Juan Coral García

Expediente 149/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
149/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Coral García

Actuaciones

  1. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió del cinco al once de marzo del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. b) Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibieron, apercibido que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió del cinco al once de marzo del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. b) Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibieron, apercibido que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Coral García, contra actos del Presidente del Partido Político Movimiento Regeneración Nacional y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 149/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Precisión del acto reclamado. En el caso, Juan Coral García, busca que a través del juicio de amparo este órgano jurisdiccional ejerza control de constitucionalidad sobre los actos siguientes: "(.) De la AUTORIDAD ORDENADORA reclamo: la orden dada a efecto de que no dé entrada o ser omisa la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de morena, órgano facultado para dirimir controversias entre militantes del ente político MORENA A NUESTRO ESCRITO DE QUEJA de fecha 11 de Enero de 2021 quien debe actuar, como un sistema de justicia partidaria, pronta, expedita y con una sola instancia que por ser esta comisión garantía al acceso a la justicia plena del acuerdo a su Estatuto del partido político morena. Específicamente como lo marca el Capítulo sexto, artículo 47 y demás relativos de su Estatuto De la AUTORIDAD EJECUTORA que es la Comisión Nacional de Honestidad y justicia de Morena reclamo: La omisión de dar entrada a nuestra queja y/o demanda de procedimiento de justicia partidaria como lo marca los artículos 47, 48, 49, 49 bis, 50 y demás relativos del Estatuto de morena ya que con fecha 11 de enero de 2021 presentamos ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido escrito de queja recibido por la oficialía de partes quién otorgó el folio 000146. Como lo acredito con el documento correspondiente el cual contiene fecha, hora y sello de recepción. (.)". Una vez expuesto lo anterior, este Juzgador advierte que el juicio de amparo es improcedente, ya que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5 de la Ley de Amparo. Fundamento de la improcedencia Dichos preceptos establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "... "II. La autoridad responsable, teniendo tal "carácter, con independencia de su naturaleza formal, la "que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que "crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma "unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse "crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones "jurídicas. "Para los efectos de esta ley, los particulares "tendrán la calidad de autoridad responsable cuando "realicen actos equivalentes a los de autoridad, que "afecten derechos en los términos de esta fracción, y "cuyas funciones estén determinadas por una norma "general". Del texto de esta fracción, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable: La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se ve, a diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye la calidad de autoridad, con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, de conformidad con lo antedicho, a partir del tres de abril de dos mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo, por disposición del artículo primero transitorio del decreto respectivo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: a) la existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo, que ofrece el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia en tercer término citada, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así entonces, se puede sostener que en el numeral 5º, fracción II de la Ley de Amparo, el legislador identificó a los sujetos cuyos actos son impugnables en el juicio constitucional, y que lo son, la autoridad propiamente dicha (un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal), y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. De modo que será autoridad aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; mientras que para determinar la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, se atenderá a que estos sean equivalentes a los de autoridad en aquellas características. De esta manera, es dable determinar si el Presidente del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reúnen las características de ser consideradas autoridades responsables para efectos del juicio de amparo; pues contra una omisión suya atribuida por el peticionario, es que se pide la protección constitucional. Bien, a los Partidos Políticos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 62/99, los definió como las asociaciones políticas que tienen su registro como tal ante las autoridades federales, que se identifica necesariamente con los procesos tendientes a la renovación de los titulares de los órganos públicos sujetos a elección popular. Por su parte, el artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso ordinal 3.1 de la Ley General de Partidos Políticos, conciben a los Partidos Políticos, de la siguiente manera: "Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal (.). I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro (.)". Artículo 3.1 de la Ley General de Partidos Políticos: "Artículo 3. 1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público (.)". Asimismo, es oportuno citar los numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena así como el 2 de los estatutos de Morena, que refieren lo siguiente: "(.) TÍTULO PRIMERO Objeto y Disposiciones Generales Capítulo Único Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria para todas y todos los integrantes de MORENA, así como para todos los órganos de su estructura organizativa contemplados en el Estatuto. Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto normar las disposiciones contenidas en el Estatuto de MORENA relativas a: a) La integración, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; b) Los procedimientos sancionatorios; y, c) Los medios alternativos para la solución de controversias internas. Artículo 3. Para lo no previsto en el presente Reglamento serán de aplicación supletoria la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (.)" "(.) Estatuto de MORENA MORENA es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. (.) Artículo 2°. MORENA se organizará como partido político nacional a partir de los siguientes objetivos: a. La transformación democrática y pacífica del país, como objetivo superior; b. La formación de una organización de hombres y mujeres libres y decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación; c. La integración plenamente democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones; d. La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la representación política; e. La batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que sólo podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que implique la compra de su voluntad; 2 f. El mayor despliegue de energías, identidades, memoria y creatividad del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual y colectivo, y el engrandecimiento de nuestra patria. (.)" De la interpretación a los numerales antes transcritos se advierte que, un partido político es un ente de interés público, enmarcado en una asociación política de personas, que desde ese ámbito, despliega acciones u omisiones en ejercicio de sus facultades en relación con su organización, sus funciones y prerrogativas relacionadas con su objeto vinculado a la materia electoral, reguladas por disposiciones Constitucionales y legales especiales, cuyo fin y objeto es hacer posible de sus agremiados el acceso al ejercicio de poder. Lo que pone en evidencia, que un Partido Político y en consecuencia su organización como partido no reviste la característica del poder público de una autoridad. En ese contexto, se puede deducir que cuando se le reclaman a las asociaciones políticas de interés público, acciones u omisiones desplegadas desde su ámbito de facultades, sus actos no emanan de un plano de supra a subordinación frente a los particulares, ni crean, modifican o extinguen situaciones. jurídicas en forma unilateral y obligatoria, porque su naturaleza no es ser un ente y organismo del Estado que ejerza el poder público, ni emite actos jurídicos derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos a otras autoridades en la materia especifica de su objeto electoral, por el que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Por lo cual, sus actos u omisiones no puedan impugnarse en el juicio de amparo. Apoya a lo precedente, el criterio compartido que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la tesis de jurisprudencia XXVII.3o.77 K (10a.), impreso en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Página 1763, cuyo rubro y texto son del tenor literal que siguen: "PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U "OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE "INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL "JUICIO DE AMPARO. En el artículo 5o., fracción II, de la "Ley de Amparo, el legislador identificó a los sujetos cuyos "actos son impugnables en el juicio constitucional: la "autoridad responsable y los particulares que realicen actos "equivalentes a los de autoridad. De modo que, será "autoridad aquella que se ubique en un plano de supra a "subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde "esa posición, crean, modifican o extinguen situaciones "jurídicas en forma unilateral y obligatoria; mientras que para "determinar la procedencia del amparo contra actos de particulares se atenderá a que éstos sean equivalentes a los "de autoridad en aquellas características. Ahora bien, un "partido político es un ente de interés público conforme al "artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados "Unidos Mexicanos y, desde ese ámbito, despliega acciones "u omisiones en ejercicio de sus facultades en relación con su "organización, sus funciones y las prerrogativas relacionadas "con su objeto vinculado a la materia electoral, reguladas por "disposiciones constitucionales y legales especiales; por "ende, cuando se le reclaman acciones u omisiones "desplegadas desde aquel ámbito sui géneris, sus actos no "emanan de un plano de supra a subordinación frente a los "particulares, ni crean, modifican o extinguen situaciones "jurídicas en forma unilateral y obligatoria; de ahí que no "puedan impugnarse en el juicio de amparo". De ahí que, acorde a todo lo anteriormente considerado, en la especie, y para efectos del presente juicio de amparo, el Presidente del Partido Político, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del mismo partido, no deban ser considerados como autoridades responsables. Destacándose que en la especie, debemos tener en cuenta que lo que reclama el quejoso, es la omisión de darle trámite al escrito de queja de once de enero de dos mil veintiuno por el que en esencia solicita la destitución de Mario Delgado Carrillo por haber sido electo fuera del procedimiento que establece el estatuto así como del actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo que de ninguna manera implica un acto de autoridad, pues su finalidad únicamente versa respecto a situaciones relacionadas con la integración, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de sus integrantes de ahí que dichos actos no sean considerados de autoridad. Finalmente, debe decirse, que si bien la Jurisprudencia 2ª. /J. 54/2012 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO "INICIAL DE TRÁMITE "DE LA DEMANDA DE AMPARO. "NO ES LA ACTUACIÓN "PROCESAL OPORTUNA PARA "ANALIZAR SI EL ACTO "RECLAMADO PROVIENE DE "UNA AUTORIDAD PARA "EFECTOS DEL JUICIO DE "AMPARO", establece que en términos generales el auto de inicio del trámite del juicio de amparo, no es la actuación procesal oportuna para examinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cierto es que ese criterio establece una excepción, que lo es cuando de forma patente se acredite, desde el acuerdo inicial, que la autoridad señalada como responsable, no es tal, como así acontece en la especie. Por lo cual, se estima que no es aplicable al presente asunto el mencionado criterio jurisprudencial. Conclusión. Por consiguiente, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Coral García, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Con la determinación adoptada, esta juzgadora estima que no se trastoca el derecho fundamental de la tutela efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para controvertir el acto que por esta vía pretende impugnar a través de la vía procedente. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizadas de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo a las personas mencionadas únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones, lo anterior, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró registro alguno de las cédulas profesionales señaladas en la demanda de amparo. Por lo que hace su solicitud de notificación a través de correo electrónico, dígasele a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que éste no se encuentra contemplado en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que las referidas autorizaciones las podrán hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Juicio en Línea. Finalmente se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; personalmente al quejoso.

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