Juan Chi Chi

Expediente 2553/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2553/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Chi Chi
  • Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán

Actuaciones

  1. Principal

    (...) Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Maribel Echeverría Escalante, contra el acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida y actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Principal

    MESA I. Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *********** contra actos del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, la cual fue exhibida con seis copias y sin anexos; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 2553/2021-I. Ahora bien, vista la demanda de cuenta, se desecha de plano por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, de la integración de la demanda de amparo se advierte que en el caso se se reclama el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el que no se admitió el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso, en contra del acuerdo de veintidós de septiembre del año citado, que fijó a los demandados el término de tres días para dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 40/2020 promovido en su contra, del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, el cual ya se encuentra en ejecución, ya que la sentencia de veintidós de enero de dos mil veintiuno causó ejecutoria por ministerio de ley, al ser confirmada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito en materias Civil y Administrativa, en resolución de diecisiete de junio del mismo año. En virtud de lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme a la normativa transcrita, para los efectos de la procedencia del amparo, la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, lo constituye aquella en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por tanto, será hasta ese momento en el que se harán valer las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, considerando que el acto reclamado no es una sentencia definitiva ni un acto que pone fin al juicio, sino un acto dictado en etapa de ejecución de la sentencia, en este caso se tiene que el acto que se atribuye a la autoridad responsable, constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución, resultando por ende que dicho acto no se ubica en el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues dicho acto no constituye la última resolución de dicho procedimiento. Para sustentar lo anterior se destaca que el mencionado párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, transcrito en líneas que anteceden, establece una limitación al plasmarse en el mismo la conjunción "o", para la procedencia del sumario constitucional, lo cual se traduce en la existencia de un enlace entre ambos supuestos. En efecto, de acuerdo a lo previsto por el párrafo segundo del numeral transcrito anteriormente, el juicio de amparo indirecto es procedente en el procedimiento de ejecución, cuando se dicta la última resolución, misma que constituye la que de forma definitiva: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 2. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, en el caso no se cumple con los supuestos de procedencia que para el procedimiento de ejecución que dispone la Ley de Amparo, porque aún no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y mucho menos el archivo del expediente de origen y, por ende, se insiste, todavía no se dicta la última resolución, para efectos de la procedencia del amparo. Lo anterior encuentra su razón de sr porque el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido. Bajo las circunstancias señaladas, debe decirse que el el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que no admitió el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintidós de septiembre del año citado, en el que la autoridad responsable fijó a los demandados el término de tres días para dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, no constituye la resolución definitiva en la etapa de ejecución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo; por tanto, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubiere dejado sin defensa. En consecuencia, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, párrafo segundo del numeral 107 de la misma legislación, interpretada en sentido contrario; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior, en razón que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición de que se les permita a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA IV. Mérida, Yucatán, siete de enero de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha las autoridades señaladas como responsables, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos las boletas de acuse de recibo relativos a los oficios con los que se les solicitaron, considerando que diversas autoridades tienen su residencia fuera de la de este juzgado; en consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cuatro minutos del uno de febrero de dos mil veintidós, lo anterior tomando en cuenta la residencia de las referidas responsables. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables, dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese.

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