JUAN DANIEL JASSO MARTINEZ y Otros.
Expediente 681/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- JUAN DANIEL JASSO MARTINEZ y Otros.
- Juan Daniel Jasso Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL NI OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS. GLÓSESE AL CUADERNO PRINCIPAL. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE AL MISMO COPIA DE ESTE ACUERDO
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa y tercero interesada, la siguiente determinación: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve y remite un anexo en copia certificada de las cédulas de notificación practicadas a Juan Daniel Jasso Martínez y María del Socorro Jasso Martínez, concerniente a la determinación emitida con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19 de su índice. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, particularmente de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman de las autoridades responsables el acto que precisaron de la siguiente manera: "La medida de protección decretada en los autos del expediente CDI/FGE/D01/18996/19, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a persona relacionada con ellos, la cual nos fue notificada mediante los oficios FGE/D0l/243717/06/2019 y FGE/D0I/243795/06/2019, los cuales nos fueron notificados el día 24 de Junio y signado por la Lic. VERÓNICA DE LOS DOLORES DUARTE GUTIÉRREZ, Agente Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de Atención a la Mujer, en donde aparece como supuesta víctima KAREM DE LOS ANGELES PORTILLO MARTÍNEZ.". Ahora bien, el suscrito advierte que con relación a dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI.- Contra actos consumados de un modo irreparable (...)." Es conveniente precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, para lo cual se transcribe el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" Conforme a la fracción XVI, del artículo 61 antes transcrito, es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir a los quejosos en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Ilustra el anterior razonamiento, por identidad de razones, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXII, página 1478, de rubro y texto siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 493, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 326, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho humano, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. En ese orden de ideas, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de derechos en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Acorde con lo anterior, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente -jurídica y materialmente- del derecho que tiene tutelado, y que sostiene le fue transgredido. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Una vez desarrolladas las premisas sobre las que descansa dicha causa de improcedencia, debe recordarse que la parte quejosa promovió el juicio de amparo contra las medidas de protección decretadas por la Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en esta ciudad, en su contra, así como su ejecución. Del informe justificado rendido por la Fiscal responsable, se advierte que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19, con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se dictaron, en contra de los aquí quejosos las medidas de protección a que se refiere el artículo 137, fracciones V y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales son del contenido siguiente: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: . V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;. VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo.". Medidas de protección que, señaló la Fiscal, de conformidad con el artículo 139 del aludido Código, contarían con una temporalidad de sesenta días naturales, los cuales se computaría a partir de que fueran notificadas. Notificación que se ordenó fuera realizada al Secretario General de Seguridad Pública del Estado, y a la víctima Karem de los Ángeles Portillo Martínez, según se aprecia de los resolutivos segundo y tercero de dicha resolución. Cabe destacar que la finalidad de notificar las citadas medidas de protección a la autoridad señalada con antelación, tuvo por efecto que éstas diera cumplimiento a la misma. Ciertamente, por lo que se refiere al Secretario General de Seguridad Pública del Estado, la finalidad estribo en que: "[.] SEGUNDO.- Gírese atento oficio al C. Secretario General de Seguridad Pública del Estado a efecto de que tenga conocimiento que se ha decretado la medida de protección prevista en el numeral 137 fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de la víctima, por lo que deberá girar sus apreciables instrucciones a quien determine con el fin de que establezcan de forma inmediata un canal de comunicación directo con la víctima con el propósito de que tenga la posibilidad de dar aviso oportuno ante cualquier situación de riesgo, acto de molestia o intimidación, ello independiente del canal 911 de emergencia, ya que es necesario hacer vigente y patente la medida de protección de tal forma que la víctima, tenga acceso a una protección real e inmediata y con ello evitar que se pongan en peligro o se vulneren sus derechos fundamentales y sus bienes jurídicos penalmente tutelados. En ese sentido es razonable y oportuno dicho canal de comunicación, indicándole a la víctima, cual es el modulo policial más cercano a su domicilio y establecer contacto directo con el jefe del mismo, para los efectos anteriormente señalados.". Medidas las anteriores que fueron notificadas a la propia ofendida Karem de los Ángeles Portillo Martínez, el día veinticuatro de junio del año en curso, según se puede apreciar de la constancia que obra a foja diez del anexo que remitió la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, destacándole que de conformidad con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la temporalidad de esas medidas sería de sesenta días naturales. Ahora bien, del anexo que la Agente responsable acompañó como justificación a su informe de ley, consistente en copia fotostática certificada de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19 de su índice, las cuales al tener el carácter de documentos públicos se les confiere eficacia demostrativa plena, en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, en su foja trece, obra el oficio FGE/D01/243816/06/2019, de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, signado por la Agente Fiscal de Unidad de Atención Temprana de Atención a la Mujer, por el que informa al Secretario de Seguridad Pública del Estado: ".Establecer de forma inmediata un canal de comunicación directo con la víctima KAREM DE LOS ANGELES PORTILLO MARTÍNEZ quien tiene su domicilio en CALLE SAN RAFAEL NÚMERO 134-D, COLONIA LA VIRGEN, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. y con número de teléfono 4448287298 con la finalidad de prevenir la presencia del imputado JUAN DANIEL JASSO MARTÍNEZ Y MA. DEL SOCORRO JASSO MARTÍNEZ con el propósito de que tengan la posibilidad de dar aviso oportuno ante cualquier situación de riesgo, acto de molestia o intimidación, ello independiente del canal 911 de emergencia, ya que es necesario hacer vigente y patente la medida de protección de tal forma que la víctima, tenga acceso a una protección real e inmediata y con ello evitar que se pongan en peligro o se vulneren sus derechos fundamentales y sus bienes jurídicos penalmente tutelados. En ese sentido es razonable y oportuno dicho canal de comunicación indicándole a la víctima cual es el modulo policial más cercano a su domicilio y establecer contacto directo con el jefe del mismo, para los efectos anteriormente señalados.". De lo anterior se advierte que, con relación a las medidas de protección a que se refieren las fracciones V y VIII del citado precepto legal, consistentes en la prohibición a los aquí quejosos de realizar conductas de intimidación o molestia a la tercero interesada, así como brindarle auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento de solicitarlo, éstas fueron concedidas por el término de sesenta días naturales, a partir de que se realizaron las aludidas notificaciones. En relación con la segunda de las aludidas medidas de protección, cabe destacar que fue hecha del conocimiento del Secretario General de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio datado el veinticuatro de junio dos mil diecinueve. Y como ha quedado de relieve, ambas medidas se notificaron a la víctima el propio veinticuatro de junio del año en curso. En esas condiciones, el plazo de sesenta días comenzó a transcurrir del veintiséis de junio, y concluyó el veintiséis de agosto de la presente anualidad. Sobre esas bases es inconcuso que como la subsistencia de las medidas reclamadas fueron limitadas a cierto tiempo, es claro que se encuentran consumados de manera irreparable, a la fecha en que se resuelve el presente juicio constitucional. Lo anterior incluso fue corroborado por la Fiscal responsable en el escrito de cuenta en el que refirió lo siguiente: ".he de hacer de su conocimiento que las medidas de protección decretadas en dicha actuación no se encuentran vigentes al día de la fecha y le hago saber que las mismas no fueron prorrogadas y hasta éste momento no se cuenta con petición alguna de la víctima para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Situación la anterior que pone de manifiesto que dichas providencias concluyeron, y, por tanto, dejaron de surtir sus efectos. Sin que la permanencia de las medidas deba presumirse, ya que al estar limitada su duración, transcurrido dicho lapso, éstas dejan de surtir efectos a la conclusión del término fijado, sin necesidad de declaratoria. Lo anterior, permite concluir que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues se consumaron en el tiempo las medidas de protección, consistentes en la prohibición a los aquí quejosos de realizar conductas de intimidación o molestia a la tercero interesada, y brindarle auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento de solicitarlo, al haber transcurrido en exceso el plazo de sesenta días naturales, sin que haya sido prorrogado según lo informó la Agente Fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables, con sede en esta ciudad. Esto es, en atención a lo expuesto, se concluye que en el caso particular, las medidas de protección han quedado irreparablemente consumadas, pues no podría concederse la protección federal solicitada para el efecto de que queden insubsistentes, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que todas ellas quedaron agotadas en el tiempo, al grado de que no podría retrotraerse este para que en el lapso de sesenta días, que ya pasó, dejen de realizarse las actividades encomendadas al Secretario General de Seguridad Pública del Estado. De ahí que a ningún fin práctico conduciría analizar la constitucionalidad del auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitido dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19, por la Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en esta ciudad, dado que para ello no puede soslayarse que exista la posibilidad de que ante una eventual concesión puedan restablecerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante que el Fiscal General del Estado, por conducto de la Vicefiscal Jurídica; la Fiscal Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, así como la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, negaron la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, como apoyo a su informe justificado se aprecia que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19, con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la diversa Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en esta ciudad, dictó, en contra de los aquí quejosos las medidas de protección a que se refiere el artículo 137, fracciones VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, deviene inconcuso que no se ordenaron, ni ejecutaron por las autoridades señaladas en primer orden, de ahí que resulten ser inexistentes. En consecuencia, al no existir los actos reclamados de las autoridades indicadas en el párrafo que antecede, lo procedente es decretar el sobreseimiento también respecto a éstos fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Notifíquese personalmente
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve y remite un anexo en copia certificada de las cédulas de notificación practicadas a Juan Daniel Jasso Martínez y María del Socorro Jasso Martínez, concerniente a la determinación emitida con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19 de su índice. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, particularmente de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman de las autoridades responsables el acto que precisaron de la siguiente manera: "La medida de protección decretada en los autos del expediente CDI/FGE/D01/18996/19, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a persona relacionada con ellos, la cual nos fue notificada mediante los oficios FGE/D0l/243717/06/2019 y FGE/D0I/243795/06/2019, los cuales nos fueron notificados el día 24 de Junio y signado por la Lic. VERÓNICA DE LOS DOLORES DUARTE GUTIÉRREZ, Agente Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de Atención a la Mujer, en donde aparece como supuesta víctima KAREM DE LOS ANGELES PORTILLO MARTÍNEZ.". Ahora bien, el suscrito advierte que con relación a dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI.- Contra actos consumados de un modo irreparable (...)." Es conveniente precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, para lo cual se transcribe el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" Conforme a la fracción XVI, del artículo 61 antes transcrito, es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir a los quejosos en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Ilustra el anterior razonamiento, por identidad de razones, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXII, página 1478, de rubro y texto siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 493, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 326, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho humano, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. En ese orden de ideas, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de derechos en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Acorde con lo anterior, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente -jurídica y materialmente- del derecho que tiene tutelado, y que sostiene le fue transgredido. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Una vez desarrolladas las premisas sobre las que descansa dicha causa de improcedencia, debe recordarse que la parte quejosa promovió el juicio de amparo contra las medidas de protección decretadas por la Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en esta ciudad, en su contra, así como su ejecución. Del informe justificado rendido por la Fiscal responsable, se advierte que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19, con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se dictaron, en contra de los aquí quejosos las medidas de protección a que se refiere el artículo 137, fracciones V y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales son del contenido siguiente: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: . V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;. VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo.". Medidas de protección que, señaló la Fiscal, de conformidad con el artículo 139 del aludido Código, contarían con una temporalidad de sesenta días naturales, los cuales se computaría a partir de que fueran notificadas. Notificación que se ordenó fuera realizada al Secretario General de Seguridad Pública del Estado, y a la víctima Karem de los Ángeles Portillo Martínez, según se aprecia de los resolutivos segundo y tercero de dicha resolución. Cabe destacar que la finalidad de notificar las citadas medidas de protección a la autoridad señalada con antelación, tuvo por efecto que éstas diera cumplimiento a la misma. Ciertamente, por lo que se refiere al Secretario General de Seguridad Pública del Estado, la finalidad estribo en que: "[.] SEGUNDO.- Gírese atento oficio al C. Secretario General de Seguridad Pública del Estado a efecto de que tenga conocimiento que se ha decretado la medida de protección prevista en el numeral 137 fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de la víctima, por lo que deberá girar sus apreciables instrucciones a quien determine con el fin de que establezcan de forma inmediata un canal de comunicación directo con la víctima con el propósito de que tenga la posibilidad de dar aviso oportuno ante cualquier situación de riesgo, acto de molestia o intimidación, ello independiente del canal 911 de emergencia, ya que es necesario hacer vigente y patente la medida de protección de tal forma que la víctima, tenga acceso a una protección real e inmediata y con ello evitar que se pongan en peligro o se vulneren sus derechos fundamentales y sus bienes jurídicos penalmente tutelados. En ese sentido es razonable y oportuno dicho canal de comunicación, indicándole a la víctima, cual es el modulo policial más cercano a su domicilio y establecer contacto directo con el jefe del mismo, para los efectos anteriormente señalados.". Medidas las anteriores que fueron notificadas a la propia ofendida Karem de los Ángeles Portillo Martínez, el día veinticuatro de junio del año en curso, según se puede apreciar de la constancia que obra a foja diez del anexo que remitió la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, destacándole que de conformidad con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la temporalidad de esas medidas sería de sesenta días naturales. Ahora bien, del anexo que la Agente responsable acompañó como justificación a su informe de ley, consistente en copia fotostática certificada de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19 de su índice, las cuales al tener el carácter de documentos públicos se les confiere eficacia demostrativa plena, en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, en su foja trece, obra el oficio FGE/D01/243816/06/2019, de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, signado por la Agente Fiscal de Unidad de Atención Temprana de Atención a la Mujer, por el que informa al Secretario de Seguridad Pública del Estado: ".Establecer de forma inmediata un canal de comunicación directo con la víctima KAREM DE LOS ANGELES PORTILLO MARTÍNEZ quien tiene su domicilio en CALLE SAN RAFAEL NÚMERO 134-D, COLONIA LA VIRGEN, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. y con número de teléfono 4448287298 con la finalidad de prevenir la presencia del imputado JUAN DANIEL JASSO MARTÍNEZ Y MA. DEL SOCORRO JASSO MARTÍNEZ con el propósito de que tengan la posibilidad de dar aviso oportuno ante cualquier situación de riesgo, acto de molestia o intimidación, ello independiente del canal 911 de emergencia, ya que es necesario hacer vigente y patente la medida de protección de tal forma que la víctima, tenga acceso a una protección real e inmediata y con ello evitar que se pongan en peligro o se vulneren sus derechos fundamentales y sus bienes jurídicos penalmente tutelados. En ese sentido es razonable y oportuno dicho canal de comunicación indicándole a la víctima cual es el modulo policial más cercano a su domicilio y establecer contacto directo con el jefe del mismo, para los efectos anteriormente señalados.". De lo anterior se advierte que, con relación a las medidas de protección a que se refieren las fracciones V y VIII del citado precepto legal, consistentes en la prohibición a los aquí quejosos de realizar conductas de intimidación o molestia a la tercero interesada, así como brindarle auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento de solicitarlo, éstas fueron concedidas por el término de sesenta días naturales, a partir de que se realizaron las aludidas notificaciones. En relación con la segunda de las aludidas medidas de protección, cabe destacar que fue hecha del conocimiento del Secretario General de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio datado el veinticuatro de junio dos mil diecinueve. Y como ha quedado de relieve, ambas medidas se notificaron a la víctima el propio veinticuatro de junio del año en curso. En esas condiciones, el plazo de sesenta días comenzó a transcurrir del veintiséis de junio, y concluyó el veintiséis de agosto de la presente anualidad. Sobre esas bases es inconcuso que como la subsistencia de las medidas reclamadas fueron limitadas a cierto tiempo, es claro que se encuentran consumados de manera irreparable, a la fecha en que se resuelve el presente juicio constitucional. Lo anterior incluso fue corroborado por la Fiscal responsable en el escrito de cuenta en el que refirió lo siguiente: ".he de hacer de su conocimiento que las medidas de protección decretadas en dicha actuación no se encuentran vigentes al día de la fecha y le hago saber que las mismas no fueron prorrogadas y hasta éste momento no se cuenta con petición alguna de la víctima para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Situación la anterior que pone de manifiesto que dichas providencias concluyeron, y, por tanto, dejaron de surtir sus efectos. Sin que la permanencia de las medidas deba presumirse, ya que al estar limitada su duración, transcurrido dicho lapso, éstas dejan de surtir efectos a la conclusión del término fijado, sin necesidad de declaratoria. Lo anterior, permite concluir que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues se consumaron en el tiempo las medidas de protección, consistentes en la prohibición a los aquí quejosos de realizar conductas de intimidación o molestia a la tercero interesada, y brindarle auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento de solicitarlo, al haber transcurrido en exceso el plazo de sesenta días naturales, sin que haya sido prorrogado según lo informó la Agente Fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables, con sede en esta ciudad. Esto es, en atención a lo expuesto, se concluye que en el caso particular, las medidas de protección han quedado irreparablemente consumadas, pues no podría concederse la protección federal solicitada para el efecto de que queden insubsistentes, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que todas ellas quedaron agotadas en el tiempo, al grado de que no podría retrotraerse este para que en el lapso de sesenta días, que ya pasó, dejen de realizarse las actividades encomendadas al Secretario General de Seguridad Pública del Estado. De ahí que a ningún fin práctico conduciría analizar la constitucionalidad del auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitido dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19, por la Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en esta ciudad, dado que para ello no puede soslayarse que exista la posibilidad de que ante una eventual concesión puedan restablecerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante que el Fiscal General del Estado, por conducto de la Vicefiscal Jurídica; la Fiscal Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, así como la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, negaron la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, como apoyo a su informe justificado se aprecia que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19, con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la diversa Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en esta ciudad, dictó, en contra de los aquí quejosos las medidas de protección a que se refiere el artículo 137, fracciones VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, deviene inconcuso que no se ordenaron, ni ejecutaron por las autoridades señaladas en primer orden, de ahí que resulten ser inexistentes. En consecuencia, al no existir los actos reclamados de las autoridades indicadas en el párrafo que antecede, lo procedente es decretar el sobreseimiento también respecto a éstos fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que el término concedido a los quejosos Juan Daniel Jasso Martínez y María del Socorro Jasso Martínez, en proveído de diecinueve de agosto del presente año, para que si lo estimaban pertinente ampliaran su escrito de demanda respecto de la autoridad Secretario General de Seguridad Pública del Estado, en el término que le concede el artículo 17 de la ley de la materia, ya transcurrió sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por tanto, en el momento procesal oportuno, dictase la resolución correspondiente, respecto de las autoridades señaladas como responsables originalmente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del escrito de demanda y del informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, y anexo que acompañó al mismo, de los que se advierte lo siguiente: Los quejosos comparecieron a esta instancia judicial y señalaron en su escrito de demanda como acto reclamado el siguiente: "La medida de protección decretada en los autos del expediente CDI/FGE/D01/18996/19, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a persona relacionada con ellos, la cual nos fue notificada mediante los oficios FGE/D0l/243717/06/2019 y FGE/D0I/243795/06/2019, los cuales nos fueron notificados el día 24 de Junio y signado por la Lic. VERÓNICA DE LOS DOLORES DUARTE GUTIÉRREZ, Agente Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de Atención a la Mujer, en donde aparece como supuesta víctima KAREM DE LOS ANGELES PORTILLO MARTÍNEZ.". Del informe justificado rendido por la Fiscal responsable, se advierte que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19, con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se dictaron, en contra de los aquí quejosos las medidas de protección a que se refiere el artículo 137, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales, de conformidad con el artículo 139 del aludido Código, contarían con una temporalidad de sesenta días naturales a partir de que éstas seas notificadas. Sin embargo, en las fojas once y doce del anexo mencionado, obra las cédulas de notificación relativas a "...Juan Daniel Jasso Martínez y María del Socorro Jasso Martínez.", respecto a la determinación a que se refiere el párrafo anterior, sin que en las mismas se contengan datos de recepción por parte de los aquí quejosos. En virtud de lo anterior, ante la posibilidad de actualizarse alguna causa de improcedencia respecto del acto reclamado, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Remita copia fotostática certificada de la notificación practicada a "...Juan Daniel Jasso Martínez y María del Socorro Jasso Martínez.", concerniente a la determinación emitida con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/18996/19, o bien indique si no fue practicada de manera personal. Informe a éste órgano jurisdiccional si las medidas de protección decretadas en dicha actuación se encuentran aún vigentes o si fueron prorrogadas, de conformidad con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apercibida que de no cumplir lo anterior, dentro del plazo concedido o no manifestar la imposibilidad que tengan, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 163/2005, en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.". En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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