Juan Daniel Maldonado Antonio
Expediente 1296/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/01/2022
Partes del expediente
- Juan Daniel Maldonado Antonio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida el trece de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 27 a 33), en el presente juicio de amparo 1296/2021-IV; por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad responsable, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo en vigor, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del fallo afectara el acto que le fue reclamado, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1296/2021-IV, promovido por Juan Daniel Maldonado Antonio, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Con el escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Juan Daniel Maldonado Antonio promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se indican. Autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión de la calificación de pruebas de audiencia de fecha 21 de febrero del 2020, demanda planteada por los suscritos en contra de la empresa denominada TRIDONEX, S. DE R.L. de C.V., recibida en oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, y en la cual se demanda el despido injustificado del que fuimos objeto, reclamado la instalación en nuestro trabajo en los términos en que viniéramos desempeñando hasta la fecha en que fuimos despedidos injustificadamente, además del pago de diversas prestaciones inherentes a dicho despido, sin que hasta la fecha se haya realizado lo necesario por la autoridad responsable para la substanciación del juicio en términos de lo que dispone el artículo 685 y 880 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio hasta su conclusión en términos de lo disputo por dicho ordenamiento legal." (Sic) Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto emitido el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó formar expediente; se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consisten en: a) La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, a la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte dentro del expediente administrativo laboral 750/E06/2019. No escapa para este Juzgado de Distrito que la quejosa señala también como acto destacado: ".la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 685 y 880 fracción IV del ordenamiento legal en cita, y la substanciación del juicio hasta su conclusión en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro el procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo, los actos que aquí se analizarán se delimitaron en función de los mismos, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado precisó que no es cierto el acto reclamado dentro del expediente laboral 750/E06/2019, toda vez que había reservado el auto de calificación de pruebas dentro del juicio laboral de origen, dada la excusa para conocer de dicho asunto y la remisión del mismo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para ser calificada, motivo por el cual se encontraba imposibilitada para acordar en el citado juicio; sin embargo, tanto del informe como del documento anexo se desprende que contrario a ello, al presentarse la demanda el acto sí era cierto, ya que no se había dictado proveído de admisión de pruebas dentro del expediente laboral de origen. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados para efectos de este juicio. CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la legislación de la materia. Así las cosas, no habrá de analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, ni los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, toda vez que, de oficio, este juzgador advierte que se actualiza una causal de improcedencia. En efecto, quien ahora resuelve estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer lo conducente en relación a las pruebas ofrecidas dentro del expediente administrativo laboral 750/E06/2019, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la legislación de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación) y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Lo anterior tiene sustento en la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 165870, en el Portal de Internet del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Importa señalar que en el primero de los supuestos en cita, los efectos del acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del justiciable al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia al caso en particular, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, con registro 196820, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, consiste, en esencia, en la omisión de proveer lo conducente en relación a las pruebas ofertadas dentro del expediente administrativo laboral 750/E06/2019. Sin embargo, de la copia certificada anexada al informe justificado rendido por la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, se advierte que dentro del expediente administrativo laboral 750/E06/2019, el día siete de octubre de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo correspondiente a las pruebas ofertadas por las partes, de cuya omisión de pronunciarse se dolía el aquí agraviado; de igual manera, este órgano de control constitucional puede observar, que en el mencionado auto la autoridad responsable señaló hora y fecha para el desahogo de las mismas. Documental a la que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Con base en lo anterior, se puede apreciar que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de proveer lo conducente en relación a las pruebas confesional y testimonial, que ofreció dentro del expediente administrativo laboral 00985/E06/2019, ha quedado sin efectos, puesto que el día nueve de noviembre del año en curso, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, acordó lo correspondiente, lo que se demuestra con el medio de convicción allegado al informe justificado, en donde este órgano de control constitucional puede observar, que la autoridad responsable fijó las datas correspondientes para el desahogo de los multicitados medios de convicción. En consecuencia, se advierte con claridad que ha dejado de tener efectos el acto reclamado, pues la autoridad ha emitido el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por la parte actora, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, debe sobreseerse en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por la razón que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que consta en la foja 1343, del tomo XXX, octubre de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se: ÚNICO. Se sobresee en el juicio constitucional promovido por Juan Daniel Maldonado Antonio, respecto de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, con base en los razonamientos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y el anexo que adjuntó al mismo; en tal razón, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; de igual manera, téngase a la autoridad responsable cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del invocado precepto legal, pues remite copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar su informe. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado rendido por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas "1", con residencia en Ciudad Victoria; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva mención del mismo en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la citada autoridad designando como delegados en términos del artículo 9° de la legislación de la materia y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, los que refiere en el informe de cuenta. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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