Juan Daniel Servín Núñez
Expediente 903/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Daniel Servín Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de septiembre de este año, por el que se desechó la demanda de amparo presentada por ******, sin que se haya hecho valer el referido medio de impugnación; en consecuencia, se declara firme dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar y se ordena el archivo como asunto terminado. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se considera que este expediente es susceptible de ser destruido, en términos del artículo 21, inciso b), de dicha disposición. De la misma manera, se considera que este expediente no tiene relevancia documental para ser resguardado y no se ubica dentro de las hipótesis del artículo 15 del acuerdo mencionado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, a través del cual, en atención a la prorroga concedida en proveído de veinte de septiembre del año en curso, informa que mediante oficio número 2414/2021 (folio 14620), remitió copia certificada de todo lo actuado en el juicio oral mercantil 454/2021, de su índice. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de lo informado, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento toda vez que en acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso se tuvieron por recibidas dichas constancias.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte se habilitó la notificación electrónica al quejoso respecto del acuerdo de veintidós de septiembre de este año, no obstante, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no generó la constancia de notificación respectiva. En esas condiciones, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso y tener la certeza de la fecha en que se notificó el proveído de referencia, se ordena realizar nuevamente la respectiva notificación del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, que es del tenor siguiente: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual el quejoso Juan Daniel Servín Núñez desahoga la prevención formulada en auto de nueve de septiembre de este año. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En ese sentido, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el acto reclamado, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De los artículos y fracciones antes señalados se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Ahora, respecto del tema, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalecía la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no definía el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Al caso se invoca la tesis IV.2o.C. J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, página 1539, de la Décima Época, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En ese contexto, el acto consistente en la sentencia interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, en el juicio oral mercantil 454/2021, que declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el actora ahora promovente del amparo contra el proveído de once de agosto de ese mismo año, en el cual se ordenó dejar sin efectos el emplazamiento de los demandados en ese sumario -Guillermo Antonio Morales Varela y Flor Ivonne Gutiérrez Vidal- al contener vicios formales en las diligencias, es una violación intraprocesal, que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si el afectado obtiene sentencia favorable y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal impugnable en los términos de los artículos 171 y 172 de la Ley de la materia, a través del amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), página 11, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En este sentido, dicha resolución no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues ella, no incide sobre derechos sustantivos del quejoso, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues de tal decisión no depende la suerte de todo el juicio de origen, ni conllevan la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; ya que son violaciones procesales que no son de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque las afectaciones o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por tanto, la resolución reclamada resulta una violación procesal cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable; es decir, el perjuicio formal que hubieran podido originar el acto reclamado desaparecerá de obtener una sentencia favorable en la acción principal que intenta en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad, por lo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Apoya en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VIII, de Mayo de 2012, tomo 1, página 741, de la Décima Época, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL)." Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda presentada por Juan Daniel Servín Núñez, por notoriamente improcedente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio con un anexo de cuenta, mediante el cual el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite las constancias relativas al finiquito entregado al quejoso. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con tales constancias, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector; apercibido que en caso de ser omiso dentro del término para ello concedido, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Finalmente, atento a lo anterior cancélese el envío del oficio ordenado en auto de veinte de septiembre del presente año, en el que se solicitó al Subdelegado de Prestaciones Económicas en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cumplimiento al fallo protector.
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