). Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa "0" Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. ".intégrese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual se comunica que no aceptó la competencia del presente asunto, dadas las consideraciones ahí expuestas. Al respecto, este órgano de control constitucional no insiste en declinar la competencia, por lo que se ordena la prosecución del presente asunto; esto, comuníquese a la potestad oficiante para su conocimiento y efectos legales que deriven. Se levanta reserva Sentado lo anterior, de la certificación que antecede, se desprende que por auto de siete de marzo actual se reservó proveer lo conducente respecto del escrito de desahogo presentado por la parte quejosa, hasta en tanto el homólogo federal Décimo informara lo relativo a la competencia que se planteó en su favor por conocimiento previo. En consecuencia y al tenor de lo proveído con antelación se levanta la reserva en comento, y se provee en los siguientes términos. Desahogo de prevención Visto el escrito de referencia, atento a su contenido, téngase al promovente del amparo desahogando la prevención formulada en autos, pues al respecto señala como acto reclamado el siguiente: - La orden de traslado librada contra el quejoso, mediante oficio *****, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, signado por el Comisario, Jefe y Subsecretario de Sistema Penitenciario. -IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO- Es necesario destacar que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo1 este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cabe precisar que la causa manifiesta, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda o de las constancias que obren en autos. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. En ese sentido, analizado que ha sido el escrito inicial que nos ocupa, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desecharla de plano de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. (.) En efecto, del análisis tanto de la demanda de derechos fundamentales como del escrito de desahogo, se advierte que el acto reclamado es: - La orden de traslado librada contra el quejoso, mediante oficio *****, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, signado por el Comisario, Jefe y Subsecretario de Sistema Penitenciario En consecuencia, se acredita de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 la Ley de Amparo, pues se estima que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario que tenía a su alcance, antes de acudir a la acción constitucional. El invocado artículo 61, en su fracción XVIII , contempla el principio de definitividad3 , según el cual, el quejoso tiene la carga procesal de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Dicho principio descansa en la consideración que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. El principio de definitividad implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. (.) Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 107 al 122, establecen lo siguiente: (.)Como se advierte de los dispositivos en comento, la Ley de Ejecución Penal Nacional prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Bajo ese panorama, resulta claro que si el quejoso reclama la orden de traslado decretada en su contra, existe un procedimiento administrativo y controversia judicial prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pueden evitar la ejecución de dicho acto, los cuales deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Incluso, de las propias manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se precisó que el acto reclamado se emitió sin intervención judicial previa; de ahí que, resulta inconcuso que la parte promovente no ha agotado los diversos mecanismos con los que cuenta en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal previamente referida. Máxime que, si con motivo de la interposición del procedimiento administrativo y controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede suspender y analizar la legalidad del acto en cuestión, tal proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface la tercera de las hipótesis antes precisadas. Por tanto, si la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra la orden de traslado de un centro de reclusión a otro diverso, sin antes haber agotado el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, ni la controversia ante el Juez de Ejecución Penal, que constituyen los medios de defensa judicializados, eficaces e idóneos para resolver sobre las peticiones e inconformidades en relación con las condiciones de su reclusión, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. En consecuencia, por los motivos precisados, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. (.) Sin que la anterior determinación implique negar al quejoso su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues por imperativo legal deben cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia. Ya que si bien los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance (como lo es el presente juicio de amparo). Puesto que, tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. (.) Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA 10*** Ciudad de México, siete de marzo de dos mil veintitrés. ...., intégrese a los autos el ocurso de cuenta, a través del cual, el autorizado de la parte quejosa pretende desahogar la prevención formulada en autos. Al respecto, de la certificación antecede, se deprende que por auto de uno de marzo actual se declinó la competencia del presente asunto al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; ello, sin que al día de la fecha el homólogo federal de referencia informe si aceptó o no el conocimiento previo planteado. En esas condiciones, resérvese proveer lo conducente respecto del escrito de cuenta, hasta en tanto la referida autoridad federal informe lo conducente en cuanto a la competencia planteada a su favor. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10*** Ciudad de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. -INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO ...., agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que habilitó el acceso a su expediente 97/2023 vía electrónica, por ello, vista la certificación que antecede, así como las constancias con las que se da cuenta1 se desprende que mediante informes de uno, tres y quince de febrero pasado, del Director de Asuntos Penitenciarios, del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y del Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en representación del Subsecretario de Seguridad Penitenciaria y Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, ambos de la Ciudad de México, comunicaron que el quejoso **** egresó del referido centro penitenciario y fue trasladado al CEFERESO número 4 Noreste, en Tepic Nayarit, ello en atención al oficio ****. ... De las transcripciones que anteceden, se desprende que los juicios de amparo indirecto provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, deberán ser turnados al juzgado de distrito que hubiese conocido con anterioridad de uno diverso cuyo acto reclamado derive del mismo expediente; por lo que, conforme a lo expuesto, se estima que el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente sumario es el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. ... En consecuencia, .... remítase los presentes autos, al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que de la manera más atenta resuelva lo que estime pertinente al conocimiento que por razón de turno se le plantea. En razón de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias estrictamente necesarias. Notifíquese.

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