Juan Daniel Esquivel Gutiérrez

Expediente 1055/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1055/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Daniel Esquivel Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Informan acceso de defensor a Cefereso 13. Agréguese a los autos el oficio del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPSOAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por el que, en cumplimiento al auto de dieciséis de noviembre del año en curso, informa que giró las instrucciones correspondientes para que se le permita el acceso al área de locutorios del Centro Federal a su cargo, al defensor público federal ********************, a fin de que asista al quejoso ********************; lo anterior, para los efectos legales correspondientes NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. ********************Designan defensor al quejoso.********************Agréguese el oficio firmado electrónicamente por la Titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta localidad; visto su contenido, se le tiene informando que designa al licenciado ********************, defensor público federal adscrito a esa delegación, para que asista al quejoso ********************. ********************Tómese nota del correo electrónico y número telefónico proporcionado en el oficio de cuenta como medio de contacto del defensor público ********************. ********************De igual forma, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "********************", a nombre de ********************, para acceder vía electrónica a las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran este juicio de amparo.********************Se ordena notificación personal defensor público.********************En tal virtud, se ordena al Actuario adscrito notificar personalmente al defensor público designado, el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, para que manifieste lo que a los derechos de su representado convenga.********************Se informa al quejoso la designación de defensor.********************De igual forma, hágase saber al quejoso que al contar con la asesoría de un defensor público federal, las notificaciones relevantes se realizarán en el lugar de su reclusión y las restantes por conducto de su defensor designado.********************Lo anterior, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se deben realizar al directo quejoso en el lugar de su reclusión, lo que además se corrobora con la jurisprudencia 1a./J.104/2022 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias Común, Penal, undécima época, registro digital 2025391, bajo el rubro y texto siguientes:****************************************"NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO].********************Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos.********************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado.********************Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable."****************************************Tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se ordena notificarle el contenido del presente auto en dicho centro de reclusión.********************En la inteligencia que el Actuario judicial adscrito a este Juzgado, una vez hecho lo anterior, deberá levantar el acta correspondiente.****************************************Se gira oficio al Director del Centro de Reclusión del quejoso.********************Se ordena girar oficio al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que tomando en consideración el nombramiento del licenciado ********************, quien asistirá al quejoso ********************, recluido en el Centro de Reclusión Federal a su cargo, proceda en términos del artículo 58 de la Ley Nacional Ejecución Penal, que dispone que las entrevistas entre los defensores públicos con sus defendidos deben desarrollarse en un área adecuada, para que la persona privada de la libertad pueda entrevistarse de manera libre y privada con su defensor, permitiendo las autoridades penitenciarias el ingreso de los objetos que requiera el defensor para su desempeño.********************Por lo tanto, deberá brindar al defensor público designado las facilidades y seguridad, en la práctica de las visitas que realizará a su representado.********************NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL ********************, ASÍ COMO AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, POR CONDUCTO DE LA ACTUARIA ADSCRITA PATRICIA ELENA RAMÍREZ.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Glósese a los autos el escrito de cuenta y anexo, de *****, apoderado legal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa en relación al requerimiento formulado en auto de once de octubre de dos mil veintitrés, así como realiza diversas manifestaciones, y remite las constancias con las que acredita las acciones que se encuentra realizando a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Por tanto, previo hacer efectivo el apercibimiento de multa con el que se conminó en autos, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo y 194 de la Ley de Amparo, requiérase por CUARTA OCASIÓN al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, con el carácter de autoridad vinculada para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del plazo de tres días, a partir del en que surta efectos la notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su totalidad, esto es: 1.- Acredite haber realizado el pago de la totalidad a la que fue condenado en el laudo dictado el doce de junio de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral ***** del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje. 2.- Realice el pago de las cuotas obrero patronales al IMSS, INFONAVIT y SAR, que dejó de percibir la actora a partir del cuatro de agosto de dos mil trece. Debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acrediten haber dado cabal cumplimiento al fallo. Apercibiendo a la autoridad vinculada al cumplimiento, que en caso de incumplimiento al fallo protector, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de hacer efectivo el medio de apremio, de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia. Asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el Estado de Oaxaca, en turno, para continuar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se invoca por su aplicación en la especie, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), correspondiente a la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 19, con registro digital 2007918 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. SI HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA EL CUMPLIMIENTO, EL JUEZ DE AMPARO DEBERÁ MULTAR A LAS AUTORIDADES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA LEY DE AMPARO, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". No es obstáculo a lo anterior, que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, no haya sido señalado como responsable, pues su actuar se encuentra vinculado al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, tal y como lo establece, la jurisprudencia 57/2007, aportada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXV, Mayo de 2007, que aparece publicada en la página 144 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Ahora, respecto a que solicita se haga una suspensión al trámite de los requerimientos que se le han estado formulando relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud del recurso de queja interpuesto en el presente asunto, en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; no ha lugar a ello, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo, son de orden público e insuspendibles; por lo que, cualquier omisión o falta de impulso, que retarde el cumplimiento, va en contra de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo; de ahí que, cuentan con intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo, del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al que anexa copia del acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, de su índice; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, en virtud de que por auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se le tuvo remitiendo la copia del referido acuerdo, así como informando los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, en atención al requerimiento formulado en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.

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