Juan David González Guzmán
Expediente 94/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan David González Guzmán
Actuaciones
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de veinticinco de enero dos mil dieciocho...se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, situación que se corrobora con el historial de consumo que acompaña a su demanda, del cual se desprende que efectivamente realizó un pago en esa misma fecha. Asimismo, se observa que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veintitrés de enero de dos mil dieciocho. En ese tenor, resulta que la notificación de la determinación aquí reclamada surtió sus efectos el mismo veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete; por lo que el término para promover el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del día siguiente, es decir, el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete y concluyó el diecinueve de septiembre de ese año; plazo durante el cual no se incluyen los sábados y domingos, ni los días trece, catorce y quince de septiembre de dos mil diecisiete por ser inhábiles; .... Entonces, ya que la demanda que ahora se intenta se promovió hasta el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, tal como consta en el sello de recepción de la demanda, resulta claro que su presentación ocurrió fuera del término de quince días que para tal efecto establece el multicitado numeral 17 de la ley de la materia. Por tanto, el cobro del derecho de alumbrado público del periodo de facturación del nueve de julio al ocho de agosto de dos mil diecisiete que se reclama debe considerarse consentido tácitamente, de acuerdo con las jurisprudencias números 13 y 14 consultables en la página 11 del Tomo VI (Materia Común), del Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, las que por su orden a continuación se transcriben: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo". "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente.(VI)
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