Juan Daniel Tovar Carrillo
Expediente 1346/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1346/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/10/2023
Partes del expediente
- Juan Daniel Tovar Carrillo
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo indirecto promovida por ***********, contra de la 1) Legislatura del Estado de Querétaro, 2) Gobernador del Estado de Querétaro, 3) Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro; 4) Secretario de Finanzas del Estado de Querétaro; 5) Presidente Municipal del Municipio de Querétaro; y, 6) Director de Finanzas del Municipio de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo *****/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Desechamiento parcial. Previo a proveer lo que en derecho corresponda, respecto la admisión de la demanda de amparo, es menester precisar del análisis integral de la demanda de amparo, a que este órgano jurisdiccional está obligado, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: 1) Legislatura del Estado de Querétaro, 2) Gobernador del Estado de Querétaro, 3) Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro; 4) Secretario de Finanzas del Estado de Querétaro; 5) Presidente Municipal del Municipio de Querétaro; y, 6) Director de Finanzas del Municipio de Querétaro. Asimismo, que los actos reclamados los hace consistir en: El proceso legislativo origen de los preceptos legales encargados de regular la inscripción de derechos registrales; La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en los documentos que menciona en su demanda. Fijado lo anterior, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de que rige el Juicio Constitucional, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por otra parte, debe decirse que por lo que hace a los actos reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro; Secretario de Finanzas del Estado de Querétaro; Presidente Municipal del Municipio de Querétaro; y, Director de Finanzas del Municipio de Querétaro, consistente en el cobro de las contribuciones cuya constitucionalidad se impugna, el presente controvertido deviene improcedente. Ello es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, del que se advierte que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, por lo que de existir jurisprudencia que prevea la improcedencia del juicio de amparo, ésta resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional. En el caso, existe jurisprudencia que establece que la autoliquidación de contribuciones no es imputable a las autoridades exactoras, tal como se advierte de la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367 del tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por ende, al actualizarse una causa de improcedencia derivada de la existencia de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por lo que atañe a los actos atribuidos al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro; Secretario de Finanzas del Estado de Querétaro; Presidente Municipal del Municipio de Querétaro; y, Director de Finanzas del Municipio de Querétaro. Además, debe destacarse que esta decisión no causa agravio jurídico alguno a la autoridad ejecutora, toda vez que no se afecta acto alguno que hayan emitido y en términos del artículo 87 de la Ley Reglamentaria, tratándose de juicios de amparo contra leyes, sólo las autoridades encargadas de la promulgación de la norma están facultadas para defender su constitucionalidad, ya que la autoridad recaudadora sólo está facultada para interponer el recurso de revisión cuando controvierta el efecto dado al fallo protector que la vincula, tal como se desprende de la jurisprudencia de rubro "REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA." (2a./J. 11/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1243); ya que tampoco tiene legitimación cuando aduzca causales de improcedencia, como deriva del diverso criterio del Tribunal Pleno, de rubro "REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." (Tesis: 2517, Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Materia Constitucional, página 1750). De ahí que, si no se le reconoce legitimación a la autoridad recaudadora en todos los casos para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva, tratándose de proveídos de trámite impugnables en queja, no se materializa acto alguno que le cause un perjuicio actual y cierto en su esfera jurídica. Por tanto, la eventual afectación al erario con el dictado de la sentencia concesoria, es un acto futuro e incierto, razón por la cual es innecesario tenerlas en este juicio como autoridades responsables, pues no se les ocasiona agravio jurídico alguno hasta este momento. Sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia de rubro "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." (2a./J. 128/2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 235), así como la de diversa de epígrafe "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." (2a./J. 11/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 659); sin embargo, la primera se emitió con anterioridad a la expedición de la jurisprudencia citada en párrafos precedentes; en tanto que la segunda de las invocadas, se refiere al supuesto en que no se reclame la norma por vicios propios sino sólo el acto de aplicación, caso en el que debe llamarse a la ejecutora para que haga valer lo que a su interés convenga, esto es, también para combatir los efectos del fallo de amparo, supuesto que no es el de la especie pues sí se controvirtió la constitucionalidad de las normas impugnadas, y se está en el supuesto de la afectación futura e incierta, no inminente. V. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda contra actos de la Legislatura y Gobernador ambos del Estado de Querétaro, por cumplir con los requisitos que establece la Ley de Amparo. Asimismo, se precisa que en el presente juicio de amparo se tramitará bajo las reglas previstas en el numeral 118 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados provienen de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia temática. VI. Incidente de suspensión. No se está en el caso de formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. VII. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto de autoridad que se reclama, en el caso, no hay persona a la que asista el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de la Materia. VIII. Audiencia constitucional. En consecuencia, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. En el entendido de que dicha audiencia se llevará a cabo sin público, al margen de que subsista la posibilidad de ofrecer pruebas de conformidad con lo que establece el numeral 119 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado electrónicamente, y de forma física sólo en casos urgentes, además de que de acuerdo al artículo 124 de la misma ley, los alegatos pueden formularse de la manera antes indicada, todo ello con la oportunidad debida a la fecha señalada; máxime que en el supuesto de las objeciones respectivas, ello daría lugar a la suspensión del procedimiento. IX. Diferimiento de audiencia constitucional. Se entera a las partes que el señalamiento de una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se realizará por lista, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista, en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para la autoridad responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, toda vez que mediante la notificación personal es informada en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, y si entre ellos no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. X. Informes justificado. Con fundamento en el artículo 116 y 118 de la Ley de Amparo, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables mismas que deberán rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley, lo anterior, por que como se especificó en párrafos previos, las normas combatidas ya fueron declaradas inconstitucionales por jurisprudencia en este caso, y la Ley de Amparo autoriza el trámite de manera sumaria. XI. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. XII. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, y dada la emergencia sanitaria que prevalece, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XIII. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XIV. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 23 fracción II del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XV. Requiere por constancias sobre la actualización de causal de improcedencia. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XVI. Intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda; lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, pues para el presente asunto así lo prevé el ordinal 26, fracción II, inciso c), de la referida ley. XVII. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de la parte quejosa: 1) la documental que anexó a su demanda de amparo, 2) las presuncional legal y humana; y, 3) la instrumental de actuaciones; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. XVIII. Prueba de informes. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio, se admite la prueba de informes que solicita a cargo del Notario Público Titular de la Notaría Pública Número ********* con ejercicio en esta ciudad de Querétaro, en los términos propuestos, debiendo exhibir copia certificada de la escritura pública origen del acto reclamado; por tanto, requiérase a dicho fedatario para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto cumpla con lo solicitado. Asimismo, se requiere a dicho fedatario para que el ocurso por el que desahogue el presente requerimiento, lo presente de manera física a través de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, no así por correo electrónico. De no contar con esa información, manifieste la imposibilidad jurídica que tenga para tal efecto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.32/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 721 del tomo XXIX, Abril 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Correspondiente a la Novena Época, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME SOLICITADO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO, SOBRE ALGUNA CIRCUNSTANCIA DESCONOCIDA PARA LAS PARTES, ES EQUIPARABLE A UNA TESTIMONIAL.". XIX. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, o bien omitiere cumplir con algún inciso, en términos de los artículos 237 y 238 de la ley de la materia, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. XX. Se hace del conocimiento. Hágase saber a la parte quejosa que, en caso de obtener sentencia favorable en el presente asunto, y con miras a lograr la simplificación y eficacia en el trámite de ejecución de este expediente, desde este momento, se encuentra en aptitud de solicitar ante este órgano jurisdiccional que el reintegro de la cantidad que pudiera serle devuelta, sea a través de una transferencia electrónica bancaria, en cuyo caso, deberá por escrito y bajo protesta de decir verdad elevar expresamente su petición, proporcionando los siguientes datos; razón social o nombre del beneficiario y título de la cuenta, Registro Federal de Contribuyentes, Entidad Federativa, Municipio, ciudad, colonia, calle, número exterior, interior y letra, código postal, teléfono, fax, correo electrónico, banco, número de cuenta y clabe interbancaria (dieciocho dígitos), la cual tendrá que corresponder forzosamente a la parte quejosa, acompañando además el documento que lo avale; a efecto de que la autoridad exactora se encuentre en posibilidad de realizar el depósito correspondiente. En el entendido de que la anterior determinación atiende al elevado cúmulo de expedientes que ante este órgano jurisdiccional se tramita en etapa de ejecución de sentencia, donde el uso de la tecnología disminuye significativamente el empleo de recursos materiales y humanos; lo cual, va acorde con el espíritu de la Ley de Amparo, en la que se contemplan figuras como la notificación y firma electrónica, cuyo fin precisamente es la sistematización en el trámite de los juicios. Asimismo, se aclara a la autoridad responsable que sólo en el caso de que este juzgado le proporcione dicha información, podrá proceder a realizar el reintegro por la vía anotada, pues previo a ello, debe verificarse la veracidad de la información proporcionada y así constatar que sea efectivamente la parte quejosa quien reciba la cantidad requerida. XXI. Autorizada para oír y recibir notificaciones. Como solicita la parte quejosa, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, por acreditar que cuentan con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que para tal efecto señala, por así haberlo solicitado expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XXII. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones electrónicas). Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, en relación con el artículo 30, de la Ley de Amparo, como lo previsto en los numerales 6, 34, 35, 55 y 57 Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "*******", para consultar de forma electrónica el expediente en que se actúa, por así haberlo solicitado de manera expresa. En tal virtud, hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese a los autos la constancia respectiva. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Así mismo, de conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, se autoriza notificar de manera electrónica a la parte quejosa las resoluciones que se dicten en el juicio, únicamente las de carácter personal. XXIII. Domicilio de contacto. Por otro lado, si bien señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********, éste únicamente se tiene como lugar de contacto, en caso de que no sea factible llevar a cabo las notificaciones electrónicas que al efecto solicita en el ocurso de demanda. XXIV. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XXV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados.
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