Juan Daniel Terrero Vázquez

Expediente 617/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
617/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Daniel Terrero Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.

  3. Principal

    SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de Autoridad. Mediante proveído de dieciséis de agosto del año en curso, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable*** por lo que resulta innecesario pronunciarse respecto de la existencia de los actos que se le atribuyeron. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede*** PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, por conducto de su Director General Jurídico; 2. Fiscal General del Estado de Veracruz, por conducto de su Subdirector de Amparo, Civil y Penal, ambos con residencia en Xalapa; 3. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, por sí, y en representación de sus homólogos 4. Licenciada María Andrea García Zavaleta, 5. Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato y 6. Licenciada Janet Pérez Caro; 7. Licenciado Ignacio de Jesús Fernández Ortega, Juez Ejecutor de Sentencia de dicho Juzgado de Proceso, todos con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz; y 8. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz; así lo manifestaron expresamente al rendir su respectivo informe justificado. El quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar tales negativas; razón por la cual se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el acuerdo de admisión se hizo del conocimiento de las partes que se requería de su consentimiento para permitir el acceso a la información confidencial, esto es, la publicación de sus datos personales, con la prevención de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*** respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero del presente fallo, por los motivos expuestos en este último. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Incidental

    SEGUNDO. Mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable 9. Inspector y Encargado de la Policía Federal, con sede en Córdoba, Veracruz. TERCERO. El 8. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz*** Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, por sí y en representanción de sus homólogos*** 1. Director General Jurídico y Representante legal del Secretario y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la 2. Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia del acto que se les reclama. La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de dichas autoridades responsables, razón por la cual se niega la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo*** CUARTO. El 7. Juez Ejecutor de Sentencia del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, fue omiso en rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificado del oficio en el cual se le solicitó, según se advierte del acuse de recibo que obra en autos; de ahí que se presuman ciertos los actos que se le reclaman. Por tanto, con fundamento en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, la suspensión se otorga condicionando sus efectos en los siguientes términos: Si el delito atribuido al quejoso es de aquellos en que procede decretar prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva se concede para el único efecto de que el peticionario de amparo, Juan Daniel Terrero Vázquez, quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal en el lugar que se destine para su reclusión, y a la de la autoridad que conoce de su proceso para la continuación del procedimiento penal, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se emita en el expediente principal del cual deriva el presente incidente. En cambio, si dicho ilícito es de aquellos que no implican prisión preventiva oficiosa, con apoyo en el citado numeral 166, fracción II, de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva se concede para el efecto de que, de obtener su libertad respecto de la causa penal*** del índice de este Juzgado, por el cual se encuentra recluido el quejoso*** no sea detenido con motivo de la orden de aprehensión aquí reclamada; ello hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se emita en el expediente principal del cual deriva el presente incidente. En el entendido de que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; si el peticionario del amparo es sorprendido en flagrante delito o se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional; si la orden es librada por autoridad judicial distinta a la señalada como autoridad responsable o si es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda. REQUISITO DE EFECTIVIDAD (MONTO DE LA GARANTÍA). Para el caso de que el quejoso obtenga su libertad respecto de la causa penal*** del índice de este Juzgado, por la cual se encuentra recluido, y el ilícito por el que se dictó la nueva orden de captura reclamada, sea de aquéllos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, el artículo 168 de la Ley Reglamentaria del juicio de amparo prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía, la que deberá fijarse tomando en consideración*** La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute*** Las características personales y situación económica de la quejosa*** La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos, pues el quejoso en su demanda de amparo no proporciona datos fidedignos respecto al delito o delitos que se les atribuyen, y no puede obligárseles a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos el inculpado no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye, sino hasta el momento en que se le detiene. Por lo que al reunirse los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva solicitada surte sus efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si el quejoso no otorga garantía en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, a satisfacción de este Juzgado de Distrito, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, moneda nacional), misma que se fija tomando en consideración la naturaleza de la violación reclamada. Dicha garantía deberá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas en la ley. Si el promovente exhibe billete de depósito deberá procurar que el mismo sea expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el entendido de que al llenar el rubro denominado concepto deberá especificar que se exhibe "para que surta sus efectos la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 617/2022", o en cualquiera de las demás formas establecidas por la ley, A NOMBRE DEL DIRECTO QUEJOSO COMO DEPOSITANTE, ante y a satisfacción de este Juzgado. En caso de ser póliza de fianza, deberá de ser a disposición de este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado. Asimismo, de conformidad con los artículos 174, 175 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía respectiva deberá comprometerse, para el caso que sea necesario hacerla efectiva, al trámite previsto en el artículo 278 de ese ordenamiento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 166, fracción II, del ordenamiento legal en cita, se previene al quejoso para que, de obtener su libertad respecto de la causa penal*** del índice de este Juzgado, por la cual se encuentra recluido, se presente ante la autoridad responsable que corresponda, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído para la continuación del procedimiento de donde derivan los actos reclamados, debiendo acreditar con la constancia respectiva en la que se advierta el sello de la autoridad responsable el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del mismo plazo al que se hizo alusión con anterioridad, esto es, tres días hábiles. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del Erario Federal y se dejará a la autoridad responsable en completa aptitud de ejecutar los actos reclamados. A fin de poder determinar lo conducente conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva, con fundamento en dicho precepto, se requiere al juez responsable, para que en el término de cuarenta y ocho horas, informe el incumplimiento del quejoso de comparecer a la continuación del procedimiento de donde derivan los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve*** PRIMERO. Se NIEGA al quejoso*** la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, y por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. Se CONCEDE al quejoso*** la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando cuarto y para los efectos expuestos en el mismo. Notifíquese

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