Juan Clemente Y/O J. Clemente Valenzuela Haro
Expediente 735/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/07/2022
Partes del expediente
- Juan Clemente Y/O J. Clemente Valenzuela Haro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, uno de julio de dos mil veintidós. Devuelve documentos. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que mediante auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno causó estado el diverso en el que se desechó la demanda de amparo, y, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto, asimismo que obra en autos un tomo de pruebas exhibido por la parte quejosa. En esas condiciones, con base en lo que establece el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, requiérase a la parte quejosa fin de que dentro del plazo de noventa días naturales, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió, apercibida dicha parte procesal que en caso de ser omisa, dicho documento correrá el mismo destino del expediente principal. a) Atención presencial Se comunica a la parte quejosa que, a efecto de recoger los documentos de referencia, a partir de la notificación del presente proveído y hasta el primero de mayo de dos mil veintidós, deberá hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General, 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra la determinación de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, por la que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso .................; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención realizada por lo que se provee: II. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Precisión del acto reclamado. En la especie, los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: "El acto que se reclama de la autoridad señalada como responsable, es el oficio número ............ de fecha siete de junio del año en curso, emitido en respuesta a mi solicitud de certificado de libertad de gravamen. Respuesta que me causa perjuicio, dado que la autoridad responsable, sin motivación e indebida fundamentación, aduce que no existe el folio 143389 inherente a mi inmueble ubicado en Calle Vicente Riva Palacio y Calle Pino Suárez Norte, en San Juan del Río con una superficie total de 5,426.,00 metros cuadrados, inscrito en la partida 145, libro 22, tomo I, sección primera, serie C; ello, sin embargo, dicho folio no ha sido cancelado por providencia judicial que así lo ordene, petición del suscrito o acuerdo entre el suscrito y la autoridad registral Asimismo, no he sido notificado de alguno procedimiento por el cual se hiciera cancelado el folio inherente a mi inmueble." IV. Desechamiento. Respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" De una interpretación sistemática y lógica de dicho precepto legal, es indudable que el amparo es improcedente respecto de un acto dictado en estricto acatamiento a otro amparo, pues en ese supuesto el acto es dictado en ejecución estricta de un amparo, sin libertad de decisión, lo cual no sucede cuando en un primer amparo se otorga en parte plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, pues en contra de la determinación que dicta con facultad de decisión, es innegable que resulta procedente un nuevo amparo, porque aún no ha sido materia de control constitucional, pues en el primer amparo, ni siquiera se conocía la forma en que resolvería la autoridad responsable al habérsele dado a ese efecto total libertad de decisión, lo que en la especie, no aconteció. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 576, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014643, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional". También resulta aplicable a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 44, Volumen 151-156, Cuarta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 240602, del rubro y texto siguientes: "AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIO EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Cuando existe estrecha vinculación entre la sentencia que concedió el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aquélla, debe sobreseerse en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le señalaron los lineamientos a seguir, en cuanto a la acción ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdicción al respecto, y por lo tanto resulta improcedente la demanda de garantías". Ahora, de los autos del juicio de amparo ............., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, que constituye un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la jurisprudencia 16/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, libro 55, junio de dos mil dieciocho, tomo I, décima época, registro 2017123, titulada "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", se advierte que, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa por las consideraciones siguiente, para los efectos: "(.) Ahora, se estima pertinente traer a glosa que de la resolución ................., del índice del Juzgado Sexto de Distrito y Juicios Federales con sede en esta ciudad, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual es un hecho notorio parta esta juzgadora, se advierte que el Juez precisó: " (.) En primer lugar, conviene precisar que no es motivo de conflicto ni se puso en duda el hecho de que el quejoso es propietario del predio rústico ubicado en ............................., cuya titularidad acreditó con la copia certificada de la sentencia pronunciada en la jurisdicción voluntaria ..............., así como del auto que la declaró firme, aunado a que esa misma resolución de prescripción positiva emitida en el proceso de jurisdicción voluntaria, se encuentra en copia simple en los archivos oficiales en la Dirección Jurídica Consultiva del Gobierno del Estado de Querétaro y la Dirección de Catastro de San Juan del Río, dado que fue remitida dicha copia derivado del requerimiento de esta autoridad judicial. Incluso la titularidad de quejoso con respecto al predio, se encuentra reconocida en la propia determinación impugnada, relativa a la cancelación de la inscripción de dicho predio inscrita ............, libro .........., Tomo ......, sección........, Serie ........ donde también se hace referencia al expediente de jurisdicción voluntaria que se tramitó por el quejoso. (.)." De lo que se aprecia que el Juzgador Federal indicó que el quejoso acreditó la titularidad del predio rústico ubicado en ........................, con la copia certificada de la sentencia pronunciada en la jurisdicción voluntaria ............, así como del auto que la declaró firme. Además, precisó que la Dirección Jurídica Consultiva del Gobierno del Estado de Querétaro y la Dirección de Catastro de San Juan del Río, Querétaro, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento realizado remitieron copias simples de la sentencia pronunciada en la jurisdicción voluntaria ............., así como del auto que la declaró firme, es decir, ambas autoridades cuentan con registro de la citada resolución. Luego, de lo relatado se desprende que la subdirectora en comento, solicitó informes a la Dirección Jurídica Consultiva de Poder Judicial del Estado, pero no a la diversa Dirección Jurídico y Consultiva del Poder Ejecutivo, ni a la Dirección de Catastro de San Juan del Río, Querétaro, de quien por informes de la primera se advierte es la última dirección jurídica quien puede contar con la información requerida. Por lo expuesto, quien esto resuelve estima como se adelantó, la autoridad responsable no realizó las providencias necesarias a fin de recabar la resolución pronunciada en la prescripción positiva relativa a la jurisdicción voluntaria ................, emitida por el Juzgado Único Mixto Municipal, con sede en San Juan del Río, Querétaro, y reponerla a efecto que obre en su acervo registral, pues si bien agotó los medios a su alcance respecto a la solicitud de informes a autoridades del Poder Judicial del Estado, no lo hizo a las diversas del Ejecutivo, mismas que según constancias remitidas en apoyo al informe justificado cuentan en sus registro con copia de la resolución extraviada. También, no pasa inadvertido que de la resolución citada se desprende que la entonces Juez del Juzgado Único Mixto Municipal, con sede en aquella municipalidad, en los resultandos de su sentencia, dio vista con el procedimiento de jurisdicción voluntaria al entonces Presidente Municipal y al propio Director del Registro Público de la Propiedad, aunado lo anterior, tenemos que de la copia de la resolución, se advierte el sello oficial de diversos notarios públicos, que si bien no se indica con claridad cuál fue la copia que tuvieron a la vista y certificaron, ello no implica impedimento alguno para solicitar información a los indicados fedatarios a fin de constatar si en sus archivos cuentan con copia certificada de la copia de la resolución dictada en el expediente ................, del índice del Juzgado Mixto Municipal en San Juan del Río, Querétaro, extraviada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; de lo narrado se advierte que existen datos suficientes que permitan a la autoridad registral llevar a cabo una investigación profunda con el fin de emitir una respuesta debidamente fundada y motivada a ........................ Lo anterior, es concordante con lo expuesto en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 260, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por tanto, se estima que las actuaciones realizadas por la autoridad responsable conculcaron el contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, y al ser fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal instado por ....................., con fundamento en el numeral 77 fracción I de la Ley de Amparo, para el efecto de que las autoridades responsables Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro y Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Juan del Rio, Querétaro: Agoten los medios necesarios a fin de recabar la información que le permita obtener datos suficientes para otorgar una respuesta fundada y motivada al peticionario de amparo respecto a la reposición del documento que dio origen a la Partida ........., Libro ........., Tomo ......., Sección ............, Serie ..........., que fuera extraviado en esos archivos del Registro a su cargo. (.)" Como se ve, con motivo de la concesión de amparo otorgada a la parte aquí quejosa, en el diverso juicio de amparo ............., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, se ordenó al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro y Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Juan del Rio, Querétaro, agoten los medios necesarios a fin de recabar la información que le permita obtener datos suficientes para otorgar una respuesta fundada y motivada al peticionario de amparo respecto a la reposición del documento que dio origen a la ..............................., que fuera extraviado en esos archivos del Registro a su cargo. Cabe indicar que el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro y Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Juan del Rio, Querétaro, interpusieron recurso de revisión el contra de la sentencia del homologo federal, impugnación que fue resuelta en los autos del amparo en revisión .............., por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, quien determinó: "PRIMERO. Queda INTOCADO el sobreseimiento decretado en contra de la omisión de respuesta a la solicitud que presentó el quejoso el nueve de agosto de dos mil diecisiete, atribuido a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, como a la Subdirectora del referido registro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro. SEGUNDO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ......................, en contra de los actos del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Estado de Querétaro y del Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Juan del Rio Querétaro, consistentes en los acuerdos de diez de julio y veinte de octubre, ambos de dos mil diecisiete, así como el oficio .........., de veinte de octubre de dos mil diecisiete. CUARTO. Queda SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto por ......................." En auto de cuatro febrero de dos mil veinte, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, recibió el testimonio del Tribunal de Alzada y requirió el cumplimiento a los efectos postulados en el fallo protector, seguida la etapa de ejecución el juez constitucional, ha requerido y otorgado prorrogas a la autoridad vinculada al cumplimiento en repetidas ocasiones, siendo que el trece de julio del año en curso, requirió de nueva cuenta a la responsable el cumplimiento del fallo protector. En ese contexto, es evidente que el oficio ..............., que reclama el quejoso en el presente controvertido, se encuentra íntegramente relacionado con la etapa de ejecución del juicio de amparo ..............., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, dado que, justamente el certificado de libertad de gravamen, solicitado por el quejoso, es para el mismo inmueble ubicado en ........................, y por el cual, el homologo federal ordenó a la responsable la reposición del documento para su debida inscripción y registro. Lo que es así, pues en ese amparo se dieron los lineamientos precisos conforme a los cuales la autoridad responsable debe agotar los medios necesarios a fin de recabar la información que le permita obtener datos suficientes para otorgar una respuesta fundada y motivada al peticionario de amparo, respecto a la reposición del documento que dio origen a la ............................., que fuera extraviado en esos archivos del Registro a su cargo, y por lo cual, no existe el folio referido por el quejoso. De ahí que lo aquí combatido, será materia de análisis en la etapa de ejecución del citado juicio constitucional, en el que la parte quejosa esta en aptitud de hacer valer sus derechos, pues se insiste, la finalidad de la reposición ordenada por el referido Juez, tendrá como resultado la inscripción del inmueble propiedad del quejoso, y por el cual solicitó el certificado aludido. Por lo que puede concluirse que el acto reclamado a través del presente juicio de amparo, se encuentra relacionado con la etapa de ejecución del juicio de amparo .................., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de ahí que proceda desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Así, al haberse actualizado las causales de improcedencia indicadas, se hace innecesario analizar si opera o no alguna diversa, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 195744, que indica: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que con la anterior determinación se produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." V. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene refrendando el domicilio procesal el ubicado en .........................; y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado en términos restringidos del referido precepto a ........................... o, por no contar con su cedula en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. otifíquese y personalmente a la parte quejosa
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CITATORIO DE 26/07/2021, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 22/07/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso .................; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención realizada por lo que se provee: II. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Precisión del acto reclamado. En la especie, los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: "El acto que se reclama de la autoridad señalada como responsable, es el oficio número ............ de fecha siete de junio del año en curso, emitido en respuesta a mi solicitud de certificado de libertad de gravamen. Respuesta que me causa perjuicio, dado que la autoridad responsable, sin motivación e indebida fundamentación, aduce que no existe el folio 143389 inherente a mi inmueble ubicado en Calle Vicente Riva Palacio y Calle Pino Suárez Norte, en San Juan del Río con una superficie total de 5,426.,00 metros cuadrados, inscrito en la partida 145, libro 22, tomo I, sección primera, serie C; ello, sin embargo, dicho folio no ha sido cancelado por providencia judicial que así lo ordene, petición del suscrito o acuerdo entre el suscrito y la autoridad registral Asimismo, no he sido notificado de alguno procedimiento por el cual se hiciera cancelado el folio inherente a mi inmueble." IV. Desechamiento. Respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" De una interpretación sistemática y lógica de dicho precepto legal, es indudable que el amparo es improcedente respecto de un acto dictado en estricto acatamiento a otro amparo, pues en ese supuesto el acto es dictado en ejecución estricta de un amparo, sin libertad de decisión, lo cual no sucede cuando en un primer amparo se otorga en parte plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, pues en contra de la determinación que dicta con facultad de decisión, es innegable que resulta procedente un nuevo amparo, porque aún no ha sido materia de control constitucional, pues en el primer amparo, ni siquiera se conocía la forma en que resolvería la autoridad responsable al habérsele dado a ese efecto total libertad de decisión, lo que en la especie, no aconteció. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 576, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014643, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional". También resulta aplicable a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 44, Volumen 151-156, Cuarta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 240602, del rubro y texto siguientes: "AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIO EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Cuando existe estrecha vinculación entre la sentencia que concedió el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aquélla, debe sobreseerse en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le señalaron los lineamientos a seguir, en cuanto a la acción ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdicción al respecto, y por lo tanto resulta improcedente la demanda de garantías". Ahora, de los autos del juicio de amparo ............., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, que constituye un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la jurisprudencia 16/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, libro 55, junio de dos mil dieciocho, tomo I, décima época, registro 2017123, titulada "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", se advierte que, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa por las consideraciones siguiente, para los efectos: "(.) Ahora, se estima pertinente traer a glosa que de la resolución ................., del índice del Juzgado Sexto de Distrito y Juicios Federales con sede en esta ciudad, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual es un hecho notorio parta esta juzgadora, se advierte que el Juez precisó: " (.) En primer lugar, conviene precisar que no es motivo de conflicto ni se puso en duda el hecho de que el quejoso es propietario del predio rústico ubicado en ............................., cuya titularidad acreditó con la copia certificada de la sentencia pronunciada en la jurisdicción voluntaria ..............., así como del auto que la declaró firme, aunado a que esa misma resolución de prescripción positiva emitida en el proceso de jurisdicción voluntaria, se encuentra en copia simple en los archivos oficiales en la Dirección Jurídica Consultiva del Gobierno del Estado de Querétaro y la Dirección de Catastro de San Juan del Río, dado que fue remitida dicha copia derivado del requerimiento de esta autoridad judicial. Incluso la titularidad de quejoso con respecto al predio, se encuentra reconocida en la propia determinación impugnada, relativa a la cancelación de la inscripción de dicho predio inscrita ............, libro .........., Tomo ......, sección........, Serie ........ donde también se hace referencia al expediente de jurisdicción voluntaria que se tramitó por el quejoso. (.)." De lo que se aprecia que el Juzgador Federal indicó que el quejoso acreditó la titularidad del predio rústico ubicado en ........................, con la copia certificada de la sentencia pronunciada en la jurisdicción voluntaria ............, así como del auto que la declaró firme. Además, precisó que la Dirección Jurídica Consultiva del Gobierno del Estado de Querétaro y la Dirección de Catastro de San Juan del Río, Querétaro, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento realizado remitieron copias simples de la sentencia pronunciada en la jurisdicción voluntaria ............., así como del auto que la declaró firme, es decir, ambas autoridades cuentan con registro de la citada resolución. Luego, de lo relatado se desprende que la subdirectora en comento, solicitó informes a la Dirección Jurídica Consultiva de Poder Judicial del Estado, pero no a la diversa Dirección Jurídico y Consultiva del Poder Ejecutivo, ni a la Dirección de Catastro de San Juan del Río, Querétaro, de quien por informes de la primera se advierte es la última dirección jurídica quien puede contar con la información requerida. Por lo expuesto, quien esto resuelve estima como se adelantó, la autoridad responsable no realizó las providencias necesarias a fin de recabar la resolución pronunciada en la prescripción positiva relativa a la jurisdicción voluntaria ................, emitida por el Juzgado Único Mixto Municipal, con sede en San Juan del Río, Querétaro, y reponerla a efecto que obre en su acervo registral, pues si bien agotó los medios a su alcance respecto a la solicitud de informes a autoridades del Poder Judicial del Estado, no lo hizo a las diversas del Ejecutivo, mismas que según constancias remitidas en apoyo al informe justificado cuentan en sus registro con copia de la resolución extraviada. También, no pasa inadvertido que de la resolución citada se desprende que la entonces Juez del Juzgado Único Mixto Municipal, con sede en aquella municipalidad, en los resultandos de su sentencia, dio vista con el procedimiento de jurisdicción voluntaria al entonces Presidente Municipal y al propio Director del Registro Público de la Propiedad, aunado lo anterior, tenemos que de la copia de la resolución, se advierte el sello oficial de diversos notarios públicos, que si bien no se indica con claridad cuál fue la copia que tuvieron a la vista y certificaron, ello no implica impedimento alguno para solicitar información a los indicados fedatarios a fin de constatar si en sus archivos cuentan con copia certificada de la copia de la resolución dictada en el expediente ................, del índice del Juzgado Mixto Municipal en San Juan del Río, Querétaro, extraviada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; de lo narrado se advierte que existen datos suficientes que permitan a la autoridad registral llevar a cabo una investigación profunda con el fin de emitir una respuesta debidamente fundada y motivada a ........................ Lo anterior, es concordante con lo expuesto en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 260, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por tanto, se estima que las actuaciones realizadas por la autoridad responsable conculcaron el contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, y al ser fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal instado por ....................., con fundamento en el numeral 77 fracción I de la Ley de Amparo, para el efecto de que las autoridades responsables Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro y Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Juan del Rio, Querétaro: Agoten los medios necesarios a fin de recabar la información que le permita obtener datos suficientes para otorgar una respuesta fundada y motivada al peticionario de amparo respecto a la reposición del documento que dio origen a la Partida ........., Libro ........., Tomo ......., Sección ............, Serie ..........., que fuera extraviado en esos archivos del Registro a su cargo. (.)" Como se ve, con motivo de la concesión de amparo otorgada a la parte aquí quejosa, en el diverso juicio de amparo ............., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, se ordenó al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro y Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Juan del Rio, Querétaro, agoten los medios necesarios a fin de recabar la información que le permita obtener datos suficientes para otorgar una respuesta fundada y motivada al peticionario de amparo respecto a la reposición del documento que dio origen a la ..............................., que fuera extraviado en esos archivos del Registro a su cargo. Cabe indicar que el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro y Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Juan del Rio, Querétaro, interpusieron recurso de revisión el contra de la sentencia del homologo federal, impugnación que fue resuelta en los autos del amparo en revisión .............., por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, quien determinó: "PRIMERO. Queda INTOCADO el sobreseimiento decretado en contra de la omisión de respuesta a la solicitud que presentó el quejoso el nueve de agosto de dos mil diecisiete, atribuido a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, como a la Subdirectora del referido registro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro. SEGUNDO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ......................, en contra de los actos del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Estado de Querétaro y del Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Juan del Rio Querétaro, consistentes en los acuerdos de diez de julio y veinte de octubre, ambos de dos mil diecisiete, así como el oficio .........., de veinte de octubre de dos mil diecisiete. CUARTO. Queda SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto por ......................." En auto de cuatro febrero de dos mil veinte, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, recibió el testimonio del Tribunal de Alzada y requirió el cumplimiento a los efectos postulados en el fallo protector, seguida la etapa de ejecución el juez constitucional, ha requerido y otorgado prorrogas a la autoridad vinculada al cumplimiento en repetidas ocasiones, siendo que el trece de julio del año en curso, requirió de nueva cuenta a la responsable el cumplimiento del fallo protector. En ese contexto, es evidente que el oficio ..............., que reclama el quejoso en el presente controvertido, se encuentra íntegramente relacionado con la etapa de ejecución del juicio de amparo ..............., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, dado que, justamente el certificado de libertad de gravamen, solicitado por el quejoso, es para el mismo inmueble ubicado en ........................, y por el cual, el homologo federal ordenó a la responsable la reposición del documento para su debida inscripción y registro. Lo que es así, pues en ese amparo se dieron los lineamientos precisos conforme a los cuales la autoridad responsable debe agotar los medios necesarios a fin de recabar la información que le permita obtener datos suficientes para otorgar una respuesta fundada y motivada al peticionario de amparo, respecto a la reposición del documento que dio origen a la ............................., que fuera extraviado en esos archivos del Registro a su cargo, y por lo cual, no existe el folio referido por el quejoso. De ahí que lo aquí combatido, será materia de análisis en la etapa de ejecución del citado juicio constitucional, en el que la parte quejosa esta en aptitud de hacer valer sus derechos, pues se insiste, la finalidad de la reposición ordenada por el referido Juez, tendrá como resultado la inscripción del inmueble propiedad del quejoso, y por el cual solicitó el certificado aludido. Por lo que puede concluirse que el acto reclamado a través del presente juicio de amparo, se encuentra relacionado con la etapa de ejecución del juicio de amparo .................., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de ahí que proceda desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Así, al haberse actualizado las causales de improcedencia indicadas, se hace innecesario analizar si opera o no alguna diversa, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 195744, que indica: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que con la anterior determinación se produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." V. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene refrendando el domicilio procesal el ubicado en .........................; y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado en términos restringidos del referido precepto a ........................... o, por no contar con su cedula en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."
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