Juan Daniel Velázquez Caballero
Expediente 1194/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 14/07/2021
Partes del expediente
- Juan Daniel Velázquez Caballero
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
VII.- agréguese a los autos el escrito signado por ---------------------------------------------, en su carácter de representante común de la parte quejosa, a través del cual solicita se le expida copia simple de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, así como del diverso juicio de amparo------------------, del índice de este Juzgado de Distrito. Atento a su solicitud, a fin de no dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo, expídanse gratuitamente copias simples del presente asunto, haciendo entrega de las mismas en el lugar en que se encuentra recluido. Por otra parte, remítase vía oficio, copia certificada de la promoción que se acuerda al diverso juicio de amparo ----------------, a fin de que se acuerde lo que en derecho corresponda, respecto a lo peticionado por el quejoso.
- Principal
VII.- Visto el telegrama de cuenta signado por la Secretario de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual hace del conocimiento que se cumplimentó la orden de aprehensión dictada en la causa penal 151/2018, dejando a su disposición al aquí quejoso internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el telegrama de mérito para los efectos legales procedentes y se toma conocimiento de lo informado por la responsable. Ahora, visto el oficio de cuenta signado por el Agente Encargado de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Investigadora, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al requerimiento de trece de los cursantes (fojas 203 a 206), hace del conocimiento que se notificó de manera personal a los quejosos quienes se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", que se da cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra en la causa penal 151/2018 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas con residencia en Nuevo Laredo, para lo cual remite las constancias correspondientes para acreditar su dicho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexos de referencia para los efectos legales procedentes; se toma conocimiento de lo informado por la responsable; téngase por cumplido el requerimiento de mérito y déjese sin efectos el apercibimiento respectivo, decretados en el auto en mención. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio y anexo referidos, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento al fallo protector, apercibidos que en caso de ser omisos, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional.
- Principal
VII.- Visto el oficio de cuenta signado por el Encargado del Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos en representación de Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas en su carácter de superior jerárquico, mediante el cual hace del conocimiento que mediante oficio FGJ/DGAJDH/DA/18973/2019 se conminó al Encargado del despacho de la Comisaría General de Investigación, instruya al Director de la Policía Ministerial, Encargado de la Policía Ministerial y Comandante de la Policía Ministerial, para que den cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta y sus anexo para los efectos legales procedentes; se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo decretados en auto de trece de diciembre del presente año (fojas 203 a 206). Por otra parte, el estado procesal de autos evidencia que las autoridades responsables no han dado cumplimiento al fallo protector. Por tanto, cabe citar que los efectos de la concesión del amparo son para que las autoridades responsables Director de la Policía Ministerial, Encargado de la Policía Ministerial y Comandante de la Policía Ministerial todos del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, realicen lo siguiente: En estricto apego a lo establecido en la presente sentencia, verifique si subsiste la orden de aprehensión dictada el trece de septiembre de dos mil dieciocho en contra de Juan Daniel Velázquez Caballero, Iván Velázquez Vazquez e Iván Alejandro Velázquez Garza, dictada por el Juez de Primera Instancia Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, en autos de la causa penal 151/2018 por el delito de homicidio calificado; De ser así proceda a su ejecución por los conductos legales en el lugar en que se encuentran recluidos Juan Daniel Velázquez Caballero, Iván Velázquez Vazquez e Iván Alejandro Velázquez Garza, a saber, Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" o bien manifiesten la imposibilidad legal que tengan para ejecutarla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Director de la Policía Ministerial, Encargado de la Policía Ministerial y Comandante de la Policía Ministerial todos del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, para que den cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciban la notificación del presente proveído, lo cual deberán informar dentro del mismo término y deberán acompañar las constancias que así lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se les impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo, de la Ley de Amparo se requiere al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, como superior jerárquico de las autoridades responsables; a fin de que obligue a las mismas a cumplir con la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional sin demora alguna, esto es, dentro del plazo de tres días y comunique a este juzgado federal las providencias dictadas al respecto. En el entendido que no basta con girar oficio para ordenar o requerir el cumplimiento solicitado, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, a fin de constreñir a su subordinado, al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, circunstancias todas que deberán hacer del conocimiento a este Juzgado de Distrito y remitir constancias con las que acredite su actuar. Con el apercibimiento que de no demostrar que realizó las gestiones necesarias para que se cumpla con la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa, por la cantidad de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, se les informa a las autoridades requeridas que en caso de incumplimiento al requerimiento formulado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De la misma manera, se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a las autoridades de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes a quienes pudiera ocasionarles perjuicio, no recurrieron la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve (fojas 160 a 178), donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas con residencia en Nuevo Laredo, las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, las consistentes en: un legajo de copias certificadas del proceso penal 151/2018. Se requiere a la responsable para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, acuse recibo de las constancias que se le devuelven; con el apercibimiento, que en caso de ser omisa a lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días, de acuerdo a la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Cabe citar que los efectos de la concesión del amparo son para que las autoridades responsables Director de la Policía Ministerial, Encargado de la Policía Ministerial y Comandante de la Policía Ministerial todos del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, realicen lo siguiente: En estricto apego a lo establecido en la presente sentencia, verifique si subsiste la orden de aprehensión dictada el trece de septiembre de dos mil dieciocho en contra de Juan Daniel Velázquez Caballero, Iván Velázquez Vazquez e Iván Alejandro Velázquez Garza, dictada por el Juez de Primera Instancia Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, en autos de la causa penal 151/2018 por el delito de homicidio calificado; De ser así proceda a su ejecución por los conductos legales en el lugar en que se encuentran recluidos Juan Daniel Velázquez Caballero, Iván Velázquez Vazquez e Iván Alejandro Velázquez Garza, a saber, Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" o bien manifiesten la imposibilidad legal que tengan para ejecutarla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Director de la Policía Ministerial, Encargado de la Policía Ministerial y Comandante de la Policía Ministerial todos del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, para que den cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciban la notificación del presente proveído, lo cual deberán informar dentro del mismo término y deberán acompañar las constancias que así lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se les impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Libro 12, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2007911, que establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo, de la Ley de Amparo se requiere al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, como superior jerárquico de las autoridades responsables; a fin de que obligue a las mismas a cumplir con la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional sin demora alguna, esto es, dentro del plazo de tres días y comunique a este juzgado federal las providencias dictadas al respecto. En el entendido que no basta con girar oficio para ordenar o requerir el cumplimiento solicitado, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, a fin de constreñir a su subordinado, al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, circunstancias todas que deberán hacer del conocimiento a este Juzgado de Distrito y remitir constancias con las que acredite su actuar. Con el apercibimiento que de no demostrar que realizó las gestiones necesarias para que se cumpla con la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa, por la cantidad de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, se les informa a las autoridades requeridas que en caso de incumplimiento al requerimiento formulado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De la misma manera, se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a las autoridades de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), publicada en la página 11, del Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, materia común, Décima Época, con número de registro 2007914, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese; personalmente en el lugar de su reclusión a Juan Daniel Velázquez Caballero en su carácter de representante común de la parte quejosa y por oficio al asesor jurídico. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la licenciada Sara Mercedes Neira González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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