Juan Daniel Requenes Esquivel
Expediente 436/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Juan Daniel Requenes Esquivel
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, a través el cual hace del conocimiento que mediante proveído de cinco de junio del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, en virtud a la competencia planteada por este juzgado de Distrito. Se ordena archivo. Notifíquese.
- Principal
CONFORME AL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL AL RECINTO OFICIAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTTRÉS .
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por LUCIA REQUENES ESQUIVEL, apoderada jurídica del directo quejoso JUAN DANIEL REQUENES ESQUIVEL, contra actos de este juzgado federal y otras autoridades, se ordena registrar electrónicamente en el Libro Uno: Registro de Juicios de Amparo, bajo el número 436/2023-II, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) que se lleva en este tribunal para tal efecto. INCOMPETENCIA De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el vocablo competencia proviene del latín competentia, que se refiere a la disputa o contienda entre dos o más sujetos sobre alguna cosa. Incumbencia. Aptitud, idoneidad. Atribución legítima a un Juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. El Diccionario Espasa Jurídico define la competencia como presupuesto del proceso consistente en la "cualidad de un órgano jurisdiccional que le permite o le exige conocer válidamente de un tipo de asuntos y tener preferencia legal respecto de otros órganos jurisdiccionales, para conocer de un litigio o causa determinados". Esa cualidad se posee como consecuencia de la aplicación de un conjunto de criterios que deben constar en una norma positiva de rango legal. En un sentido jurídico general, se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En un sentido más preciso, dentro de la teoría general del proceso, la competencia obedece a razones prácticas de distribución de la actividad juzgadora entre los distintos organismos judiciales. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, es un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla. Por este motivo, como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. Los criterios delimitadores de la competencia, consideran los siguientes: 1. Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. 2. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. A dicho ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. Ámbito que es determinado actualmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los acuerdos generales que al efecto emite. 3. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. Sobre lo anterior, no cabe duda que la suscrita juzgadora resulta legalmente incompetente para conocer de la acción constitucional de trato, con sujeción a las siguientes consideraciones: Los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Así mismo, el numeral 48 de la legislación reglamentaria de la materia, dice: Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Del segundo precepto legal transcrito, se desprende una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que será competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra un juez de amparo de la misma materia de un distrito: a).- Otro Juez de la misma categoría dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario; b).- El más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, c).- En el caso que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. En congruencia con lo anterior, advirtiéndose del líbelo de amparo que el accionante constitucional señaló como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces Primero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en Materia Penal de este Cuarto Circuito, incluyendo a este órgano jurisdiccional, resulta de manera evidente la incompetencia legal para conocer del presente asunto. Por consiguiente, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, de plano se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por LUCIA REQUENES ESQUIVEL, apoderada jurídica del directo quejoso JUAN DANIEL REQUENES ESQUIVEL, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables. En esas condiciones, sin acordar respecto de la suspensión provisional que se solicita, en virtud de que no se reclaman actos relativos al artículo 17 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento, además, en lo preceptuado por el dispositivo legal 48 de la Ley de Amparo; remítase mediante oficio el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila, para que conforme al sistema computarizado, lo turne al Juzgado de Distrito correspondiente, por ser los más inmediatos dentro de la jurisdicción de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Materia Penal a que pertenece éste órgano jurisdiccional, previo cuaderno de antecedentes que se deje, para los efectos legales conducentes y, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J.44/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Materia Común, que dispone: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito.". De igual forma resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 88/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Penal, Novena Época, que literalmente reza: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato.". Hecho que sea lo anterior, solicítese acuse de recibo correspondiente. HABILITACIÓN DE HORARIO. Para la celeridad del procedimiento, se habilitan desde ahora y para las subsecuentes notificaciones de carácter personal, los días y horas inhábiles en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de amparo. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el que señala la promovente en su proemio, asimismo conforme al numeral 12 de la ley de Amparo a SABINO MATA HERNANDEZ y conforme al numeral 24 párrafo segundo de la citada ley al resto de las personas que refiere. REQUERIMIENTO DE TELÉFONO MÓVIL Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que, si lo estiman conveniente, proporcionen un número de teléfono móvil (con servicio de mensajería instantánea "Whatsapp") o una cuenta de correo electrónico, para el único efecto que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En aras de una administración pronta y expedita de la Justicia, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que las partes autorizadas en el presente juicio, obtengan la reproducción de las actuaciones judiciales que obren en el presente expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este. LINEAMIENTOS PARA LAS NOTIFICACIONES. Se instruye a los Actuarios de este juzgado que para realizar las notificaciones utilicen los medios más expeditos previstos por la legislación correspondiente, para lo cual deberán privilegiar el uso de las herramientas tecnológicas. Asimismo, en caso de que resulte necesario llevar a cabo diligencias de manera personal, éstas deberán efectuarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por las dependencias del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En lo que respecta a la solicitud de que se autorice la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto; al efecto y, de conformidad con el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; comuníquese que se autoriza la revisión y seguimiento de este asunto, con el usuario "MATAHERNANDEZ68" lo anterior, atento a lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano de control jurisdiccional, proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como el 3°, del Acuerdo 12/2020 reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la integración del expediente electrónico, conforme a las bases establecidas en el último precepto legal. En el entendido que no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del citado acuerdo 12/2022, reformado por el acuerdo en mención en el párrafo que precede, las cuales son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier otro tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una Integración del expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263, del indicado Acuerdo General, este órgano jurisdiccional a partir de esta data adoptará, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en los asuntos, la actuación desde la aplicación del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de dar debido cumplimiento a lo establecido por el artículo Sexto Transitorio del mencionado Acuerdo, donde se establece que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esa vía, en ese tenor a partir de esta data, las determinaciones judiciales solo constarán en forma electrónica, conforme a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; III. La única excepción a lo dispuesto en las fracciones I y II del presente artículo será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y V. Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Se hace del conocimiento de las partes en términos del artículo 3° de la Ley De Amparo y del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en lo estipulado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los ordinales 5, 7, 8, tercer párrafo y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, omítanse el nombre y datos personales de las partes en las resoluciones públicas y demás publicaciones que se difundan por medios electrónicos, aún y cuando no hayan manifestado por escrito su oposición, en la inteligencia que dicha supresión no debe impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente.
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