Juan Ciriaco Partida Garay

Expediente 1529/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1529/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Ciriaco Partida Garay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este juzgado federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia definitiva dictada en este sumario constitucional el veintinueve de octubre del año que cursa, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo indirecto; por lo que, con apoyo en lo previsto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de cinco años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otro lado, una vez que transcurran la temporalidad que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto del incidente de suspensión ya que éste no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión 552/2017, de su estadística, relativo al presente sumario constitucional, en la que se aprecia que el órgano colegiado en mención CONFIRMÓ la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y hágase las anotaciones correspondientes en el libro relativo. En razón de lo anterior y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de la materia, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Asimismo, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar emitida se negó respecto del acto reclamado; por ende, déjense por separado los mismos del juicio principal; por lo que una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; en tanto que el cuaderno original, será destruido una vez que transcurran más de cinco años; previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el quejoso, mediante el cual en atención a la vista otorgada en auto de diecinueve de septiembre de este año (foja 29 y 30), manifiesta que la respuesta al recurso de inconformidad que interpuso contra el oficio DGJ/DJC/SAF74214/2018 y DGA659/2018 la impugnó el nueve de este mes y año, mediante juicio contencioso administrativo ante el tribunal local de la materia; en virtud de lo anterior, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de ser tomado en cuenta en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el Director General Jurídico y representante legal de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado y de sus Unidades Administrativas, al rendir su informe justificado anexó la respuesta que emitió respecto del escrito presentado por el quejoso el once de mayo de este año, lo cual constituye la materia del acto reclamado. En ese tenor, de conformidad con los preceptos 17, 111 y 117 último párrafo de la Legislación de Amparo, con dicho líbelo exhibido por el ente en cita y constancias que acompañó, dese vista al demandante del amparo y córrase traslado con estos, a fin de que dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que surta efecto la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés legal convenga y en su caso, precise si amplía su demanda respecto al citado informe justificado y anexo. En la inteligencia que deberá cumplir con lo establecido en el dispositivo 108 de la Ley en comento, apercibido que en caso de omisión dentro del término precisado, no se tendrá como reclamado el referido acto y se resolverá el presente juicio de amparo tal y como fue planteado, ello ante la probable actualización de una causa de sobreseimiento o motivo de improcedencia. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página seiscientos cinco, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Asimismo, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia VI.1o.A. J/48, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página mil setecientos veintiocho, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República." Finalmente, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), publicada en la página ochocientos uno, Libro VIII de mayo de dos mil doce, Tomo 1, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia de referencia y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga.

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