Juan Colmenares Méndez
Expediente 1168/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Colmenares Méndez
Actuaciones
- Principal
MESA I A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veinticinco de agosto de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del año pasado, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I A Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, para que sea tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias de autos, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En efecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Precisado lo anterior, dela demanda de amparo se aprecia que la averiguación previa 8823(S.M.)2014, se inició contra el quejoso Juan Colmenares Méndez, por el delito de lesiones culposas, quien el seis de julio de dos mil quince, solicitó a la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Delitos Culposos del Sector Metropolitano de la Procuraduría General de la República, resolviera su situación jurídica, al haber transcurrido el término de noventa días para la integración de la indagatoria; por lo que el fiscal responsable, mediante auto de ocho de julio de dos mil quince, acordó que una vez que se entrará al estudio de todas las constancias que integraban la averiguación previa, por acuerdo por separado se resolvería la situación jurídica del indiciado, aquí quejoso (fojas 3 a 7), lo cual constituye el acto reclamado. Por otra parte, de las constancias agregadas en este auto, se aprecia que mediante oficio pedimento de siete de agosto del año en curso el Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consignó ante el Juez Penal en turno del Distrito Judicial del Centro, la averiguación previa 8823/S.M./2014, ejercitando acción penal en contra de Juan Colmenares Méndez, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones culposas. El antecedente citado, evidencia de modo manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De lo anterior, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que al haberse consignó ante el Juez Penal en turno del Distrito Judicial del Centro, la averiguación previa 8823/S.M./2014, cesaron los efectos del acto reclamado, reponiendo al agraviado en el goce de la garantía violada, esto es, volviendo a constituirse legalmente una situación idéntica a aquella que existía antes del acto reclamado; motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio de amparo y conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 59/99, que aparece en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (11.00 horas del 7 de septiembre del 2015 -foja 12 vuelta-). Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA I A Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Jesús Baman Jiménez Zacarías, quien se ostenta como defensor particular del directo quejoso Juan Colmenares Méndez, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Delitos Culposos del Sector Metropolitano de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Oaxaca, por violación a sus derechos fundamentales; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1168/2015; tramítese sin incidente de suspensión, por no haber solicitado expresamente la parte quejosa esa medida cautelar. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las ONCE HORAS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese el informe justificado a la autoridad responsable el cual deberá rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes a que reciban el oficio, para lo cual, deberán acompañar en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. En otro orden, resérvese proveer respecto del emplazamiento al tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, y se pueda verificar el domicilio donde se le practican sus notificaciones. Por otra parte, toda vez que el promovente Jesús Baman Jiménez Zacarías, afirma que tiene el carácter de defensor particular del quejoso Juan Colmenares Méndez, con fundamento en los artículos 6° y 11 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Delitos Culposos del Sector Metropolitano de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Oaxaca, para que al rendir su informe justificado remita copia certificada, legible y completa, de las constancias correspondientes que justifiquen tal representación; apercibida que de no cumplir lo anterior, se le impondrá la multa señalada en párrafos anteriores, al solicitarle el informe justificado correspondiente. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que mencionan en la demanda de amparo; y por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a las personas que indica, por ser el presente asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Por otra parte, como lo solicita, se le permite la utilización de medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) únicamente para extraer, tomar o reproducir copias de la documentación, acuerdos y sentencias que obren en este expediente; lo anterior, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la tesis aislada del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de epígrafe y sinopsis: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden, respecto a la autorización que solicita para que consulte el expediente electrónico; dígasele que no ha lugar a ello, toda vez que en términos del artículo segundo transitorio del Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, no existe aún la declaratoria de obligatoriedad para el inicio del uso del expediente electrónico, para este Circuito. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.
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