Juan Daniel Pérez Acosta

Expediente 542/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
542/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Daniel Pérez Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara contra el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que el auto de referencia, ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin emitirse pronunciamiento al respecto por no haberse tramitado. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante José Lauro Castillejos Matuz, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Juan Daniel Pérez Acosta, presentada en la modalidad en línea electrónica, sin evidencia criptográfica y promovida en contra de los actos que reclama al Fiscal General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otras autoridades. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 542/2021-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente atribuye de las autoridades señaladas como responsables: ORDENADORAS: (1) Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. (2) Fiscalía de Distrito Selva, con residencia en Palenque, Chiapas. EJECUTORAS: (3) Dirección General de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad, (4) Comandancia Regional Selva de la Dirección de la Policía Especializada Director, con sede en Palenque, Chiapas. (5) Centro de Procuración de Justicia de Tenosique Tabasco. (6) Comandancia Tenosique de la Policía de Investigación, de Tenosique, Tabasco. A quienes les reclama: "a) De la autoridad ordenadora: La orden de aprehensión dictada en mi contra fuera de todo procedimiento judicial. De la ejecutora: El cumplimiento que pretende dar a dicha orden de aprehensión.(Sic)" Improcedencia de la demanda. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, es procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación conjunta de los preceptos señalados, se advierte que los gobernados pueden presentar promociones por vía electrónica; no obstante, para ello es necesario que dichas promociones se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, la firma es la manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, ésta es un requisito esencial de la demanda al ser el signo, como se dijo, de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En consecuencia, la ausencia de firma electrónica en la demanda trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de la voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. Como apoyo a tal afirmación, cabe indicar que los artículos 6, 10, 16 y 45, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, interpretados de manera conjunta, ponen de manifiesto que para la presentación de las demandas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario el uso de la Firma Electrónica vigente y, además, que los promoventes se registren en el sistema. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, consideró que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Por lo que, si bien del escrito de demanda que se provee, se advierte la imagen de una firma autógrafa, sin embargo, atendiendo a que ésta fue presentada vía electrónica, se concluye que debió anexarse a la misma la evidencia criptográfica de quien promueve. A este respecto, es aplicable la Jurisprudencia V.2o.J/70, visible en la página setenta y tres, del Tomo 68, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, y también con el número de registro 215183, cuyo texto es el siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterio en el sentido de que, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Esto es, la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información, está supeditada a la utilización de una firma electrónica; de modo que, si la promoción de cuenta se presentó vía electrónica sin cumplir con dicho requisito, entonces es equiparable a un escrito sin firma. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia P./J.8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril 2019, tomo I, página 69, con número de registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Sin que nos encontremos ante el caso de excepción que prevé el artículo 3°, de la Ley de Amparo en el sentido que será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva contra actos previstos en el artículo 15 de la propia ley; es así, ya que el acto del que se duele es la orden de aprehensión y si bien dice que fue dictado fuera de procedimiento; lo cierto es, que este tipo de resoluciones son dictados dentro de un procedimiento, por lo que no nos encontrados en el caso de exclusión previsto en el referido artículo 3° de la ley de la materia. IV. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación el diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se analiza. V. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VI. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en: Avenida Boulevard Belisario Domínguez, tres mil ciento treinta y cuatro, local cuatro, letra "P", planta alta, Plaza San Luis, Colonia Los Tulipanes, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos amplios que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a José Raúl Suárez Domínguez y Juan Francisco Quevedo Plaza, toda vez que tiene registrada su respectiva cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos a que alude el dispositivo en mención a José Salvador Canto Ruiz, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, solamente se toma nota del número telefónico 9341003962, que proporciona, al ser un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes; sin embargo, conforme lo dispone el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 1/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los órganos jurisdiccionales adicionalmente pueden hacer uso de dicho medio de comunicación. VII. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68, y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. VII. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista; la demanda de amparo promovida por Juan Daniel Pérez Acosta, presentada en la modalidad en línea electrónica, sin evidencia criptográfica y promovida en contra de los actos que reclama al Fiscal General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otras autoridades. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 542/2021-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente atribuye de las autoridades señaladas como responsables: ORDENADORAS: (1) Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. (2) Fiscalía de Distrito Selva, con residencia en Palenque, Chiapas. EJECUTORAS: (3) Dirección General de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad, (4) Comandancia Regional Selva de la Dirección de la Policía Especializada Director, con sede en Palenque, Chiapas. (5) Centro de Procuración de Justicia de Tenosique Tabasco. (6) Comandancia Tenosique de la Policía de Investigación, de Tenosique, Tabasco. A quienes les reclama: "a) De la autoridad ordenadora: La orden de aprehensión dictada en mi contra fuera de todo procedimiento judicial. De la ejecutora: El cumplimiento que pretende dar a dicha orden de aprehensión.(Sic)" Improcedencia de la demanda. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, es procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación conjunta de los preceptos señalados, se advierte que los gobernados pueden presentar promociones por vía electrónica; no obstante, para ello es necesario que dichas promociones se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, la firma es la manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, ésta es un requisito esencial de la demanda al ser el signo, como se dijo, de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En consecuencia, la ausencia de firma electrónica en la demanda trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de la voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. Como apoyo a tal afirmación, cabe indicar que los artículos 6, 10, 16 y 45, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, interpretados de manera conjunta, ponen de manifiesto que para la presentación de las demandas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario el uso de la Firma Electrónica vigente y, además, que los promoventes se registren en el sistema. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, consideró que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Por lo que, si bien del escrito de demanda que se provee, se advierte la imagen de una firma autógrafa, sin embargo, atendiendo a que ésta fue presentada vía electrónica, se concluye que debió anexarse a la misma la evidencia criptográfica de quien promueve. A este respecto, es aplicable la Jurisprudencia V.2o.J/70, visible en la página setenta y tres, del Tomo 68, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, y también con el número de registro 215183, cuyo texto es el siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterio en el sentido de que, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Esto es, la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información, está supeditada a la utilización de una firma electrónica; de modo que, si la promoción de cuenta se presentó vía electrónica sin cumplir con dicho requisito, entonces es equiparable a un escrito sin firma. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia P./J.8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril 2019, tomo I, página 69, con número de registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Sin que nos encontremos ante el caso de excepción que prevé el artículo 3°, de la Ley de Amparo en el sentido que será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva contra actos previstos en el artículo 15 de la propia ley; es así, ya que el acto del que se duele es la orden de aprehensión y si bien dice que fue dictado fuera de procedimiento; lo cierto es, que este tipo de resoluciones son dictados dentro de un procedimiento, por lo que no nos encontrados en el caso de exclusión previsto en el referido artículo 3° de la ley de la materia. IV. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación el diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se analiza. V. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VI. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en: Avenida Boulevard Belisario Domínguez, tres mil ciento treinta y cuatro, local cuatro, letra "P", planta alta, Plaza San Luis, Colonia Los Tulipanes, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos amplios que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a José Raúl Suárez Domínguez y Juan Francisco Quevedo Plaza, toda vez que tiene registrada su respectiva cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos a que alude el dispositivo en mención a José Salvador Canto Ruiz, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, solamente se toma nota del número telefónico 9341003962, que proporciona, al ser un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes; sin embargo, conforme lo dispone el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 1/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los órganos jurisdiccionales adicionalmente pueden hacer uso de dicho medio de comunicación. VII. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68, y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. VII. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta.

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