Juan Daniel Alavez García
Expediente 200/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 27/02/2023
Partes del expediente
- Juan Daniel Alavez García
- Juan Daniel Alavez García y Otros.
- Juez Mixto de Primera Instancia, Playas de Rosarito, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Glósese el oficio allegado por la superioridad, con el cual devuelve el expediente de este juicio; asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 1/2023, en el que se resolvió: "PRIMERO. Se declara infundado el incidente de inejecución de sentencia" Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. En consecuencia, intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las fotocopias certificadas con que se formó, ya que son susceptibles de destrucción. Bajo ese panorama, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, es imperativo analizar las constancias relativas para determinar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida o no. En el presente asunto, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************y a su menor ********************, para los efectos siguientes: "[.] es para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, Baja California: A) Deje sin efecto la diligencia efectuada el seis de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente ********************, en la cual se entregó a la menor ********************. a su progenitora, así como los autos de treinta y uno de enero de dos mil veinte, diecisiete de octubre y siete de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente por cuanto hace a la determinación del depósito y entrega de la menor a su madre, y, hecho lo anterior, previo a resolver sobre la guarda y custodia de la menor, tomando como base lo aquí resuelto, determine si resulta o no necesario realizar a la menor una entrevista a efecto de que emita su opinión, y recabe los medios de prueba que estime pertinentes para resolver sobre la cuestión planteada, en observancia a las normas nacionales e internacionales. B) En el supuesto de que autorice la citada entrevista, la reunión con la menor se deberá desarrollar de la siguiente manera: 1. Previamente a la entrevista, el Juez se deberá reunir con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con la infante, para que le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación. 2. En el acto de la diligencia el juzgador deberá informar a la menor con un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, si esto es posible en atención a la opinión del especialista. 3. La declaración o testimonio de la niña debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, en la medida en que la menor desee emitir su declaración o testimonio. 4. En la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de la menor íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado que permitan el registro del audio. 5. Tanto la valoración experta referida en el punto 1 que antecede, como la declaración o testimonio de la menor, deberán practicarse preferentemente a distancia a través del sistema de videoconferencia, para evitar la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 6. De no ser posible su práctica a distancia, previa justificación de esas circunstancias, la declaración o testimonio de la menor se deberá realizar en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses de la menor, esto es, donde pueda sentirse respetada y segura para expresar libremente su opinión, para lo cual se deberán adoptar las medidas preventivas relacionadas al distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el mínimo de personas que deberán concurrir debidamente sanitizadas, con el uso de cubre bocas y demás utensilios que se consideren adecuados también debidamente sanitizados, a fin de lograr el distanciamiento social que permita mitigar y controlar los riesgos de contagio para la salud de la infante y de las demás personas cuya presencia sea necesaria. 7. Además de estar presente el juzgador con asistencia de representación social, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con dicho juzgador, así como una persona de confianza de la menor, para proteger su interés superior, evitando, en la medida de lo posible, que con ello se genere un conflicto de intereses. C) Una vez recabadas las pruebas y opte por entrevistar a la menor y se realice la citada entrevista, deberá pronunciarse inmediatamente sobre la guarda y custodia provisional solicitada, para lo cual, deberá fundar y motivar su determinación. D) En el supuesto de que el Juez responsable decida no entrevistar a la menor, deberá recabar las pruebas que considere pertinentes y, una vez logrado lo anterior, se debe de pronunciar inmediatamente sobre la guarda y custodia provisional solicitada, para lo cual, deberá fundar y motivar su determinación." Posteriormente, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad vinculada su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, quien informó lo conducente y remitió copia certificada de las constancias con las que adujo acreditar su aserto, las que tienen pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego, del examen de las citadas constancias, se considera que la autoridad jurisdiccional cumplió con el fallo protector, pues a través del oficio 2559/2022, informó que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ********************, presentaron un convenio ante la responsable a fin de tener por concluido el juicio ordinario civil de divorcio necesario ********************, en el que asentaron diversas cláusulas que importan al cuidado, custodia, pago de pensión alimenticia, gastos escolares y médicos y convivencia de la menor con sus progenitores, el cual fue aprobado mediante sentencia dictada el veintiséis de mayo de ese mismo año, y adquirió firmeza el veinte de agosto de dos mil veintiuno. De esta forma, no subsiste la materia del amparo, ante la conclusión de la controversia al haber llegado las partes a un convenio en el expediente primigenio. Similares consideraciones se adoptaron por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1/2023 de su índice. Razones anteriores por las que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. En otro aspecto, de conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento con el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, por haberse otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dos de marzo de dos mil veintiséis. Además, se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible, al encuadrar en la hipótesis del artículo 21, inciso c), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el dos de marzo de dos mil veintiséis. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente y solicítese la transferencia del expediente principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. En cumplimiento al artículo 18, fracción III, inciso c), párrafo segundo, del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo, tales probanzas serán destruidas. Finalmente, cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Glósese el oficio que remite la superioridad, mediante el cual informa a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia planteado, el cual se registró con el número que indica. Ahora, cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió para las partes el plazo previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que interpusieran recurso de inconformidad en contra de la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, remítase a la superioridad el expediente en que se actúa, con motivo de la imposibilidad material y jurídica de la autoridad responsable para dar cumplimiento con el fallo protector. Por ende, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, sin que hicieran manifestación al respecto, por lo que con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si el fallo se encuentra cumplido o no, o si existe imposibilidad para cumplirlo. En el presente asunto, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Playas de Rosarito, Baja California: A) Deje sin efecto la diligencia efectuada el seis de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente 440/2019, en la cual se entregó a la menor A.J.A.J. a su progenitora, así como los autos de treinta y uno de enero de dos mil veinte, diecisiete de octubre y siete de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente por cuanto hace a la determinación del depósito y entrega de la menor a su madre, y, hecho lo anterior, previo a resolver sobre la guarda y custodia de la menor, tomando como base lo aquí resuelto, determine si resulta o no necesario realizar a la menor una entrevista a efecto de que emita su opinión, y recabe los medios de prueba que estime pertinentes para resolver sobre la cuestión planteada, en observancia a las normas nacionales e internacionales. B) En el supuesto de que autorice la citada entrevista, la reunión con la menor se deberá desarrollar de la siguiente manera: 1. Previamente a la entrevista, el Juez se deberá reunir con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con la infante, para que le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación. 2. En el acto de la diligencia el juzgador deberá informar a la menor con un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, si esto es posible en atención a la opinión del especialista. 3. La declaración o testimonio de la niña debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, en la medida en que la menor desee emitir su declaración o testimonio. 4. En la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de la menor íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado que permitan el registro del audio. 5. Tanto la valoración experta referida en el punto 1 que antecede, como la declaración o testimonio de la menor, deberán practicarse preferentemente a distancia a través del sistema de videoconferencia, para evitar la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 6. De no ser posible su práctica a distancia, previa justificación de esas circunstancias, la declaración o testimonio de la menor se deberá realizar en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses de la menor, esto es, donde pueda sentirse respetada y segura para expresar libremente su opinión, para lo cual se deberán adoptar las medidas preventivas relacionadas al distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el mínimo de personas que deberán concurrir debidamente sanitizadas, con el uso de cubre bocas y demás utensilios que se consideren adecuados también debidamente sanitizados, a fin de lograr el distanciamiento social que permita mitigar y controlar los riesgos de contagio para la salud de la infante y de las demás personas cuya presencia sea necesaria. 7. Además de estar presente el juzgador con asistencia de representación social, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con dicho juzgador, así como una persona de confianza de la menor, para proteger su interés superior, evitando, en la medida de lo posible, que con ello se genere un conflicto de intereses. C) Una vez recabadas las pruebas y opte por entrevistar a la menor y se realice la citada entrevista, deberá pronunciarse inmediatamente sobre la guarda y custodia provisional solicitada, para lo cual, deberá fundar y motivar su determinación. D) En el supuesto de que el Juez responsable decida no entrevistar a la menor, deberá recabar las pruebas que considere pertinentes y, una vez logrado lo anterior, se debe de pronunciar inmediatamente sobre la guarda y custodia provisional solicitada, para lo cual, deberá fundar y motivar su determinación." Una vez que causó ejecutoria la sentencia, se requirió a la autoridad vinculada para que diera cumplimiento con la misma, quien informó respecto de diversas actuaciones que acontecieron en el juicio de origen y remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó su aserto; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Informe y constancias de las que se aprecia que antes de que causara ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, sucedieron los siguientes actos jurídicos: El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, Yahaira Daniela Jiménez Cocolotl y Juan Daniel Alavez García, presentaron un convenio ante la responsable a fin de tener por concluido el juicio ordinario civil de divorcio necesario 440/2019, en el que asentaron diversas cláusulas que importan al cuidado, custodia, pago de pensión alimenticia, gastos escolares y médicos y convivencia de la menor con sus progenitores; Una vez ratificado el acuerdo de voluntades, el juez vinculado dictó sentencia el veintiséis de mayo siguiente, en la que resolvió, entre otras cosas, aprobar el convenio celebrado por los promoventes; El veinte de agosto de esa anualidad, se decretó la firmeza de dicho fallo, se giraron oficios noticieros a los entes correspondientes y se ordenó el archivo del juicio de origen, por encontrarse totalmente concluido. Siendo así, se colige que previo a decretarse la firmeza de la sentencia en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, comenzó a materializarse y a tener consecuencias jurídicas una determinación en la que se aprobaron ciertas cláusulas relacionadas con la guarda, custodia y régimen de convivencia de la infante A. J. A. J. con sus progenitores, que son factores que atañen en el cumplimiento del fallo protector, pues en éste se le ordenó al juez vinculado emitir un nuevo pronunciamiento sobre esos tópicos en específico -en observancia de los lineamientos destacados-. En consecuencia, lo procedente es declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento con el fallo protector, por lo que, una vez que transcurra para las partes el plazo previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordenará remitir los autos del presente asunto al tribunal colegiado de circuito correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente y a la menor quejosa por conducto de su representante especial.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Gilberto Javier Camacho Muñoz, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. jus
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