Juan Daniel González Grajeda y Otros.
Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Daniel González Grajeda
- Juan Daniel González Grajeda y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
NOTIFÍQUESE, HÁGASE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte: El seis de julio de dos mil veintidós se dio trámite a la demanda de amparo promovida por Juan Daniel González Grajeda, en la cual reclama, el auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó dejar firme la resolución interlocutoria de ocho de junio del año en curso, emitido en el incidente de incumplimiento de convenio (liquidación de alimentos) con número de expediente 2719/2022-F, derivado del juicio oral ordinario 1662/2017-F, del índice del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en la localidad De las constancias que obran en el expediente se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Esto s así, pues del artículo 891 en relación con el 232, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se desprende que las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación; y, que el recurso de revocación procede en contra de los autos que no son apelables. Es entonces, que el proveído reclamado (en que se dejó firme la resolución interlocutoria de cumplimiento de convenio) no se encuentra dentro de los que son apelables, y en consecuencia, admite recurso de revocación. En ese contexto, previó a acudir al juicio de amparo, se debió impugnar el acto a través del recurso ordinario, por lo que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Además, se advierte la actualización de diversa causa de improcedencia (la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo), ya que el acto reclamado, no es de aquellos de imposible reparación, ni constituye la última resolución del procedimiento dictada en la etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior, pues el auto reclamado es un acto realizado después de concluido el juicio, tendiente a ejecutar el convenio elevado a cosa juzgada en el juicio oral ordinario 1662/2017-F. En tal auto se dejó firme la resolución incidental en que se determinó el incumplimiento del convenio que puso fin al juicio oral ordinario sobre alimentos. Es decir, el quejoso se duele de la determinación que causó ejecutoria la sentencia incidental que determinó fundado el incidente de incumplimiento de convenio en ejecución de sentencia. Ahora bien, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, la regla general previene, que sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento. Si bien, en sentencias que condenan alimentos, el cumplimiento es de tracto sucesivo, cada incidente de liquidación interpuesto por el acreedor alimentario con posterioridad a la condena establecida en sentencia firme, tiene la característica de ser autónomo e independiente; en consecuencia, el cumplimiento en cada caso, dependerá de la resolución que reconoce el cumplimiento total de lo cuantificable en la resolución interlocutoria. Ahora, dicha regla aplica la excepción cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Es entonces, que se revela que el acto reclamado no afecta derecho sustantivo alguno en perjuicio del promovente, pues versa sobre cuestiones procesales y propias del cumplimiento de convenio celebrado en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En conclusión, el acto reclamado no causa una afectación irreparable y tampoco es el último en el procedimiento de ejecución, porque gira en torno del cumplimiento del fallo incidental; por lo que de modo alguno puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto. En mérito de lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte: El seis de julio de dos mil veintidós se dio trámite a la demanda de amparo promovida por Juan Daniel González Grajeda, en la cual reclama, el auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó dejar firme la resolución interlocutoria de ocho de junio del año en curso, emitido en el incidente de incumplimiento de convenio (liquidación de alimentos) con número de expediente 2719/2022-F, derivado del juicio oral ordinario 1662/2017-F, del índice del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en la localidad De las constancias que obran en el expediente se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Esto s así, pues del artículo 891 en relación con el 232, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se desprende que las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación; y, que el recurso de revocación procede en contra de los autos que no son apelables. Es entonces, que el proveído reclamado (en que se dejó firme la resolución interlocutoria de cumplimiento de convenio) no se encuentra dentro de los que son apelables, y en consecuencia, admite recurso de revocación. En ese contexto, previó a acudir al juicio de amparo, se debió impugnar el acto a través del recurso ordinario, por lo que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Además, se advierte la actualización de diversa causa de improcedencia (la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo), ya que el acto reclamado, no es de aquellos de imposible reparación, ni constituye la última resolución del procedimiento dictada en la etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior, pues el auto reclamado es un acto realizado después de concluido el juicio, tendiente a ejecutar el convenio elevado a cosa juzgada en el juicio oral ordinario 1662/2017-F. En tal auto se dejó firme la resolución incidental en que se determinó el incumplimiento del convenio que puso fin al juicio oral ordinario sobre alimentos. Es decir, el quejoso se duele de la determinación que causó ejecutoria la sentencia incidental que determinó fundado el incidente de incumplimiento de convenio en ejecución de sentencia. Ahora bien, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, la regla general previene, que sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento. Si bien, en sentencias que condenan alimentos, el cumplimiento es de tracto sucesivo, cada incidente de liquidación interpuesto por el acreedor alimentario con posterioridad a la condena establecida en sentencia firme, tiene la característica de ser autónomo e independiente; en consecuencia, el cumplimiento en cada caso, dependerá de la resolución que reconoce el cumplimiento total de lo cuantificable en la resolución interlocutoria. Ahora, dicha regla aplica la excepción cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Es entonces, que se revela que el acto reclamado no afecta derecho sustantivo alguno en perjuicio del promovente, pues versa sobre cuestiones procesales y propias del cumplimiento de convenio celebrado en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En conclusión, el acto reclamado no causa una afectación irreparable y tampoco es el último en el procedimiento de ejecución, porque gira en torno del cumplimiento del fallo incidental; por lo que de modo alguno puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto. En mérito de lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Incidental
Por lo expuesto, SE RESUELVE: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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