Juan Daniel Luna Berrones

Expediente 142/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
142/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Juan Daniel Luna Berrones

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA V SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo formulada por Juan Daniel Luna Berrones contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este juzgado con el número 142/2018-III-A. DESECHAMIENTO Ahora, importa conocer lo que se plasma en el ocurso inicial, para determinar lo conducente y para ello, es pertinente señalar que el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, permite a esta juzgadora tomar en cuenta, hechos que aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, sean lo bastante notorios e importantes para resolver una cuestión judicial determinada. En el caso, se advierte del libro de gobierno de este juzgado el diverso juicio de amparo, expediente 1054/2017-II-A, promovido por Juan Daniel Luna Berrones contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira. Es importante resaltar que en dicho sumario constitucional, el ahí impetrante reclamó la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el expediente ****, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira. La demanda en cuestión fue admitida por auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y tramitadas todas las etapas procesales, por sentencia autorizada el veintiocho de diciembre del mismo año, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que la responsable: a) Dejará insubsistente la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio sumario civil ***. b) Con plenitud de jurisdicción dictará una nueva resolución, la cual podrá ser en un diverso sentido o en el mismo, pero purgando los vicios a que ya se hizo referencia en esta resolución, esto es, deberá fundar y motivar debidamente su determinación. c) De considerar improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete emitido en el controvertido de origen, deberá abstenerse de realizar pronunciamientos en torno al fondo del asunto. Dicha determinación causo ejecutoria el veintitrés de enero del presente año. Así, mediante oficio 289, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, remitió a este juzgado federal resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, pronunciada en el expediente ****, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, mediante acuerdo de esta propia data (diecinueve de enero de dos mil diecisiete), se tuvo de por no cumplida la sentencia en el citado juicio de amparo, determinando que la responsable no acató la ejecutoria de amparo con las decisiones que remitió para tal efecto. De ahí que se le requirió de nueva cuenta, para que en el plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en aquél juicio de derechos fundamentales. Hecha la anterior relación de constancias, debe decirse que el escrito inicial y las aclaraciones pertinentes, así como sus anexos correspondientes, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar su alcance y contenido. Así, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama precisamente la resolución de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, pronunciada en el expediente 111/2017, misma que como se advierte de lo establecido en párrafos precedentes, fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el expediente 1054/2017-II-A del índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo, tal determinación quedara sin efectos, y en su lugar se dictara una nueva, lo cual implica que la resolución reclamada en la demanda que da origen a los presentes autos será substituida por una nueva. Por ende, esta juzgadora considera que en el presente asunto, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual establece:. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa violada se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En ese orden, es importante recordar que la referida resolución aquí reclamada fue emitida en cumplimiento al fallo protector dictado por este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo 1054/2017-II-A, de su registro; así como que, por auto de esta misma data no se tuvo por cumplida dicha sentencia, lo cual invariablemente provoca que se continúe con el procedimiento de cumplimiento en aquel juicio. Por consiguiente, es inconcuso que se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a este juicio de amparo, en tal virtud la responsable emitirá una nueva resolución donde se pronuncie en torno a los aspectos materia de concesión. Lo anterior, dado que la autoridades responsable está obligada a cumplir la ejecutoria, por regla general, dentro de los tres días siguientes a su notificación -salvo que se le conceda un término mayor-, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, cuyos primer y segundo párrafo prevén:. En tal contexto, se impone concluir que el objeto material de los actos reclamados ha dejado de existir, en tanto que, por las razones apuntadas, ya no podrán concretarse sus consecuencias en perjuicio del aquí quejoso; esto es, no pueden surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, puesto que aun cuando el acto reclamado subsiste, como en su caso es la resolución de veintiséis de enero del presente año, dentro del expediente ***, lo cierto es que dicho acto ya no surte efectos legales en la esfera jurídica del agraviado, pues en el procedimiento natural ineludiblemente emitirá una nueva resolución, lo que impide que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Por tanto, en concepto de este órgano de legalidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo anterior, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En consecuencia, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADO Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Jaime Hernández Vicencio, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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