Juan Chávez López
Expediente 747/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Chávez López
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO.. HAGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES..Y ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO...EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO..
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por Juan Chávez López, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 747/2022; fórmese expediente impreso y electrónico. En otro orden, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". ...a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En tal sentido, se tiene que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La resolución de incompetencia de fecha quince de junio de dos mil veintidós". Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último, interpretado conforme al numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley o la propia constitución; en tanto que, el diverso 107, en su fracción VIII, en forma expresa prevé que el amparo es procedente actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, ese precepto no debe ser interpretado de forma aislada y literal, pues ello redundaría en la inobservancia de los demás requisitos de procedencia del juicio constitucional, concretamente el establecido en el diverso precepto 107, fracción I, de la Ley Suprema, el cual mandata que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos la propia constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esa forma, resulta indispensable para determinar la procedencia del juicio constitucional realizar una interpretación sistemática del precepto 107, fracción VIII, de la ley de la materia, conforme al diverso 107, fracción I, de la Carta Magna, a fin de verificar si la determinación de incompetencia afecta desde luego la esfera de derechos del quejoso o, por lo contrario, se encuentra sujeta a condición diversa para surtir sus efectos jurídicos, es decir, si tal determinación es de carácter definitivo o no. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional concluye que el presente juicio de amparo es improcedente en la medida que la resolución interlocutoria de veintidós de enero de dos mil dieciocho, pronunciada en el juicio laboral 535/2022, en el cual la autoridad responsable, se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio laboral y ordenó remitir los autos al Tribunal de Contencioso Administrativo del Estado, no afecta de forma real y actual la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior es así, toda vez que pueden ocurrir diversos supuestos de los cuales dependerá que se actualice el perjuicio a los intereses del impetrante, a saber: a) El órgano declinado (Tribunal Contencioso Administrativo del Estado) puede aceptar la competencia planteada, con lo que se concretarían los efectos de esa determinación y en su caso, la afectación de los derechos del quejoso, por lo que, en contra de tal determinación, puede instar el juicio de amparo biinstancial. b) El órgano declinado puede rechazar la competencia y devolver los autos al órgano de origen (autoridad responsable), pudiendo este a su vez insistir en declinarla, lo que generaría un conflicto competencial entre ambos órganos, que deberá ser resuelto por un superior jerárquico acorde a la legislación adjetiva aplicable; en ese caso, la resolución que dirima en definitiva el conflicto, será susceptible de ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto. c) En el caso de que sea rechazada la competencia declinada en términos de la primera parte del inciso anterior, el órgano declinante puede no insistir más en su determinación de incompetencia, con lo que desaparecerían los efectos de la determinación inicial. En ese sentido, en el caso no se tiene la certeza que el tribunal declinado acepte la competencia que le fue planteada, y de hacerlo, sería entonces esta última resolución la que podría causarle perjuicio al impetrante, en los términos ya expuestos, y como consecuencia, la que sería susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./.17/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2009721, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción VIII del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, y el último, interpretado conforme al diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda planteada que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del primer ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. Por otra parte, téngase proporcionado el correo electrónico juanchavez0235@gmail.com y número telefónico 7551008272, a efecto de ser localizado, en su atención se provee: Se le tiene señalando al promovente el correo electrónico que refiere a efecto de recibir las notificaciones que deriven del presente juicio de amparo, por lo cual se instruye al actuario judicial adscrito que las subsecuentes notificaciones personales se realicen por este medio, debiendo confirmar su recepción vía telefónica y asentar la razón respectiva.
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