Juan Cristian Anuar Gálvez
Expediente 143/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 27/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Juan Cristian Anuar Gálvez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, proveído que fue debidamente notificado y al haber transcurrido a la fecha el término de diez días para la interposición del recurso de revisión, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado. Sin que sea obstáculo a lo anterior el que no obre en autos acuse de recibo de que la autoridad Comandante de la Guarnición Militar de San Luis Río Colorado, Sonora, haya sido debidamente notificada del auto de cuatro de los corrientes, dictado en el presente juicio de amparo, ya que carece de legitimación para, en un momento dado, interponer el recurso de revisión, en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictada en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.J/74, visible en la página 84, Tomo 83, Noviembre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO." El artículo 87, de la Ley de amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valor por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Agréguese el incidente de suspensión respectivo. Así mismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, deberá depurarse el original del incidente de suspensión de amparo al haberse concedido, la suspensión provisional solicitada. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Por último, en términos del capítulo tercero, punto undécimo, segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Incidental
..........RESUELVE. ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA.......
- Incidental
Visto el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto a la vista concedida mediante proveído de dieciocho de marzo pasado, respecto a la existencia o inexistencia de la autoridad señalada como responsable con denominación Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, de lo cual fue notificada por lista de acuerdos del veintiocho siguiente; por lo que al no haber hecho manifestación alguna se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por inexistente la misma, no debiendo de tomarla en consideración en el presente incidente de suspensión.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido al quejoso *******, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, del que fue notificado personalmente por conducto de su autorizado el veintiocho de marzo pasado, sin que haya hecho manifestación alguna, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se procede a resolver lo que en derecho procede. Ahora bien, el quejoso Juan Cristian Anuar Gálvez, señaló como acto reclamado: "De las ordenadoras responsables, reclamo la orden de aprehensión dictada en mi contra, fuera de todo fundamento constitucional y legal. De las demás autoridades reclamo la ejecución de dicha orden de aprehensión." Ahora bien, del informe justificado que rindió la Jueza Primera de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, se advierte que existe causa penal 74/2016, a nombre del hoy quejoso, en la cual el cinco de marzo del presente año, se dictó resolución a la solicitud de orden de aprehensión, negándose la misma a favor del impetrante del presente juicio de derechos fundamentales por el delito de tentativa de robo con violencia, por dos o más personas, en casa habitación, habitada al momento de su comisión, cometido en agravio de Daniel Esmeralda Sestiaga y Bernabé Lara López (foja 14); lo que se evidencia de las constancias remitidas por dicha autoridad a fojas 206 a 216, del legajo de pruebas (anexo I). Documentales que participa de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo dispuesto por la fracción IV del precepto 63 de la Ley de Amparo, este Juzgador advierte la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento en el presente juicio. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis número 121/2002-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTE E INDUDABLE." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Se afirma que se actualiza dicha causa de sobreseimiento, ya que el quejoso presentó su demanda de amparo en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la que señaló como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra, seguidamente del informe con justificación que rindió la autoridad responsable, se advierte que la resolución recaída a la petición hecha por el Agente del Ministerio Público, fue emitida el cinco de marzo del presente año. De lo anterior, se advierte que no existía el acto reclamado, al momento de presentarse la presente demanda de amparo, circunstancia ya expresada que implica por lógica que cuando se promovió el juicio de amparo, es decir, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, no existía la resolución de la orden de aprehensión solicitada por el Agente Investigador; de ahí que si la actualización del acto reclamado debe apreciarse por regla general con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en el caso concreto no existía para cuando se controvirtió su constitucionalidad a través de la demanda de amparo indirecto. Por lo que debe decretarse el sobreseimiento, con base en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, para el supuesto de que se demuestre a través de las constancias de autos la no existencia del acto reclamado. Ilustra lo anterior la tesis aislada IV.3o.72 K, con registro 213793, de la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII de enero de 1994, materia común, página 254 que dice al rubro: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Jurisprudencia 2a./J. 3/94, con registro 206346, de la Octava Época, instancia Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79 de julio de 1994, materia común, página 15, que reza al rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo promovido por Juan Cristian Anuar Gálvez. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dentro del presente juicio de amparo, por las razones antes expuestas.
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