Juan Conejo Banda
Expediente 1046/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Conejo Banda
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, a través del cual informa que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, quedando registrada la demanda respectiva con el número 916/2016-VIII de su estadística. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido Acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de Partido de Salamanca, Guanajuato, y de otras autoridades responsables, destacando que el señalamiento de estas se contiene inserto de puño y letra en el libelo de cuenta, en número de cinco autoridades, todas residentes en dicha municipalidad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1046/2016-B, y fórmese expediente físico y electrónico. En principio, este juzgador de Distrito estima que no es legalmente competente para conocer de la citada demanda de amparo, por las razones que a continuación serán expuestas. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto trascrito se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución del acto reclamado debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que se generen, pues su estudio se efectúa a partir de lo que de manera directa e inmediata se le vincula. Cierto, de conformidad con lo establecido en el citado precepto legal, para conocer de la demanda será competente el juez de Distrito: a) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones (párrafo segundo). Entonces, para establecer la competencia es preciso, en primer término, examinar el tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo, y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver este tema competencial. Bajo esa premisa, en el caso concreto, conforme al análisis minucioso de la demanda de amparo, se aprecia que Juan Conejo Banda, promueve demanda de amparo contra el acto consiste en las ordenes, mandamientos, disposiciones y demás determinaciones tendentes a privarlo de su libertad personal. De ahí, que es claro que tal conducta constituye un acto positivo, en tanto que la aludida orden conlleva a la materialización de la privación de su libertad personal, interno en un centro de reclusión. Así pues, esclarecida la naturaleza jurídica del acto reclamado, queda manifiesto que la hipótesis de competencia que en el caso se surte, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, es la que se enunció en el inciso "a" que antecede, consistente en que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, y atento a lo plasmado por el promovente de la demanda de amparo, en el apartado relativo al nombre y domicilio del quejoso, señala que su domicilio se ubica en calle Morelos número 425, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato; en tanto que, en el apartado que denominó "ANTECEDENTES", bajo protesta de decir verdad, manifestó que derivado de unos hechos en que se vio involucrado, en los que perdiera la vida tercera persona, suscitados en la localidad El Barrón, perteneciente a dicho municipio, elementos de la policía ministerial lo andan buscando para privarlo de su libertad, por lo que es evidente que el acto reclamado se ejecutará en esa ciudad, aunado a que todas las autoridades señaladas como responsables se encuentran domiciliadas en la misma, sin que de noticia alguna en torno a tener residencia ocasional y/o estancia temporal en lugar diverso por motivos de trabajo o familiares dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgador de amparo considera que carece de competencia legal para conocer del asunto, y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a quien se estima competente para resolver en términos de los puntos cuarto, fracción XVI, párrafo cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tanto, se ordena remitir el expediente respectivo a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en Irapuato, Guanajuato, para que una vez que lo reciba el juzgado a quien le corresponda conocer del mismo, dentro del término que señala el citado artículo 48, párrafo segundo de la Ley de la materia, informe si acepta o no la competencia planteada. Brinda fortaleza a lo expuesto, en lo relativo a la ejecución del acto cuando el quejoso se encuentra interno en un Centro de Reinserción Social, la jurisprudencia 48/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Así como la diversa emitida por la mencionada Primera Sala, por el criterio que informa, de rubro y texto que a la letra se insertan: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares."" Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredite como licenciado en derecho o abogado. De las notificaciones de las partes. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Transparencia y acceso a la información. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial De la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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