Juan Daniel González Velázquez

Expediente 1596/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1596/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Daniel González Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de marzo de dos mil veintitrés. Estado de Autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes, no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, al diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser depurable ya que se negó el amparo solicitado. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo, y 7.1.1 apartado 2, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración toda vez que se concedió la suspensión definitiva, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Atento a lo anterior, una vez que transcurran seis meses, de conformidad con el artículo 20 fracción II, inciso a), del precitado acuerdo, destrúyase el duplicado del incidente. Devolución de anexos Finalmente, devuélvase al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, los diez discos versátiles que contienen la carpeta administrativa ********************; sin que sea necesario que requerir acuse de recibo, en razón de que, para tal efecto, se toma en consideración la notificación que se realice del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria María Eréndira Pérez Pérez, que da fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de Toluca a quince de febrero de dos mil veintitrés. SENTENCIA Mediante la cual se resuelven el juicio de amparo número ********************; promovido por********************por propio derecho y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el diez de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México,********************por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, consistentes en la determinación emitida en audiencia de continuación de intermedia de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta administrativa ********************, a través de la cual se negó la separación de procesos con su coimputado, así como la resolución emitida en la propia audiencia que resolvió el recurso de revocación interpuesto y que confirmó la negativa de separación de procesos. Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14,16, 17 y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número ********************, y previa aclaración, por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se requirió el informe de ley y se ordenó el emplazamiento al agente del Ministerio Público que formuló imputación en la carpeta de investigación que dio origen a la diversa administrativa ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento en calidad de terceros interesados a la víctima de identidad reservada con iniciales ******************** y a ********************, éste último por ser coimputado del aquí quejoso. Seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos que se reclaman son de naturaleza penal y la autoridad responsable con residencia dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que el quejoso********************reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México: La determinación emitida en audiencia de continuación de intermedia de quince de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa ********************, a través de la cual se negó la separación de procesos con su coimputado ********************. Sin que se tenga como acto destacado la resolución emitida en la audiencia de continuación de intermedia de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta administrativa ********************, que resolvió el recurso de revocación interpuesto y que confirmó la negativa de separación de procesos con su coimputado ********************, la que incluso pudiera considerarse que sustituyó procesalmente a la primera; puesto que de conformidad con el artículo 35, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la determinación que negó la separación de procesos, no admite recurso alguno. Por lo que, a pesar de existir pronunciamiento por parte del Juez responsable en el sentido de tener por interpuesto el recurso de revocación en términos de los artículos 465 y 466 del Código adjetivo aplicable, lo cierto es, que tal medio de impugnación no es idóneo ni eficaz para combatir la negativa o improcedencia de separar los procesos, al existir disposición expresa en el sentido de que son irrecurribles ese tipo de resoluciones, por lo que no era menester agotar ese medio de impugnación al operar una excepción a la observancia del principio de definitividad, pues podía combatirse inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, como aconteció en la especie. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad judicial responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Para tales efectos, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México remitió diez discos ópticos, relativos a la carpeta administrativa ********************, que contienen las videograbaciones de las audiencias celebradas en tal expediente, de donde se advierte la determinación impugnada. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se les atribuyen, además, también se trata de los registros de audio y video de cuya reproducción es accesible para su consulta y porque se presume que la información digital se encuentra íntegra e inalterada desde el momento y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, y de igual manera, este Juzgador no advierte el análisis oficioso de alguna de ellas. QUINTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El análisis de los argumentos se llevará a cabo de forma conjunta y temática, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. No obstante lo establecido en el considerando anterior, se realiza una síntesis de los conceptos de violación formulados por la quejosa, a saber: El quejoso aduce que la resolución reclamada viola los principios de aplicación de derechos humanos, dado que al no separar el proceso se estaría corriendo la misma suerte que el coimputado, derivado de los medios de convicción que se desahogaran en favor del ahora quejoso en la etapa de juicio, el Juez se verá impedido para dividir el valor de las pruebas de cargo, pues no podría tener por acreditada la responsabilidad de su coimputado y, por otro lado, declararlas falsas e ineficaces para demostrar la participación del peticionario de amparo en el hecho delictuoso. Agrega que en la etapa de juicio ofrecerá como probanzas los videos de cámaras de vigilancia que acreditarán que su detención se realizó realmente en su domicilio y no en la hora, lugar y circunstancias que narraron los elementos aprehensores. Considera que, de conformidad con el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es posible la separación de procesos cuando se afecte el derecho de defensa, siempre que ello no implique el riesgo de provocar sentencias contradictorias, y esa contradicción versaría sobre la valoración de la prueba, esto es, respecto de la validez de las imputaciones que obran en contra del ahora quejoso y su coimputado, por parte del pasivo del delito, los testigos de cargo y policías aprehensores, lo que resulta de mayor trascendencia al infringir el derecho de defensa y de una sentencia justa, al no poderse dividir la valoración de la prueba. En su conjunto dichos motivos de reclamo resultan infundados. Ello es así, pues no se vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 1° Constitucional, dado que de acuerdo con los autos enviados como sustento del acto reclamado, así como a los postulados inmersos en ese precepto, se concluye: (i) el reconocimiento del Estado Mexicano de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales relacionados con aquéllos, la autoridad responsable en ningún momento vulneró alguno de los derechos fundamentales del quejoso y por contrario se constituyó como garante de los mismos; (ii) el principio pro persona e interpretación conforme, no deriva en que las pretensiones o lo pedido por el gobernado deba ser resuelto de manera favorable a lo solicitado, pues ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, pues ese principio no puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a interpretaciones que no encuentra sustento en las reglas de derecho aplicables; (iii) obligaciones de las autoridades, los cual también observó la autoridad responsable como garante y protector de los derechos humanos del justiciable, sin que en el caso advirtiera vulneración a algún derecho humano para su eventual reparación. Asimismo, es infundado que el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora transgreda el ordinal 14 de la Constitución Política, relativo al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, el cual establece: "Artículo 14. ... Nadie Podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." En efecto, las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, las cuales están contenidas en el derecho fundamental de audiencia establecido por el artículo 14 Constitucional, que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, que se cumplan con tales formalidades, cuyos requisitos son: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. La oportunidad de alegar. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 218, publicada en la página 260, tomo II, materia constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Y la tesis de jurisprudencia 552, publicada en la página 435, tomo II, materia penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. EN QUÉ CONSISTEN (ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL). Las formalidades esenciales del procedimiento a las que se contrae el artículo 14 constitucional consisten en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses." Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado cabe destacar lo siguiente: 1. El siete de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México llevó a cabo la audiencia inicial en la carpeta administrativa ********************, en la que en la que, entre otros aspectos, se calificó de legal la detención del ahora quejoso********************y su coimputado ********************, por el hecho delictuoso de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, con las agravantes de haberse ostentado como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso, interviniendo dos o más personas armadas y haberse cometido con violencia, en agravio de la víctima de identidad resguardada e iniciales ********************; asimismo, la Fiscalía Federal formuló imputación; se autorizó la duplicidad del término constitucional y se impuso a los imputados referidos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En audiencias de continuación de inicial de diez y once de octubre de dos mil veintiuno, se desahogaron diversos datos de prueba, consistentes en: Testimoniales a cargo de ********************,********************y ********************. Inspección judicial en el domicilio ubicado en ********************. Pericial en informática. 2. El doce de octubre de dos mil veintiuno, a las cinco horas del once de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control decretó la vinculación a proceso de********************y otro, por su probable participación en hecho que la ley señala como delito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, con las agravantes de haberse ostentado como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso, interviniendo dos o más personas armadas y haberse cometido con violencia, en agravio de la víctima de identidad resguardada e iniciales ********************; asimismo, se mantuvo intocada la medida cautelar prisión preventiva justificada y se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria. 3. El uno de marzo de dos mil veintidós, se formuló imputación en contra de********************y otro, por el ilícito aludido, y se señaló hora y fecha, para que tuviera verificativo la audiencia intermedia 4. El quince de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que se constató que la Fiscalía había realizado el descubrimiento probatorio; por su parte la defensora pública del imputado ********************, indicó su intención de acudir a juicio y, puntualizó que no tenía medios probatorios para realizar el descubrimiento; por su parte, ******************** el defensor particular de********************indicó que también era su deseo acudir a juicio y si contaba con medios probatorios para realizar su descubrimiento, sin embargo, solicitó la separación de procesos, en los siguientes términos (04:04-08:43 mins): "en caso de que las partes estuvieran en este momento en disposición de llevar a cabo el desahogo de la presente diligencia, en aras de una efectiva defensa, así como el hecho de que tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso y una tutela efectiva, entendida como aquella en donde se requiere la presencia de un Juez imparcial en donde se garanticen el respeto irrestricto de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de México, como es la progresividad e insisto el respeto a cada uno de sus derechos y que garanticen una efectiva defensa, pese a que esta defensa no desconoce que código procesal establece la improcedencia de una separación de procesos, cuando se trata de un delito que se persigue en contra de dos o más personas sin embargo, bajo el principio de lealtad y sin estar prejuzgando, el hecho de que mi defendido se vaya a juicio con el señor que le acompaña, indudablemente que ello implicaría que el juez que tuviera bien resolver el juicio se viera imposibilitado en un momento dado a dividir la credibilidad de la prueba, porque eso procesalmente no puede ser posible desde un aspecto lógico, es decir, no podrían tenerse, por un lado, por ciertos los hechos que le atribuyen al imputado que acompaña a mi defendido y, por otro lado, se pudiese dividir el valor de la prueba otorgándole eficacia probatoria con respecto a la inocencia de mi defendido, insisto por la circunstancia sui generis, de que no puede dividirse la valoración de la prueba, esto es, por un lado tener por cierta una imputación y, por otro, negarse valor en cuanto a la negativa de mi defendido, esto repercute en un correcto respeto al derecho de defensa al derecho de igualdad a la progresividad de los derechos humanos de tal manera que atendiendo a ese principio y a las circunstancias que se presentan, le pido de la manera más atenta que no obstante de que existe exposición expresa en el procesal nacional, en el sentido de que no pueden ser separados los procesos, excepcionalmente pido señoría, con fundamento en los derechos fundamentales que he mencionado qué pudiera llevarse a cabo la separación de procesos. Atento a tal solicitud, previo debate, el Juez responsable resolvió lo siguiente (24:11-29:01 mins): "efectivamente el artículo 1° constitucional la razón de la reforma de dos mil once, de la cual sufría nuestro sistema de justicia que efectivamente tutela los derechos fundamentales de las partes, esto bajo los principios de interdependencia de progresividad, hace referencia a que debemos tomar en consideración los principios de convencionalidad, efectivamente este órgano de control no está autorizado a decretar la inconstitucionalidad de una norma, sin embargo, si está facultado para realizar una interpretación conforme; en cuanto a esta circunstancia se ha establecido que existe una violación en cuanto a los derechos fundamentales contemplados por parte del acusado correspondiente, que se basa la defensa es en términos del artículo 1, 14 y 17 constitucional, sin embargo, para realizar un control de convencionalidad debemos establecer en cuál es la colisión que tiene con las leyes internacionales, es decir, que sería este el aspecto esencial, circunstancia que no sucede en este momento no tengo el parámetro correspondiente para hacer una comparativa y que exista una convencionalidad que pueda ser aplicable, sin embargo, es fundamental por parte de este órgano de control realizar un estudio y análisis en cuanto a los derechos fundamentales que se dicen violentar de libertad, se establece que es el debido proceso y en su caso la debida y adecuada defensa, estableciendo la defensa particular, en su caso, respetuosamente, que al realizar una ponderación por parte de mi homólogo dentro del área de juicio correspondiente podría generar una imparcialidad, esto partiendo del testimonial, prueba que efectivamente puede ser controvertida con otros medios correspondientes, circunstancia que considero no le asiste la razón, deberá ser en la etapa del juicio en la cual, al ser un mismo hecho delictuoso, deba llevarse a totalidad los medios correspondientes y en su caso, controvertidos, máxime que la defensa ha establecido que existen pruebas de la misma naturaleza que pretenden no sean valorados o que puedan ser ocupados en contravención a los derechos fundamentales de su defendido, amén de que también existen pruebas técnicas periciales que pudiesen auxiliar a dichas circunstancias y/o documentales como se ha hecho referencia a la existencia de videos y de atender a la solicitud realizada por parte de la defensa, estaría prejuzgando y estableciendo una división del procedimiento lo cual atentaría contra los principios rectores del procedimiento que se encuentran contemplados en los artículos 30, fracción IV, 35, parte final, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como trastocaría el derecho que tiene el agente del ministerio público a poder pronunciarse, en su momento, dentro de la acusación en el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su momento da oportunidad al agente del ministerio público para realizar la acusación acumulación o solicitudes correspondientes, circunstancias que ya han quedado claras dentro de la carpeta que nos ocupa y de la cual se desprende efectivamente que la agente del Ministerio Público ya ha plasmado su postura respecto a la acusación correspondiente, dentro de la acusación el ministerio público estableció que no había motivos para llevar a cabo una acusación o separación de la misma puesto que no hay referencia en cuanto a que pudiese esta circunstancia ser dilatoria del procedimiento, es decir, no tengo referencia alguna de que esto pueda dilatar; el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece la unión o separación de acusaciones y hace referencia que cuando el ministerio público formule diversas acusaciones que el Juez de Control considere conveniente someter a una misma audiencia al debate y, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, este es el aspecto esencial que hace referencia a la defensa, hasta este momento no tengo ninguna referencia que me permita hacer o dar oportunidad a que se separen, en su caso, los juicios correspondientes, máxime que es el mismo hecho investigado y esto generaría la economía procesal que también que lleva y la opinión y la intención de no llevar a cabo procesos separados que pudiesen generar sentencias contradictorias; considera este órgano de control que no podrá ser llevada la separación de juicio puesto que hay una sola acusación, es un mismo hecho investigado y en el cual se desprenden los mismos medios de convicción que, en su caso, obvio queda a salvo el derecho de ser controvertidos de la forma puntual y objetiva que considere la defensa. Inconforme con ese pronunciamiento, la defensa particular del ahora quejoso interpuso recurso de revocación, bajo el argumento de agotar el principio de definitividad y formuló los agravios correspondientes; respecto de tal impugnación, el juez responsable, en términos del 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvo por interpuesto el recurso de revocación, sin embargo, puntualizó que no era factible tener por autorizada la revocación, puesto que en términos de la parte final del artículo 35 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la resolución del juez que declare improcedente la separación de procesos, no admitirá recurso alguno, por lo cual confirmó el mismo. Así las cosas, se observó lo establecido en el artículo 14 de la Constitución General de la República, pues durante la solicitud de separación de juicios, la parte quejosa en todo momento tuvo la oportunidad de alegar lo que a su interés jurídico correspondía, por lo que al respetarse los requisitos reseñados se cumplió con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Por otro lado, el concepto de violación en que se asevera que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, también resulta infundado, pues sí satisface la garantía de legalidad consagrada en el numeral 16 Constitucional, que en el párrafo primero establece: "16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del artículo transcrito se desprende, que todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que deben expresarse con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, y por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 204, visible en la página 666, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Aspectos formales colmados en la especie, pues en cuanto al requisito de fundamentación, en la determinación que declaró improcedente la separación de procesos, se aplicaron los preceptos de ley que la sustentan; esencialmente se funda en los numerales 30, 35, 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad Para los efectos de este Código, habrá acumulación de procesos cuando: I. Se trate de concurso de delitos; II. Se investiguen delitos conexos; III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad. Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. No existirá concurso cuando se trate de delito continuado en términos de la legislación aplicable. En estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. Artículo 35. Separación de los procesos Podrá ordenarse la separación de procesos cuando concurran las siguientes circunstancias: I. Cuando la solicite una de las partes antes del auto de apertura al juicio, y II. Cuando el Juez de control estime que de continuar la acumulación el proceso se demoraría. La separación de procesos se promoverá en la misma forma que la acumulación. La separación se podrá promover hasta antes de la audiencia de juicio. Decretada la separación de procesos, conocerá de cada asunto el Juez de control que conocía antes de haberse efectuado la acumulación. Si dicho juzgador es diverso del que decretó la separación de procesos, no podrá rehusarse a conocer del caso, sin perjuicio de que pueda suscitarse una cuestión de competencia. La resolución del Juez de control que declare improcedente la separación de procesos, no admitirá recurso alguno. Artículo 343. Unión y separación de acusación Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el Juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba. El Juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias." Con base en tales preceptos, se considera que de manera acertada, el Juez responsable estimó, que hasta la etapa que se analiza, no era procedente separar los procesos, dado que: Existe una sola acusación, sobre un solo hecho investigado y los mismos medios de convicción. La prueba testimonial, puede ser controvertida con otros medios correspondientes, como pruebas técnicas periciales o documentales, pues incluso se hizo referencia a la existencia de videos, por lo que estimar que en su valoración existiría imparcialidad, implica prejuzgar sin elementos objetivos. De autorizar la separación solicitada se generaría una división del procedimiento lo cual atentaría contra, la economía procesal, la continencia de la causa y se correría el peligro de emitir sentencias contradictorias. Así, en cuanto al aspecto de fundamentación y motivación se encuentra satisfecho, pues contiene los preceptos legales aplicables al caso, los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se estimó improcedente la separación de juicios, de ahí que exista adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos. En ese sentido, el acto reclamado no vulnera en perjuicio el quejoso, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente los establecidos en los numerales 14 y 16. Asimismo, es infundado el concepto de violación en el que en esencia se aduce que, de no separar los procesos el Juez se verá impedido para dividir el valor de las pruebas de cargo, pues no podría tener por acreditada la responsabilidad de su coimputado y, por otro lado, declararlas falsas e ineficaces para demostrar la participación del peticionario de amparo en el hecho delictuoso, por lo que asevera que sí se afecta el derecho de defensa y podrían emitirse sentencias contradictorias en cuanto a la valoración de la prueba. Se dice infundado puesto que, no debe perderse de vista que uno de los fines inmediatos de la separación de procesos es que el instruido en contra de varios inculpados, se concluya respecto de alguno o algunos de ellos y se dicte la sentencia respectiva que a ellos corresponda, sin perjuicio de continuar la secuela procedimental por lo que ve a los diversos sujetos activos. Sin embargo, para que sea procedente tal separación es menester, en cuanto al fondo, la inexistencia de alguna vinculación material o jurídica entre los diversos inculpados, es decir, una misma acusación y los mismos hechos, pues cuando existan puntos de debate comunes, es claro que no podrían separarse los juicios. Así las cosas, tal y como acertadamente lo destacó el Juez responsable, se trata de una misma acusación, un mismo hecho delictuoso (extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, con las agravantes de haberse ostentado como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso, interviniendo dos o más personas armadas y haberse cometido con violencia) y, son mismas pruebas de cargo que obran en contra del ahora quejoso y su coimputado; circunstancia que por sí misma hace improcedente la separación solicitada; aspectos que incluso son reconocidos por la defensa particular al momento de realizar la petición correspondiente, al aseverar que se está en presencia de un delito que se persigue en contra de dos o más personas. Máxime que, la parte quejosa enfoca su agravio en el eventual perjuicio de su derecho de defensa, que estima pudiera generarse al momento que se realice la ponderación de las pruebas de cargo, en contraposición con los medios de prueba que se desahogaran en la etapa de juicio y que controvierten la imputación que obra en su contra, pues considera que no es posible dividir su valoración, esto es, restárles valor por lo que hace a su persona y otorgarles peso probatorio respecto de su coimputado. Empero, no asiste razón a la parte quejosa, pues parte de una premisa equívoca, ya que los datos de prueba (incluida la testimonial), que obran en su contra, pueden controvertirse por medio de pruebas técnicas periciales o documentales, como pudieran ser los videos que refiere ofrecerá en la etapa de juicio. Además, en cuanto al punto específico de la valoración de la prueba testimonial, se debe de precisar, que en un primer nivel, la misma solo es válida si cumple con ciertos requisitos, de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio, en tanto que, en un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto, esto es, la calificación no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona, por lo que sí es jurídicamente válido que el alcance probatorio de su dicho pueda dividirse, ya que, por ejemplo, una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra persona; además, esa valoración deberá de ponderarse, según su vinculación con otras fuentes de convicción. Es ilustrativo a lo anterior, el criterio judicial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 414, que establece: "PRUEBA TESTIMONIAL. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ Y POSTERIOR VALORACIÓN. La prueba testimonial, en un primer plano de análisis, sólo es válida si cumple con ciertos requisitos (taxativamente delimitados en las normas procesales respectivas), de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio en tanto que en un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto. De lo anterior se advierte que la calificación no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona, por lo que el alcance probatorio de su dicho puede dividirse, ya que una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra persona. Así, lo que un testigo ha conocido directamente tiene valor probatorio de indicio y debe ponderarse por la autoridad investigadora o judicial conforme al caso concreto, según su vinculación con otras fuentes de convicción; mientras que lo que no haya conocido directamente, sino a través del relato de terceros, no debe tener valor probatorio alguno. Por tanto, las referidas condiciones normativas están establecidas como garantía mínima para que un testimonio pueda adquirir el carácter indiciario sujeto a la calificación del juzgador. De ahí que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, el aspecto relacionado con la valoración de las pruebas por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, no puede dar lugar a una separación de juicios, pues al tratarse de una sola acusación, un mismo hecho delictivo y mismos medios probatorios, se dividiría la continencia de la causa, fragmentándose la litis, pudiendo ocasionar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias. Sin que ello, vulnere el derecho de defensa, pues la apreciación de los medios de prueba, dependerá de las exigencias normativas y vinculada a otros medios de convicción, incluidos los de descargo que lleguen a ofrecerse en la etapa de juicio. Es aplicable a lo anterior, en cuanto a su contenido, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 84, marzo de 2021, tomo II, página 1217, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA (ABROGADO), NO VIOLA EL DERECHO DE IGUALDAD PROCESAL NI LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E IMPARCIALIDAD. Hechos: Se radicó una causa penal en contra de una persona por el delito de secuestro agravado; seguid|o el procedimiento penal, el Tribunal del Juicio Oral determinó de manera oficiosa acumular diversos procesos penales de su índice para substanciar un único juicio oral; el referido Tribunal dictó sentencia condenatoria, la cual fue recurrida en casación modificándola. En contra de esta resolución se promovió amparo directo en el que se planteó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca (abrogado). El Tribunal Colegiado de Circuito al resolver, consideró que el precepto impugnado no vulneraba los principios de igualdad, contradicción e imparcialidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca (abrogado), al autorizar al Juez de Control a efectuar, de manera oficiosa, la acumulación de juicios o causas penales, no contraviene el derecho de igualdad procesal ni los principios de contradicción y de imparcialidad. Justificación: Ello, porque la acumulación de los procesos penales para que sean resueltos en un único juicio, no implica una invasión a las facultades del Ministerio Público, ya que no puede estimarse que esa decisión jurisdiccional sustituya o realice atribuciones que corresponden exclusivamente a la representación social; por el contrario, el Juez está facultado para advertir, aun de forma oficiosa, si existe algún vínculo de conexidad entre dos o más procesos en relación con las acusaciones formuladas por el fiscal, a fin de someterlos a la realización de un único juicio, en aras de la economía procesal y la correcta administración de justicia, esto es, evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, incompatibles o excluyentes mutuamente, de conocerse de forma separada. De tal manera que la posibilidad de que diversas causas penales que comparten un mismo objeto procesal se concentren para un mismo juicio para la obtención de un único fallo, no significa una ventaja para el Ministerio Público en detrimento del derecho de defensa de los acusados, en virtud de que la sentencia que resuelva el proceso y sus acumulados deberá contener tantos pronunciamientos como objetos procesales que derivados de la acumulación existan. Es decir, la tramitación en un único procedimiento no puede impedir que se conozcan todas y cada una de las pretensiones interpuestas ante el órgano jurisdiccional. Tampoco implica que se releve al Ministerio Público de presentar en la audiencia de debate prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, toda vez que el Juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Por tales razones, no puede afirmarse que la figura procesal de mérito promueva que el juzgador concentre funciones de investigación, acusación o defensa, ni que favorezca indebidamente a alguna de las partes, ya que actúa como rector del proceso en un plano de neutralidad. En consecuencia, la determinación aquí reclamada por el imputado se ajusta al marco normativo constitucional y legal que regula su emisión, sin que en el caso se advierta violación alguna a los derechos fundamentales del quejoso ni motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja. En las relatadas circunstancias, lo procedente es NEGAR a********************el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó, en contra de la determinación que negó la separación de procesos. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos y efectos asentados en el último considerando de la presente sentencia. ***

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENO AL AVISO RESPECTIVO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS POR MEDIO DE LISTA: "En la Ciudad de Toluca a quince de febrero de dos mil veintitrés. SENTENCIA Mediante la cual se resuelven el juicio de amparo número ********************; promovido por********************por propio derecho y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el diez de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México,********************por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, consistentes en la determinación emitida en audiencia de continuación de intermedia de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta administrativa ********************, a través de la cual se negó la separación de procesos con su coimputado, así como la resolución emitida en la propia audiencia que resolvió el recurso de revocación interpuesto y que confirmó la negativa de separación de procesos. Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14,16, 17 y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número ********************, y previa aclaración, por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se requirió el informe de ley y se ordenó el emplazamiento al agente del Ministerio Público que formuló imputación en la carpeta de investigación que dio origen a la diversa administrativa ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento en calidad de terceros interesados a la víctima de identidad reservada con iniciales ******************** y a ********************, éste último por ser coimputado del aquí quejoso. Seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos que se reclaman son de naturaleza penal y la autoridad responsable con residencia dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que el quejoso********************reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México: La determinación emitida en audiencia de continuación de intermedia de quince de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa ********************, a través de la cual se negó la separación de procesos con su coimputado ********************. Sin que se tenga como acto destacado la resolución emitida en la audiencia de continuación de intermedia de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta administrativa ********************, que resolvió el recurso de revocación interpuesto y que confirmó la negativa de separación de procesos con su coimputado ********************, la que incluso pudiera considerarse que sustituyó procesalmente a la primera; puesto que de conformidad con el artículo 35, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la determinación que negó la separación de procesos, no admite recurso alguno. Por lo que, a pesar de existir pronunciamiento por parte del Juez responsable en el sentido de tener por interpuesto el recurso de revocación en términos de los artículos 465 y 466 del Código adjetivo aplicable, lo cierto es, que tal medio de impugnación no es idóneo ni eficaz para combatir la negativa o improcedencia de separar los procesos, al existir disposición expresa en el sentido de que son irrecurribles ese tipo de resoluciones, por lo que no era menester agotar ese medio de impugnación al operar una excepción a la observancia del principio de definitividad, pues podía combatirse inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, como aconteció en la especie. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad judicial responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Para tales efectos, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México remitió diez discos ópticos, relativos a la carpeta administrativa ********************, que contienen las videograbaciones de las audiencias celebradas en tal expediente, de donde se advierte la determinación impugnada. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se les atribuyen, además, también se trata de los registros de audio y video de cuya reproducción es accesible para su consulta y porque se presume que la información digital se encuentra íntegra e inalterada desde el momento y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, y de igual manera, este Juzgador no advierte el análisis oficioso de alguna de ellas. QUINTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El análisis de los argumentos se llevará a cabo de forma conjunta y temática, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. No obstante lo establecido en el considerando anterior, se realiza una síntesis de los conceptos de violación formulados por la quejosa, a saber: El quejoso aduce que la resolución reclamada viola los principios de aplicación de derechos humanos, dado que al no separar el proceso se estaría corriendo la misma suerte que el coimputado, derivado de los medios de convicción que se desahogaran en favor del ahora quejoso en la etapa de juicio, el Juez se verá impedido para dividir el valor de las pruebas de cargo, pues no podría tener por acreditada la responsabilidad de su coimputado y, por otro lado, declararlas falsas e ineficaces para demostrar la participación del peticionario de amparo en el hecho delictuoso. Agrega que en la etapa de juicio ofrecerá como probanzas los videos de cámaras de vigilancia que acreditarán que su detención se realizó realmente en su domicilio y no en la hora, lugar y circunstancias que narraron los elementos aprehensores. Considera que, de conformidad con el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es posible la separación de procesos cuando se afecte el derecho de defensa, siempre que ello no implique el riesgo de provocar sentencias contradictorias, y esa contradicción versaría sobre la valoración de la prueba, esto es, respecto de la validez de las imputaciones que obran en contra del ahora quejoso y su coimputado, por parte del pasivo del delito, los testigos de cargo y policías aprehensores, lo que resulta de mayor trascendencia al infringir el derecho de defensa y de una sentencia justa, al no poderse dividir la valoración de la prueba. En su conjunto dichos motivos de reclamo resultan infundados. Ello es así, pues no se vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 1° Constitucional, dado que de acuerdo con los autos enviados como sustento del acto reclamado, así como a los postulados inmersos en ese precepto, se concluye: (i) el reconocimiento del Estado Mexicano de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales relacionados con aquéllos, la autoridad responsable en ningún momento vulneró alguno de los derechos fundamentales del quejoso y por contrario se constituyó como garante de los mismos; (ii) el principio pro persona e interpretación conforme, no deriva en que las pretensiones o lo pedido por el gobernado deba ser resuelto de manera favorable a lo solicitado, pues ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, pues ese principio no puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a interpretaciones que no encuentra sustento en las reglas de derecho aplicables; (iii) obligaciones de las autoridades, los cual también observó la autoridad responsable como garante y protector de los derechos humanos del justiciable, sin que en el caso advirtiera vulneración a algún derecho humano para su eventual reparación. Asimismo, es infundado que el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora transgreda el ordinal 14 de la Constitución Política, relativo al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, el cual establece: "Artículo 14. ... Nadie Podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." En efecto, las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, las cuales están contenidas en el derecho fundamental de audiencia establecido por el artículo 14 Constitucional, que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, que se cumplan con tales formalidades, cuyos requisitos son: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. La oportunidad de alegar. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 218, publicada en la página 260, tomo II, materia constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Y la tesis de jurisprudencia 552, publicada en la página 435, tomo II, materia penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. EN QUÉ CONSISTEN (ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL). Las formalidades esenciales del procedimiento a las que se contrae el artículo 14 constitucional consisten en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses." Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado cabe destacar lo siguiente: 1. El siete de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México llevó a cabo la audiencia inicial en la carpeta administrativa ********************, en la que en la que, entre otros aspectos, se calificó de legal la detención del ahora quejoso********************y su coimputado ********************, por el hecho delictuoso de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, con las agravantes de haberse ostentado como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso, interviniendo dos o más personas armadas y haberse cometido con violencia, en agravio de la víctima de identidad resguardada e iniciales ********************; asimismo, la Fiscalía Federal formuló imputación; se autorizó la duplicidad del término constitucional y se impuso a los imputados referidos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En audiencias de continuación de inicial de diez y once de octubre de dos mil veintiuno, se desahogaron diversos datos de prueba, consistentes en: Testimoniales a cargo de ********************,********************y ********************. Inspección judicial en el domicilio ubicado en ********************. Pericial en informática. 2. El doce de octubre de dos mil veintiuno, a las cinco horas del once de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control decretó la vinculación a proceso de********************y otro, por su probable participación en hecho que la ley señala como delito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, con las agravantes de haberse ostentado como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso, interviniendo dos o más personas armadas y haberse cometido con violencia, en agravio de la víctima de identidad resguardada e iniciales ********************; asimismo, se mantuvo intocada la medida cautelar prisión preventiva justificada y se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria. 3. El uno de marzo de dos mil veintidós, se formuló imputación en contra de********************y otro, por el ilícito aludido, y se señaló hora y fecha, para que tuviera verificativo la audiencia intermedia 4. El quince de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que se constató que la Fiscalía había realizado el descubrimiento probatorio; por su parte la defensora pública del imputado ********************, indicó su intención de acudir a juicio y, puntualizó que no tenía medios probatorios para realizar el descubrimiento; por su parte, ******************** el defensor particular de********************indicó que también era su deseo acudir a juicio y si contaba con medios probatorios para realizar su descubrimiento, sin embargo, solicitó la separación de procesos, en los siguientes términos (04:04-08:43 mins): "en caso de que las partes estuvieran en este momento en disposición de llevar a cabo el desahogo de la presente diligencia, en aras de una efectiva defensa, así como el hecho de que tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso y una tutela efectiva, entendida como aquella en donde se requiere la presencia de un Juez imparcial en donde se garanticen el respeto irrestricto de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de México, como es la progresividad e insisto el respeto a cada uno de sus derechos y que garanticen una efectiva defensa, pese a que esta defensa no desconoce que código procesal establece la improcedencia de una separación de procesos, cuando se trata de un delito que se persigue en contra de dos o más personas sin embargo, bajo el principio de lealtad y sin estar prejuzgando, el hecho de que mi defendido se vaya a juicio con el señor que le acompaña, indudablemente que ello implicaría que el juez que tuviera bien resolver el juicio se viera imposibilitado en un momento dado a dividir la credibilidad de la prueba, porque eso procesalmente no puede ser posible desde un aspecto lógico, es decir, no podrían tenerse, por un lado, por ciertos los hechos que le atribuyen al imputado que acompaña a mi defendido y, por otro lado, se pudiese dividir el valor de la prueba otorgándole eficacia probatoria con respecto a la inocencia de mi defendido, insisto por la circunstancia sui generis, de que no puede dividirse la valoración de la prueba, esto es, por un lado tener por cierta una imputación y, por otro, negarse valor en cuanto a la negativa de mi defendido, esto repercute en un correcto respeto al derecho de defensa al derecho de igualdad a la progresividad de los derechos humanos de tal manera que atendiendo a ese principio y a las circunstancias que se presentan, le pido de la manera más atenta que no obstante de que existe exposición expresa en el procesal nacional, en el sentido de que no pueden ser separados los procesos, excepcionalmente pido señoría, con fundamento en los derechos fundamentales que he mencionado qué pudiera llevarse a cabo la separación de procesos. Atento a tal solicitud, previo debate, el Juez responsable resolvió lo siguiente (24:11-29:01 mins): "efectivamente el artículo 1° constitucional la razón de la reforma de dos mil once, de la cual sufría nuestro sistema de justicia que efectivamente tutela los derechos fundamentales de las partes, esto bajo los principios de interdependencia de progresividad, hace referencia a que debemos tomar en consideración los principios de convencionalidad, efectivamente este órgano de control no está autorizado a decretar la inconstitucionalidad de una norma, sin embargo, si está facultado para realizar una interpretación conforme; en cuanto a esta circunstancia se ha establecido que existe una violación en cuanto a los derechos fundamentales contemplados por parte del acusado correspondiente, que se basa la defensa es en términos del artículo 1, 14 y 17 constitucional, sin embargo, para realizar un control de convencionalidad debemos establecer en cuál es la colisión que tiene con las leyes internacionales, es decir, que sería este el aspecto esencial, circunstancia que no sucede en este momento no tengo el parámetro correspondiente para hacer una comparativa y que exista una convencionalidad que pueda ser aplicable, sin embargo, es fundamental por parte de este órgano de control realizar un estudio y análisis en cuanto a los derechos fundamentales que se dicen violentar de libertad, se establece que es el debido proceso y en su caso la debida y adecuada defensa, estableciendo la defensa particular, en su caso, respetuosamente, que al realizar una ponderación por parte de mi homólogo dentro del área de juicio correspondiente podría generar una imparcialidad, esto partiendo del testimonial, prueba que efectivamente puede ser controvertida con otros medios correspondientes, circunstancia que considero no le asiste la razón, deberá ser en la etapa del juicio en la cual, al ser un mismo hecho delictuoso, deba llevarse a totalidad los medios correspondientes y en su caso, controvertidos, máxime que la defensa ha establecido que existen pruebas de la misma naturaleza que pretenden no sean valorados o que puedan ser ocupados en contravención a los derechos fundamentales de su defendido, amén de que también existen pruebas técnicas periciales que pudiesen auxiliar a dichas circunstancias y/o documentales como se ha hecho referencia a la existencia de videos y de atender a la solicitud realizada por parte de la defensa, estaría prejuzgando y estableciendo una división del procedimiento lo cual atentaría contra los principios rectores del procedimiento que se encuentran contemplados en los artículos 30, fracción IV, 35, parte final, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como trastocaría el derecho que tiene el agente del ministerio público a poder pronunciarse, en su momento, dentro de la acusación en el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su momento da oportunidad al agente del ministerio público para realizar la acusación acumulación o solicitudes correspondientes, circunstancias que ya han quedado claras dentro de la carpeta que nos ocupa y de la cual se desprende efectivamente que la agente del Ministerio Público ya ha plasmado su postura respecto a la acusación correspondiente, dentro de la acusación el ministerio público estableció que no había motivos para llevar a cabo una acusación o separación de la misma puesto que no hay referencia en cuanto a que pudiese esta circunstancia ser dilatoria del procedimiento, es decir, no tengo referencia alguna de que esto pueda dilatar; el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece la unión o separación de acusaciones y hace referencia que cuando el ministerio público formule diversas acusaciones que el Juez de Control considere conveniente someter a una misma audiencia al debate y, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, este es el aspecto esencial que hace referencia a la defensa, hasta este momento no tengo ninguna referencia que me permita hacer o dar oportunidad a que se separen, en su caso, los juicios correspondientes, máxime que es el mismo hecho investigado y esto generaría la economía procesal que también que lleva y la opinión y la intención de no llevar a cabo procesos separados que pudiesen generar sentencias contradictorias; considera este órgano de control que no podrá ser llevada la separación de juicio puesto que hay una sola acusación, es un mismo hecho investigado y en el cual se desprenden los mismos medios de convicción que, en su caso, obvio queda a salvo el derecho de ser controvertidos de la forma puntual y objetiva que considere la defensa. Inconforme con ese pronunciamiento, la defensa particular del ahora quejoso interpuso recurso de revocación, bajo el argumento de agotar el principio de definitividad y formuló los agravios correspondientes; respecto de tal impugnación, el juez responsable, en términos del 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvo por interpuesto el recurso de revocación, sin embargo, puntualizó que no era factible tener por autorizada la revocación, puesto que en términos de la parte final del artículo 35 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la resolución del juez que declare improcedente la separación de procesos, no admitirá recurso alguno, por lo cual confirmó el mismo. Así las cosas, se observó lo establecido en el artículo 14 de la Constitución General de la República, pues durante la solicitud de separación de juicios, la parte quejosa en todo momento tuvo la oportunidad de alegar lo que a su interés jurídico correspondía, por lo que al respetarse los requisitos reseñados se cumplió con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Por otro lado, el concepto de violación en que se asevera que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, también resulta infundado, pues sí satisface la garantía de legalidad consagrada en el numeral 16 Constitucional, que en el párrafo primero establece: "16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del artículo transcrito se desprende, que todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que deben expresarse con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, y por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 204, visible en la página 666, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Aspectos formales colmados en la especie, pues en cuanto al requisito de fundamentación, en la determinación que declaró improcedente la separación de procesos, se aplicaron los preceptos de ley que la sustentan; esencialmente se funda en los numerales 30, 35, 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad Para los efectos de este Código, habrá acumulación de procesos cuando: I. Se trate de concurso de delitos; II. Se investiguen delitos conexos; III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad. Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. No existirá concurso cuando se trate de delito continuado en términos de la legislación aplicable. En estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. Artículo 35. Separación de los procesos Podrá ordenarse la separación de procesos cuando concurran las siguientes circunstancias: I. Cuando la solicite una de las partes antes del auto de apertura al juicio, y II. Cuando el Juez de control estime que de continuar la acumulación el proceso se demoraría. La separación de procesos se promoverá en la misma forma que la acumulación. La separación se podrá promover hasta antes de la audiencia de juicio. Decretada la separación de procesos, conocerá de cada asunto el Juez de control que conocía antes de haberse efectuado la acumulación. Si dicho juzgador es diverso del que decretó la separación de procesos, no podrá rehusarse a conocer del caso, sin perjuicio de que pueda suscitarse una cuestión de competencia. La resolución del Juez de control que declare improcedente la separación de procesos, no admitirá recurso alguno. Artículo 343. Unión y separación de acusación Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el Juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba. El Juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias." Con base en tales preceptos, se considera que de manera acertada, el Juez responsable estimó, que hasta la etapa que se analiza, no era procedente separar los procesos, dado que: Existe una sola acusación, sobre un solo hecho investigado y los mismos medios de convicción. La prueba testimonial, puede ser controvertida con otros medios correspondientes, como pruebas técnicas periciales o documentales, pues incluso se hizo referencia a la existencia de videos, por lo que estimar que en su valoración existiría imparcialidad, implica prejuzgar sin elementos objetivos. De autorizar la separación solicitada se generaría una división del procedimiento lo cual atentaría contra, la economía procesal, la continencia de la causa y se correría el peligro de emitir sentencias contradictorias. Así, en cuanto al aspecto de fundamentación y motivación se encuentra satisfecho, pues contiene los preceptos legales aplicables al caso, los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se estimó improcedente la separación de juicios, de ahí que exista adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos. En ese sentido, el acto reclamado no vulnera en perjuicio el quejoso, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente los establecidos en los numerales 14 y 16. Asimismo, es infundado el concepto de violación en el que en esencia se aduce que, de no separar los procesos el Juez se verá impedido para dividir el valor de las pruebas de cargo, pues no podría tener por acreditada la responsabilidad de su coimputado y, por otro lado, declararlas falsas e ineficaces para demostrar la participación del peticionario de amparo en el hecho delictuoso, por lo que asevera que sí se afecta el derecho de defensa y podrían emitirse sentencias contradictorias en cuanto a la valoración de la prueba. Se dice infundado puesto que, no debe perderse de vista que uno de los fines inmediatos de la separación de procesos es que el instruido en contra de varios inculpados, se concluya respecto de alguno o algunos de ellos y se dicte la sentencia respectiva que a ellos corresponda, sin perjuicio de continuar la secuela procedimental por lo que ve a los diversos sujetos activos. Sin embargo, para que sea procedente tal separación es menester, en cuanto al fondo, la inexistencia de alguna vinculación material o jurídica entre los diversos inculpados, es decir, una misma acusación y los mismos hechos, pues cuando existan puntos de debate comunes, es claro que no podrían separarse los juicios. Así las cosas, tal y como acertadamente lo destacó el Juez responsable, se trata de una misma acusación, un mismo hecho delictuoso (extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, con las agravantes de haberse ostentado como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso, interviniendo dos o más personas armadas y haberse cometido con violencia) y, son mismas pruebas de cargo que obran en contra del ahora quejoso y su coimputado; circunstancia que por sí misma hace improcedente la separación solicitada; aspectos que incluso son reconocidos por la defensa particular al momento de realizar la petición correspondiente, al aseverar que se está en presencia de un delito que se persigue en contra de dos o más personas. Máxime que, la parte quejosa enfoca su agravio en el eventual perjuicio de su derecho de defensa, que estima pudiera generarse al momento que se realice la ponderación de las pruebas de cargo, en contraposición con los medios de prueba que se desahogaran en la etapa de juicio y que controvierten la imputación que obra en su contra, pues considera que no es posible dividir su valoración, esto es, restárles valor por lo que hace a su persona y otorgarles peso probatorio respecto de su coimputado. Empero, no asiste razón a la parte quejosa, pues parte de una premisa equívoca, ya que los datos de prueba (incluida la testimonial), que obran en su contra, pueden controvertirse por medio de pruebas técnicas periciales o documentales, como pudieran ser los videos que refiere ofrecerá en la etapa de juicio. Además, en cuanto al punto específico de la valoración de la prueba testimonial, se debe de precisar, que en un primer nivel, la misma solo es válida si cumple con ciertos requisitos, de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio, en tanto que, en un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto, esto es, la calificación no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona, por lo que sí es jurídicamente válido que el alcance probatorio de su dicho pueda dividirse, ya que, por ejemplo, una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra persona; además, esa valoración deberá de ponderarse, según su vinculación con otras fuentes de convicción. Es ilustrativo a lo anterior, el criterio judicial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 414, que establece: "PRUEBA TESTIMONIAL. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ Y POSTERIOR VALORACIÓN. La prueba testimonial, en un primer plano de análisis, sólo es válida si cumple con ciertos requisitos (taxativamente delimitados en las normas procesales respectivas), de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio en tanto que en un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto. De lo anterior se advierte que la calificación no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona, por lo que el alcance probatorio de su dicho puede dividirse, ya que una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra persona. Así, lo que un testigo ha conocido directamente tiene valor probatorio de indicio y debe ponderarse por la autoridad investigadora o judicial conforme al caso concreto, según su vinculación con otras fuentes de convicción; mientras que lo que no haya conocido directamente, sino a través del relato de terceros, no debe tener valor probatorio alguno. Por tanto, las referidas condiciones normativas están establecidas como garantía mínima para que un testimonio pueda adquirir el carácter indiciario sujeto a la calificación del juzgador. De ahí que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, el aspecto relacionado con la valoración de las pruebas por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, no puede dar lugar a una separación de juicios, pues al tratarse de una sola acusación, un mismo hecho delictivo y mismos medios probatorios, se dividiría la continencia de la causa, fragmentándose la litis, pudiendo ocasionar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias. Sin que ello, vulnere el derecho de defensa, pues la apreciación de los medios de prueba, dependerá de las exigencias normativas y vinculada a otros medios de convicción, incluidos los de descargo que lleguen a ofrecerse en la etapa de juicio. Es aplicable a lo anterior, en cuanto a su contenido, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 84, marzo de 2021, tomo II, página 1217, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA (ABROGADO), NO VIOLA EL DERECHO DE IGUALDAD PROCESAL NI LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E IMPARCIALIDAD. Hechos: Se radicó una causa penal en contra de una persona por el delito de secuestro agravado; seguid|o el procedimiento penal, el Tribunal del Juicio Oral determinó de manera oficiosa acumular diversos procesos penales de su índice para substanciar un único juicio oral; el referido Tribunal dictó sentencia condenatoria, la cual fue recurrida en casación modificándola. En contra de esta resolución se promovió amparo directo en el que se planteó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca (abrogado). El Tribunal Colegiado de Circuito al resolver, consideró que el precepto impugnado no vulneraba los principios de igualdad, contradicción e imparcialidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca (abrogado), al autorizar al Juez de Control a efectuar, de manera oficiosa, la acumulación de juicios o causas penales, no contraviene el derecho de igualdad procesal ni los principios de contradicción y de imparcialidad. Justificación: Ello, porque la acumulación de los procesos penales para que sean resueltos en un único juicio, no implica una invasión a las facultades del Ministerio Público, ya que no puede estimarse que esa decisión jurisdiccional sustituya o realice atribuciones que corresponden exclusivamente a la representación social; por el contrario, el Juez está facultado para advertir, aun de forma oficiosa, si existe algún vínculo de conexidad entre dos o más procesos en relación con las acusaciones formuladas por el fiscal, a fin de someterlos a la realización de un único juicio, en aras de la economía procesal y la correcta administración de justicia, esto es, evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, incompatibles o excluyentes mutuamente, de conocerse de forma separada. De tal manera que la posibilidad de que diversas causas penales que comparten un mismo objeto procesal se concentren para un mismo juicio para la obtención de un único fallo, no significa una ventaja para el Ministerio Público en detrimento del derecho de defensa de los acusados, en virtud de que la sentencia que resuelva el proceso y sus acumulados deberá contener tantos pronunciamientos como objetos procesales que derivados de la acumulación existan. Es decir, la tramitación en un único procedimiento no puede impedir que se conozcan todas y cada una de las pretensiones interpuestas ante el órgano jurisdiccional. Tampoco implica que se releve al Ministerio Público de presentar en la audiencia de debate prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, toda vez que el Juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Por tales razones, no puede afirmarse que la figura procesal de mérito promueva que el juzgador concentre funciones de investigación, acusación o defensa, ni que favorezca indebidamente a alguna de las partes, ya que actúa como rector del proceso en un plano de neutralidad. En consecuencia, la determinación aquí reclamada por el imputado se ajusta al marco normativo constitucional y legal que regula su emisión, sin que en el caso se advierta violación alguna a los derechos fundamentales del quejoso ni motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja. En las relatadas circunstancias, lo procedente es NEGAR a********************el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó, en contra de la determinación que negó la separación de procesos. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos y efectos asentados en el último considerando de la presente sentencia."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, a través del cual, en desahogo al requerimiento efectuado el dos de enero del año en curso, informa que el Licenciado Alejandro Jacinto Baltazar funge como defensor particular del aquí quejoso, en autos de la carpeta administrativa 253/2021, de su índice. Atento a ello, téngase por hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional el carácter de dicho profesionista para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido, que en el presente juicio constitucional éste fue designado como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

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