Juan Daniel López Dávila
Expediente 13/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Daniel López Dávila
Actuaciones
- Principal
pral.13/2021 mesa 5 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ****interpusiera recurso de queja contra la resolución de veintidós de enero de este año, por la cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. Considerando que en proveído de veintidós de enero de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
PRAL 13/2021 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Cumplimiento de prevención. Incorpórese a los autos el escrito firmado por el quejoso ****, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de quince de este mes, pues manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el dos de diciembre de dos mil veinte se cerró la instrucción en el juicio laboral J.32/289/2019. Por tanto, es preciso emitir el pronunciamiento relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Improcedencia del juicio de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" Párrafo del que se aprecia que los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, así como aquellos criterios que emitan sus Salas. Caso concreto. Precisado lo anterior, es menester indicar que el quejoso Juan Daniel López Dávila, bajo protesta de decir verdad, manifestó en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, y en el escrito aclaratorio de cuenta, que: El veintidós de abril de dos mil diecinueve, demandó en la vía ordinaria laboral, a la empresa denominada DICONSA, S.A DE C.V. SUCURSAL OAXACA. El siete de enero de dos mil veinte se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El tres de marzo de dos mil veinte se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. El dieciséis de octubre de dos mil veinte se concedió a las partes el término de dos días para formular alegatos por escrito. El diecinueve de octubre del año pasado el ahora quejoso formuló alegatos. El treinta de octubre de dos mil veinte la secretaria de acuerdos de la Junta responsable certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y ordenó dar vista a las partes por el término de tres días hábiles para expresar su conformidad o inconformidad. El dos de diciembre de dos mil veinte se declaró el cierre de instrucción en el juicio laboral J.32/289/2019. A la fecha de la presentación de la demanda de amparo (13/01/2021), la autoridad señalada como responsable no ha dictado el laudo respectivo. Lo anterior, alega, constituye una violación a su derecho de impartición de justicia pronta y tutela jurídica efectiva, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal; por ello, reclama de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 289/2019. c) Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, es necesario destacar que, al resolver la contradicción de tesis 294/2018 entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Plazo que se estableció así, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento, tomando en cuenta que es, precisamente, el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo contempla para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador; cuyo texto dice: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. (...)." Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el uno de marzo de dos mil diecinueve, bajo el registro 2019400, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por tanto, se puede afirmar que el juicio de amparo no será procedente en los casos en que la dilación no exceda los cuarenta y cinco días naturales a que alude la jurisprudencia de observación obligatoria antes transcrita. En el caso, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa, se advierte que presentó la demanda laboral el veintidós de abril de dos mil diecinueve y, agotado el trámite del juicio, el dos de diciembre de dos mil veinte se declaró el cierre de instrucción, encontrándose pendiente el dictado del laudo. En ese sentido, los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo -anterior al Decreto de reforma, adición y derogación publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve-, establecen: "Artículo 885.- Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886.- Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: Se dará lectura al proyecto de resolución a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." Del contenido de los numerales transcritos se advierte que, una vez cerrada la instrucción, la autoridad responsable dispone de un plazo de treinta y tres días para el dictado del laudo; del cual, diez días son para que el auxiliar formule el proyecto de resolución en forma de laudo; cinco días para que, en su caso, cualquiera de los integrantes de la Junta solicite la práctica de diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad; ocho días para que la Junta, con citación de las partes, señale, de ser el caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas; y diez días para que el presidente de la Junta cite a los miembros de la misma para la discusión y votación del laudo. En esas condiciones, resulta evidente que, en el caso, no existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total que haga procedente el juicio de amparo, pues del dos de diciembre de dos mil veinte -fecha del cierre de instrucción- al trece de enero de dos mil veintiuno -presentación de la demanda de amparo-, no había transcurrido el plazo a que se refiere la jurisprudencia previamente citada (45 días naturales), el cual se computa a partir de la fecha en que fenezca el plazo de que dispone la Junta para emitir el laudo (33 días). Sin que sea procedente tomar en consideración el tiempo que transcurrió desde el día en que se presentó la demanda de amparo hasta esta fecha en que se estima cumplida la prevención, ni tampoco el tiempo que podría transcurrir hasta el momento en que la parte quejosa quede notificada de esta determinación o se concluyera el juicio de amparo, pues la existencia del acto reclamado debe apreciarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Libro Núm. 79, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Así, por las consideraciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Juan Daniel López Dávila, por propio derecho. Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica vulnerar el derecho humano de acceso a la justicia, ya que se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo cual, la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Asimismo, se invoca la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 180663 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 3. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 13/2021 mesa 5º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil veintiuno. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el trece de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada el catorce siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por ***, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número ***. Integración del expediente (instrucción al (a la) actuario (a) y secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) y actuario (a) de Juzgado adscrito (a), para que, dentro del sus atribuciones, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Información relevante de la demanda. El quejoso reclama de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 289/2019. Y en los antecedes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que: 1. El veintidós de abril de dos mil diecinueve, demandó en la vía ordinaria laboral, a la empresa denominada DICONSA, S.A DE C.V. SUCURSAL OAXACA. 2. El siete de enero de dos mil veinte se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 3. El tres de marzo de dos mil veinte se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 4. El dieciséis de octubre de dos mil veinte se concedió a las partes el término de dos días para formular alegatos por escrito. 5. El diecinueve de octubre del año pasado el ahora quejoso formuló alegatos. 6. El treinta de octubre de dos mil veinte la secretaria de acuerdos de la Junta responsable certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y ordenó dar vista a las partes por el término de tres días hábiles para expresar su conformidad o inconformidad. En ese sentido es pertinente destacar que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma de mayo de dos mil diecinueve, establece: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley". Del precepto normativo transcrito se advierte que una vez que se concluya el desahogo de pruebas, formulados los alegatos y previa certificación del secretario de que ya no existen pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con la certificación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y en caso que existieran pruebas pendientes por desahogar, se les tendrá por desistidas de las mismas; hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes formulará el proyecto de laudo. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el plazo legal para tal efecto pero, al narrar los antecedentes del acto reclamado, omite manifestar la fecha en que se declaró cerrada la etapa de instrucción en el juicio laboral 289/2019; dato necesario para estar en condiciones de proveer, conforme a derecho, sobre la admisión o, en su caso, desechamiento de la demanda de amparo. Prevención. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias del mismo y bajo protesta de decir verdad, en vía de antecedente del acto reclamado: Indique la fecha en que se declaró cerrada la etapa de instrucción en el juicio laboral 289/2019. Por las razones que contiene, en relación a los antecedentes del acto reclamado que pudieran advertirse del informe que, en caso de admitirse la demanda, rindiera la autoridad responsable, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE". Además, se invoca la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de incumplir con la prevención dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notificaciones vía electrónica. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, tal como lo solicita la parte quejosa, se ordena realizar todas las notificaciones que le correspondan en este juicio de amparo mediante la vía electrónica, a través del usuario proporcionado para ello: "EFRAIN463". Domicilio y autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando también un domicilio físico para recibir notificaciones, pues la solicitud expresa de notificaciones electrónicas sustituye a las diversas, esto es, la práctica de notificaciones mediante el usuario que proporcionó, impide la práctica de notificaciones en un domicilio. Por las razones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mismas que se comparten, se invoca la tesis I.1o.P.34 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". Máxime que tal consideración encuentra apoyo en las disposiciones previstas en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo notificaciones personales y/o entrega de copias autorizadas de manera impresa. De conformidad con el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a Efraín Velásquez Antonio por encontrarse registro a su favor en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y únicamente para recibir notificaciones a la diversa persona, por haberse indicado así expresamente en la demanda. Correo electrónico. En términos del artículo 22, fracción II, del referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico evlasquezefrain463@gamil.com, como medio que, de ser necesario, podrá emplearse para establecer comunicación no procesal y atender la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el invocado acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 11. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Federico de Jesús Díaz Arias, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de diciembre de dos mil veinte, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/3521/2020, de la misma fecha, y firma ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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