Juan Chanona Gutiérrez y Otros.

Expediente 756/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 72 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
756/2018
Año
2018
Actuaciones
72
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Chanona Gutiérrez
  • Juan Chanona Gutiérrez y Otros.
  • Juan Nelson Montesinos Vázquez y Otros.
  • Marisol Toledo Morales en representación de su hijas Paula Mariso
  • Juan Nelson Montesinos Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 72.

  1. Principal

    Visto, el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el número de folio 353 precedido del 552, que se aprecia en el tomo uno de actuaciones, al folio número 1276 del tomo dos relativo al presente juicio, no es el correcto, razón por la cual, se ordena nuevamente foliar el tomo uno de actuaciones después de la foja 552, es decir, corrigiendo el folio 553, en adelante hasta la última foja del tomo dos, para efectos de continuar con la inconsistencia de dicho folios, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 1236 a 1245), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo CONCEDIDO. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Ahora, tomando en consideración que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérele para que en un plazo de noventa días naturales contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, en día y hora hábiles a recoger el documento que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.

  3. Incidental

    Vistos; de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, destaca que ninguna de las partes desahogó la vista formulada en auto de veintisiete de agosto del año en curso (foja 1218), con relación al acatamiento del fallo concesorio; en consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional terminada de engrosar el dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 391 a 435 del tomo I), por una parte, se sobreseyó en el juicio; y por otra, se concedió el amparo, para el efecto de que: El Ayuntamiento Municipal Constitucional y Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, ambos de Berriozábal, Chiapas, realicen de manera conjunta, lo siguiente: Efectúen las gestiones necesarias para tramitar el permiso de descarga que otorga la Comisión Nacional del Agua, caso contrario, de ya contar con éste, deberán exhibirlo. Conforme a su competencia, de manera compartida, deberán implementar, con carácter de "urgente", las acciones necesarias para que, en coordinación con la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable, verifiquen la descarga de aguas residuales del fraccionamiento Ciudad Maya, e implementen los programas necesarios para que dicha descarga, al ser vertida en el cauce del arroyo innominado (cuerpo receptor), cumpla con los parámetros permitidos por la normatividad correspondiente, para lo cual conforme a sus facultades, utilicen las medidas necesarias para que dicha empresa, dentro de lo que le corresponde, coopere para lograr el cumplimiento de lo anterior. Además, en un lapso prudente, informar las gestiones que realicen ante las instancias correspondientes, con la finalidad de que la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable, proceda a la reparación inmediata de la planta de tratamiento de aguas residuales (MÓDULO 2), que se encuentra fuera de operación; y proceda a ponerla en funcionamiento en óptimas condiciones, para que se evite de forma definitiva el desborde de las aguas residuales crudas, que escurren a través ésta y se incorporan al arroyo innominado, contaminando el agua de los pozos y tanque de almacenamiento de la comunidad Bombano, del municipio de Berriozábal, Chiapas, de igual forma, haciendo uso de las atribuciones que tengan para lograr lo anterior. Por último, deberán informar las acciones de corrección inmediata, que hayan implementado derivado de la verificación sanitaria SAA-016-18, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, llevada a cabo por el Instituto de Salud, y a la que hizo alusión en la sentencia. El Director General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad: Con motivo de los resultados de la visita de inspección PNI-2018-FOS-119 y PNI-2018-FOS-120, que practicaron en las instalaciones del fraccionamiento Ciudad Maya, de Berriozábal, Chiapas, informen a este Juzgado el seguimiento que dieron a las mismas con relación a las anomalías detectadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales; respecto de los sellos de suspensión que colocaron en éstas y los pozos; el resultado de las muestras obtenidas y que fueron enviadas a laboratorio; y por último, lo relativo a que el Presidente Municipal de dicha localidad, debía tramitar y obtener el permiso de descarga otorgado por esa Comisión. Por otra parte, deberán rendir un informe detallado, en el que, acorde a su competencia y atribuciones, expongan las acciones y medidas que tomarán en consideración para evitar la descarga de aguas residuales de dicho fraccionamiento, sin el tratamiento adecuado; para lo cual, desde luego, conforme sus facultades, incluso pueden hacer efectivas las medidas de apremio que estén a su alcance, incluidas las de presentar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes. El Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, residente en esta ciudad: Derivado de los resultados del acta de inspección ordinaria PFPA/0013/0035/2018, dé seguimiento a las anomalías detectadas y continúe el trámite del procedimiento administrativo correspondiente, acorde a lo establecido en los artículos 161, 164, 167, 168 y 169 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, hasta su resolución. El Secretario de Salud del Estado de Chiapas y Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente del Instituto de Salud, ambos residentes en esta ciudad: Derivado de los resultados de la visita de inspección sanitaria que practicaron al Sistema de Abastecimiento de Agua, ubicado en la localidad de San Antonio Bombano, del municipio de Berriozábal, Chiapas, y acorde a las anomalías ahí detectadas, informen, en el ámbito de sus atribuciones, el seguimiento dado a dicha diligencia, o bien, las medidas de seguridad adoptadas o sanciones administrativas impuestas a las autoridades responsables y, en su caso, continúen el procedimiento respectivo, hasta su resolución. En la inteligencia de que para efectos del cumplimiento del presente juicio de amparo, bastará que las autoridades responsables se aparten de su actitud omisiva, sin que en el presente juicio se dilucide si el agua, materia de la litis constitucional, ya cumple con los parámetros correspondientes, sino que, únicamente se verificará que las autoridades realicen las acciones que, conforme a las facultades y atribuciones antes analizadas, a juicio del suscrito, permitan considerar una restitución a los derechos humanos violados, que imperan a favor de los quejosos, relativos a gozar de un ambiente sano y a la salud. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. El diez de mayo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia constitucional y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento (fojas 660 y 662 del tomo I). En atención a ello, las autoridades responsables remitieron diversas constancias en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 458 a 479, 489 a 659, 669 a 683, 707 a 851, 854 a 880, 888 a 926, del tomo I, 957 a 960, 962 a 964 y 970 a 982 del tomo II). Así, en auto de veinte de junio del presente año, se dio vista a las partes con las aludidas constancias, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 983 del tomo II), sin que lo hubiesen hecho. Luego, en proveído de cuatro de julio del actual (fojas 990 a 993), este Juzgado Federal determinó tener por parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones ahí vertidas y requirió nuevamente a las autoridades responsables acataran en sus términos el fallo concesorio. De este modo, el Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, así como, el Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento de Berriozábal, Chiapas y la Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Director General y/o Director Administrativo del aludido Organismo, hicieron llegar diversas constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo (fojas 1002 a 1010, 1014 a 1158, 1170 a 1177, 1179 a 1198 y 1208 a 1277 del tomo II). Por ello, en auto de veintisiete de agosto del presente año (foja 1218 del tomo II), se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria, sin que lo hubiesen hecho. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. En el fallo constitucional se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, en razón de las siguientes consideraciones: "Bajo este contexto, de la interpretación sistemática de los numerales en comento, se aprecia que es a los municipios, con el apoyo de los Estados, quienes tendrán a su cargo, entre otros, el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; por tanto, esta disposición revela la posibilidad de una actuación individualizada por parte del municipio o conjunta entre éste y el Estado. Así también, que la responsabilidad de dar tratamiento de las aguas residuales, corresponde a los municipios, a través del "Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado", quien deberá planear y programar en el municipio, así como estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar, entre otras cosas, los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. De ahí que, lo aseverado por el Ayuntamiento Municipal de Berriozábal, Chiapas, respecto a que no tiene injerencia en el Sistema de Abastecimiento de agua, ubicado en la localidad denominada San Antonio Bombano, de ese municipio, porque los derechos del título de concesión de descarga de aguas residuales le pertenecen a la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable, en tanto que no le han sido transferidos al Ayuntamiento, por tanto, no se considera responsable de contaminar el suelo o subsuelo con las descargas de aguas residuales que se generan en el fraccionamiento Ciudad Maya de dicha localidad, no tiene justificación constitucional ni convencional alguna, toda vez que conforme al artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, originalmente corresponde al Municipio, a través del organismo operador, la obligación y el deber legal de dar tratamiento a las aguas residuales. Así, en el caso concreto, como puede advertirse, se ha acreditado que las responsables han sido omisas en atender la problemática del agua contaminada suscitada en la comunidad San Antonio Bombano, de Berriozábal, Chiapas, como lo aseveran los quejosos, pues de las constancias antes analizadas, se aprecia que, en principio, el fraccionamiento Ciudad Maya de dicha localidad, cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), comúnmente denominadas módulo 1 y módulo 2. Que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (MÓDULO 1), que se ubica dentro del fraccionamiento Ciudad Maya, municipio de Berriozábal, Chiapas, se encuentra en operación; que pertenece al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de Berriozábal, Chiapas y la operación está a cargo de la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable. No obstante, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (MÓDULO 2), se encuentra fuera de operación debido a la falta de instalación de algunos equipos y de energía eléctrica; que pertenece a la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable y la operación está a cargo de personal de la misma. Asimismo, al revisar el pozo de visita, se observó que se encuentra rebosando debido a que dicha planta no está operando; y el agua residual que rebosa posteriormente escurre sobre suelo natural en dirección al cauce de un arroyo temporal innominado. Así también, quedó acreditado en autos, que la contaminación que presentan las aguas de la comunidad Bombano, ubicada en Berriozábal, Chiapas, ha sido ocasionada, principalmente, por las descargas de aguas residuales que se desbordan de una de las plantas de tratamiento ubicadas en el fraccionamiento Ciudad Maya, ubicado en dicha localidad, que no se encuentra funcionando (MÓDULO 2); además que las descargas de aguas residuales de dicho fraccionamiento, en el cauce del arroyo innominado, perjudica ambientalmente aguas abajo, donde se ubica dicha comunidad. Además, suponiendo, que la empresa fraccionadora referida aún no cediera los derechos de la concesión de descarga de aguas residuales al Ayuntamiento responsable, como lo aseveró este último, esa circunstancia no es motivo legal para no atender dicha problemática de las descargas de aguas residuales sin tratamiento que efectúa el fraccionamiento de mérito, pues esa obligación, en principio, parte del supuesto de que se trata de un derecho humano al medio ambiente sano y derecho a la salud que opera a favor de los quejosos; además de que, como se indicó en párrafos precedentes, el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás preceptos legales inmersos en la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, Ley de Aguas para el Estado de Chiapas y Ley Orgánica del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, constriñen a las responsables a actuar conforme a las facultades, atribuciones y obligaciones que a cada una le corresponde, reconocidas en dichas legislaciones. Por tanto, la obligación que tienen en lo relativo al tratamiento y disposición de las aguas residuales correspondientes a su municipio (Berriozábal, Chiapas), no está sujeta a restricción alguna; al margen de la obligación que tienen de velar porque la concesión otorgada al fraccionamiento Ciudad Maya, ubicado en dicha localidad, se acate a cabalidad, además de vigilar que las descargas de aguas residuales que se llevan a cabo en dicho lugar, cumplan con la normatividad vigente y aplicable al respecto. Asimismo, acorde a la facultad que les impera a las responsables, deben, a través del organismo competente, imponer las sanciones que correspondan a la inmobiliaria fraccionadora, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, como lo es el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales a su cargo. Ahora bien, de la interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales, convencionales y las leyes secundarias invocadas, es factible establecer que las autoridades responsables Ayuntamiento Municipal Constitucional y Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, ambas de Berriozábal, Chiapas, tienen responsabilidad compartida para atender las demandas relativas al tratamiento de aguas residuales; y, no obstante han omitido atender esa problemática, con el evidente riesgo a la salud de los pobladores de la comunidad Bombano, municipio de Berriozábal, Chiapas, entre éstos, los ahora quejosos, que resultan ser afectados por las descargas de aguas residuales, lo cual debe ser reparado, sin que el hecho de que no cuenten con la cesión de derechos de las descargas residuales, por parte de la empresa constructora del fraccionamiento, sea justificación alguna; por el contrario, priva a los quejosos de los derechos humanos a un ambiente sano y a la salud contenidos en el artículo 4o. constitucional, y en los tratados internacionales ya mencionados. En efecto, las autoridades responsables municipales se encuentran constreñidas a acatar los derechos humanos contenidos en los citados preceptos constitucionales y en los instrumentos normativos internacionales, conforme a los lineamientos previstos en la Ley de Aguas del Estado de Chiapas y Ley Orgánica del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pues además de que las obligaciones y funciones relativas son de orden público, es un derecho constitucional el gozar de un medio ambiente sano, y para ello, es necesario que las responsables realicen el tratamiento a las aguas residuales. Además, tales servicios de orden público se catalogan como necesidad prioritaria, de tal manera que no debe existir desatención en perjuicio de las personas que resultan afectadas, a fin de que se garantice efectivamente la prestación uniforme, continua y permanente. En este sentido, y toda vez que el principio pro persona exige para el operador, el ejercicio de la interpretación jurídica que sea de mayor beneficio para los sujetos de derechos, al examinarse la obligatoriedad que tiene el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Berriozábal, Chiapas, para atender el tratamiento de aguas residuales, el Estado debe proteger y garantizar ese derecho humano, lo que no puede reducirse en tan sólo otorgar del vital líquido, sin pasar por alto otros servicios como el drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, pues una interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia, permite obtener un concepto extenso de acceso a agua potable y saneamiento acorde a los principios de la constitución federal y derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. En consecuencia, las autoridades responsables deberán de velar que los quejosos se desenvuelvan en un ambiente sano, que no ponga en riesgo su salud, por lo que deben implementar las acciones necesarias y llevar a cabo los procedimientos que estén a su alcance, para atender todo lo relacionado con la descarga de aguas residuales, motivo de litis. Además, al atender a la naturaleza y función de la progresividad de los derechos humanos, implica que el disfrute de esos derechos sea siempre con un sentido de bienestar, pues no hacerlo configura una violación directa a las obligaciones del Estado, por no adoptar medidas apropiadas de carácter administrativo y financiero o de cualquier índole, para dar plena efectividad al derecho indicado. De los lineamientos establecidos y de los hechos que han quedado plenamente demostrados en el expediente, se concluye que la conducta omisiva de las autoridades responsables, es violatoria de los derechos humanos establecidos en los artículos 1o, 4º y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no han vigilado, ni implementado los mecanismos necesarios, para evitar que la descarga de aguas residuales del fraccionamiento Ciudad Maya, de Berriozábal, Chiapas, contaminen el ambiente y el agua de consumo humano que utiliza la comunidad Bombano, de esa localidad, pues han omitido llevar a cabo las acciones y tomar las medidas necesarias para que, las descargas que pasan por el sistema implementado, hasta el cuerpo receptor, cumplan con la normatividad vigente en la materia, además de exigir a la empresa constructora, la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales que no está funcionando y que provoca el desbordamiento de esas aguas residuales, sin tratamiento alguno, provocando la contaminación a que hacen referencia los ahora quejosos; además, de los riesgos importantes en la salud de éstos. Por otra parte, respecto al citado acto señalado en el inciso a), consistente en la omisión de investigar la contaminación y de prevenir las descargas de aguas residuales, sin tratamiento, del fraccionamiento Ciudad Maya, que contaminan los pozos artesianos de la Comunidad de San Antonio Bombano, del municipio de Berriozábal, Chiapas; reclamado al Director General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad; se estiman fundados los motivos de inconformidad, hechos valer por los quejosos, como enseguida se verá. En este sentido, la Autoridad del Agua determinó que se acredita que existe riesgo inminente a los ecosistemas ligados con el agua, daño, deterioro a la salud, a las aguas nacionales, a los bienes referidos en el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales, y que derivado de lo observado en el recorrido en las instalaciones objeto de la visita de inspección, no cumple con las condicionantes específicas y generales de su permiso de descarga de aguas residuales. En esta tesitura, fue que la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua ordenó, como medida urgente y de carácter precautorio, suspensión de las actividades y colocación de sellos oficiales denominados SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, toda vez que de lo observado en el recorrido, en las instalaciones visitadas se están realizando descargas de aguas residuales que no acreditan la legalidad con documento alguno; no realizan muestreo correspondiente; existe deficiencia en el tratamiento de aguas residuales descargadas, en virtud de que éstas no son cloradas, previo a su vertido a cuerpo receptor, que es el arroyo innominado; no tienen instalado dispositivo de medición en uno de los puntos de descarga; así como también, no dan tratamiento a las aguas residuales, cayendo de manera cruda al arroyo innominado. Motivo por el cual, la autoridad del agua, a fin de comprobar la contaminación de los cuerpos de agua por descarga de aguas residuales y/o vertido y/o depósito y/o derrame de sustancias tóxicas o contaminantes y/o residuo peligroso, que se hagan de forma directa, indirecta, omisa, accidental o clandestinamente, debido a la negligencia o falta de interés de evitar con obras hidráulicas o civiles los derrames de aguas residuales y/o vertido y/o depósito y/o derrame de sustancias tóxicas contaminantes y/o residuo peligroso hacia las aguas nacionales, o los bienes referidos en el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales, realizó muestreos en los cuerpos de aguas que consideró pertinentes, toda vez que debajo de las instalaciones objeto de la visita de inspección se encuentran aprovechamientos de aguas nacionales superficiales para uso público urbano y recreativos. Dichas muestras que fueron tomadas durante la visita de inspección en comento, según informaron las autoridades responsables, fueron enviadas a los laboratorios referidos en cada una de ellas y acreditados por la EMA para ser analizados y, atendiendo a dichos resultados, una vez que se encontraran en poder de la autoridad del agua, ésta llevaría a cabo las acciones conducentes atendiendo a las facultades previstas por la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y el Reglamento Interior la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, aseveraron que en la misma fecha, llevaron a cabo la visita de inspección PNI-2018-FOS-119, dirigida al Municipio de Berriozábal, Chiapas y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de dicha localidad y, practicadas en las instalaciones del fraccionamiento Ciudad Maya de referencia, en la que sustancialmente encontraron las mismas anomalías indicadas anteriormente, por lo que enviaron el oficio B00.813.02.3.-366/2018 de dos de julio de dos mil dieciocho, a Genaro Pérez Gómez, Presidente Municipal Interino de Berriozábal, Chiapas, mediante el cual le comunicaron que, con fundamento en los artículos 88, 88 Bis, fracciones I, II, IX y X, de la Ley de Aguas Nacionales, antes de poder realizar el vertido o descargada de forma permanente o intermitente a cuerpos receptores de propiedad nacional, bienes nacionales, así como otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, deberá de tramitar y obtener el permiso de descarga otorgado por esa Comisión Nacional del Agua. No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto por los solicitantes del amparo, las autoridades del agua no han dado cumplimiento a cabalidad con las obligaciones inherentes a sus funciones, pues si bien refirieron que, acorde a las facultades previstas en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y el Reglamento Interior de esa Comisión Nacional del Agua, han realizado diversos actos de autoridad; no menos lo es que, no han culminado con dicho proceso, puesto que, fueron omisas en informar el seguimiento que le han dado a los resultados de las visitas de inspección que realizaron el treinta de mayo de dos mil dieciocho, a que se hizo referencia en párrafos anteriores. Lo anterior, es así, pues aun cuando fueron llevadas a cabo antes de la promoción del juicio de amparo, y que con ello podría considerarse que han atendido, en parte, la omisión que les atribuyen los quejosos; sin embargo, dichas acciones no han sido culminadas, al estar inconclusas, pues derivado de las visitas de inspección, llevaron a cabo varias actividades propias de su función, entre éstas, colocaron los sellos de suspensión en las plantas de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento Ciudad Maya, ubicado en Berriozábal, Chiapas, así como en los pozos de las mismas; de igual forma, procedieron a tomar muestras del agua contaminada, sin que de su informe y constancias anexas se advierta que hayan hecho referencia respecto a los resultados de las mismas y que, derivado de ello, hayan tomado otras medidas al respecto. De igual forma, nada informaron durante la substanciación del presente juicio, en lo relativo a las acciones llevadas a cabo por el Presidente Municipal de Berriozábal, Chiapas, respecto a que, antes de poder realizar el vertido o descarga de forma permanente o intermitente a cuerpos receptores de propiedad nacional, bienes nacionales, así como otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, deberá tramitar y obtener el permiso de descarga de aguas residuales otorgado por la Comisión Nacional del Agua. Así también, se le hizo énfasis que en el caso de que no realizara alguna acción que evitara la contaminación del cuerpo de aguas de propiedad nacional, las responsables podrían formular las denuncias y querellas en contra de quienes hayan o se encuentren cometiendo un posible delito ambiental ante las instancias ministeriales o jurisdiccionales correspondientes para la materialización de la reparación del daño ambiental por las descargas de aguas residuales en contravención a la legislación aplicable en materia del agua. De modo que, para considerar que dichas autoridades cumplieron con las facultades y obligaciones que les confiere la ley aplicable, deberán informar y recabar toda la información relativa al seguimiento de esas acciones en concreto. Por otra parte, en este apartado se analizará lo relativo al acto reclamado al Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, residente en esta ciudad, señalado en el inciso c), consistente en la omisión de investigar y prevenir los daños causados por la contaminación que genera la descarga de las aguas residuales, sin tratamiento, del fraccionamiento Ciudad Maya, ubicado en Berriozábal, Chiapas. De los citados numerales, se desprende que la legislación señalada es de orden público e interés social, cuya vigilancia de su cumplimiento corresponde a la autoridad responsable Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en especial, en aquéllas actividades relacionadas con la descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, así como descargas, depósitos, emanaciones que causen o puedan causar desequilibrio ecológico, producir daño al ambiente, contaminación con repercusiones peligrosas a los ecosistemas y sus componentes, para la salud pública y el bienestar de la población. Por tanto, para evitar la contaminación del agua, deben regular las descargas de origen municipal a los cuerpos receptores; además, de vigilar que las aguas residuales que contengan contaminantes, no pueden descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, sin previo tratamiento, y se debe contar con el permiso o autorización de la autoridad federal correspondiente, o en los casos de descarga en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, de la autoridad local competente. De igual forma, los numerales en comento, facultan a la responsable para llevar a cabo visitas de inspección y vigilancia del cumplimiento de dichas disposiciones; en la que se levantarán actas en las que consten en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado. El resultado de dicha inspección se dará a conocer al interesado, quien dentro del término de quince días, a partir de que tenga conocimiento de ello, podrá aportar pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga. Hecho lo anterior, la Secretaría procederá dentro del término de veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que contendrá las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable; las medidas que llevará a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o irregularidades observadas; si se elevó convenio, los términos y condiciones en que lo cumpliría, así como los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que deriven de la resolución. El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito y en forma detallada, sobre el cumplimiento a las obligaciones; además la procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones; imponer las sanciones procedentes en caso de desacato; o bien, podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas, si el infractor realizara las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsanara las irregularidades detectadas, o cumpliera con las obligaciones derivadas del convenio a que alude el ordinal 168. Bajo este orden de consideraciones, dentro de las constancias que obran en autos, se encuentra el acta de inspección ordinaria número PFPA/0013/0035/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, llevada a cabo por inspectores federales de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, residente en esta ciudad, en las instalaciones del fraccionamiento Ciudad Maya, construido por la empresa denominada Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable, la que fue atendida por Karen Edith Anguiano Arévalo, en su carácter de Promotora vecinal de la citada empresa, a la que ya se había hecho referencia en párrafos precedentes, y en la que advirtieron diversas irregularidades, consistentes en que el suministro de agua potable está a cargo, según manifestó el visitado, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de Berriozábal, Chiapas; y que el agua potable, al ser utilizada en los servicios de casa habitación del citado fraccionamiento, se vierte al sistema de alcantarillado municipal, la cual adquiere las características de agua residual, misma que a su vez son conducidas a dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), comúnmente denominadas módulo 1 y módulo 2. Que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (MÓDULO 1), que se encuentra dentro del fraccionamiento Ciudad Maya, municipio de Berriozábal, Chiapas, en el portón de entrada tiene un sello de suspensión de actividades impuesto por personal de la Comisión Nacional del Agua con orden de visita contenida en el oficio B00.813.02.3.266/2018; y al momento de la diligencia se encuentra en operación; que pertenece al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de Berriozábal, Chiapas y la operación está a cargo de la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable. Que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (MÓDULO 2), en el portón de acceso principal cuenta con el sello de suspensión de actividades impuesto por personal de la Comisión Nacional del Agua con orden de visita contenida en el oficio B00.813.02.3.266/2018, y se pudo constatar que al momento de la diligencia se encuentra fuera de operación; que pertenece a la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable y la operación está a cargo de personal de la misma; que dicha planta se encuentra sin operar debido a la falta de instalación de algunos equipos y de energía eléctrica. Asimismo, al revisar el pozo de visita, se observó que se encuentra rebosando debido a que dicha planta no está operando; y el agua residual que rebosa posteriormente escurre sobre suelo natural en dirección al cauce de un arroyo temporal innominado. No obstante lo precisado, se observa que la autoridad responsable no culminó con el procedimiento respectivo a que la constriñe la legislación en comento; lo que hace patente la omisión reclamada por los quejosos, pues ha soslayado, acorde a las facultades que le otorga la ley, desplegar todos los actos necesarios, para investigar el daño causado por la contaminación que genera al medio ambiente, al ecosistema y a la salud de los habitantes aledaños al lugar, las descargas de aguas residuales del fraccionamiento Ciudad Maya, residente en Berriozábal, Chiapas. Lo expuesto se considera de esa forma, porque únicamente se advierte que dicha autoridad responsable llevó a cabo la visita de inspección respectiva y procedió a levantar el acta de inspección ordinaria PFPA/0013/0035/2018, orden de inspección número E07.SII.0035/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho; sin embargo, no se advierte que, posterior a ello, haya continuado desplegando sus facultades normativas, preventivas, revisoras y sancionadoras, respecto de las anomalías detectadas en dicho documento, conforme a lo dispuesto en los numerales 164, 167 a 169, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que culminara con la resolución del procedimiento administrativo en trámite y el cumplimiento de ésta. Lo que se corrobora aún más, debido a que, mediante oficio de diez de octubre de dos mil dieciocho, este Juzgado solicitó a la autoridad responsable, la resolución recaída a dicha acta de inspección, informando en oficio de diecisiete siguiente, que estaba imposibilitada para remitir esa determinación, porque el procedimiento administrativo PFPA/14.2/2C.27.1/0022-2018, el cual forma parte de la orden de referencia, se encontraba en trámite y hasta esa data no le había recaído resolución (fojas 461 a 462 y 470). De modo que, la autoridad responsable ha sido omisa en concluir con el procedimiento administrativo de mérito, lo que se hace imprescindible para determinar los daños causados por la contaminación de las descargas de aguas residuales, sin tratamiento, del fraccionamiento Ciudad Maya y así determinar las sanciones correspondientes, así como, implementar las medidas urgentes para prevenir y evitar que se siga contaminando el medio ambiente y los ecosistemas, que repercuten en la salud de los quejosos, al ser habitantes de la comunidad Bombano, de Berriozábal, Chiapas, quienes se ven afectados por dicha contaminación. Por último, se analizará el acto reclamado al Secretario de Salud del Estado de Chiapas y Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente del Instituto de Salud, ambos residentes en esta ciudad, señalado en el inciso b), consistente en la omisión de establecer las medidas de protección, investigación y prevención adecuadas para salvaguardar los derechos a la vida y a la salud en la comunidad de San Antonio Bombano, municipio de Berriozábal, Chiapas. De lo transcrito, se puede advertir, que la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal de Berriozábal, Chiapas, manifestó que no tenía injerencia en el sistema de abastecimiento donde se ubican los pozos y tanques de la comunidad Bombano, residente en Berriozábal, Chiapas, debido a que los derechos del título de concesión le pertenecen a la empresa GÉNESIS 2000, S.A. de C.V., sin que hasta ese momento le hubiesen sido transferidos los derechos a éste; por tanto, no se consideraba responsable de la contaminación del suelo o subsuelo que generan las descargas de aguas residuales, sin tratamiento, del fraccionamiento Ciudad Maya, de dicho municipio, y que perjudican al agua de la citada localidad. Como se puede advertir, aun cuando dichas autoridades adujeron que, conforme a su competencia, realizaron el monitoreo de la calidad del agua a la comunidad San Antonio Bombano, municipio de Berriozábal, Chiapas, así como la vigilancia sanitaria que les corresponde, en los pozos y tanques señalados por los quejosos. Lo que se corrobora además, con el acta de verificación sanitaria correspondiente (fojas 347 a 352); y con el oficio dirigido al Presidente Municipal de dicha localidad, donde le informaron las anomalías detectadas; esas acciones y diligencias no se consideran suficientes para tener por cumplidas sus facultades en materia de salubridad, con relación a la calidad del agua potable para consumo humano analizada en la comunidad de mérito. Esto es así, pues como se dijo, no obstante que desplegaron acciones al respecto, de las constancias que anexó la autoridad responsable, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente del Instituto de Salud, residente en esta ciudad, se advierte que fueron omisas en concluir dicho procedimiento, para que las anomalías detectas en dicha comunidad fueran atendidas por las autoridades correspondientes con la prontitud y urgencia que el caso requieren, entre éstas, el Ayuntamiento Municipal de Berriozábal, Chiapas, a través de quien lo represente. Se afirma lo expuesto, en virtud de que, a pesar de que la Síndico Municipal, de Berriozábal, Chiapas, con motivo de los resultados de la visita de verificación sanitaria que desplegaron las autoridades responsables, mediante oficio de quince de agosto de dos mil dieciocho, adujo que el referido Ayuntamiento no se considera responsable de contaminar el suelo o subsuelo, ni los seis pozos de la localidad San Antonio Bombano de esa localidad, en virtud de que hasta esa fecha, no se ha aceptado la transmisión de los derechos del Título de Concesión número 11CHS154537/30ERDA14, pues se encuentra a nombre de la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, culminó diciendo que respecto al muestreo y las observaciones realizadas en la visita de verificación, sobre todo la corrección de anomalías detectadas en el tanque de almacenamiento, no le corresponden a éste, sino a la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien es la única responsable de contaminar el suelo o subsuelo; los seis pozos y el tanque de almacenamiento de la localidad San Antonio Bombano del referido municipio, con la descarga de aguas residuales que se generan en el fraccionamiento Ciudad Maya. Esa circunstancia, no impide a las autoridades responsables, seguir ejerciendo sus facultades en materia sanitaria y dar seguimiento a las acciones implementadas derivadas de la visita de verificación sanitaria, para poder culminar el procedimiento correspondiente. Esto es así, pues no se advierte constancia alguna, en la que hayan hecho pronunciamiento respecto a la negativa del Ayuntamiento demandado de implementar las acciones a la que fue conminado; tampoco allegaron al presente sumario la contestación que les mereció a las misivas que enviaron al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, Comisión Nacional del Agua e Instituto Estatal del Agua, con la finalidad de coadyuvar en los requerimientos efectuados al Presidente Municipal, de cumplir con su obligación constitucional de dotar de agua potable a su población, que cumpla los estándares sanitarios establecidas en las normativas correspondientes. Sobre todo porque, le hicieron saber al Presidente Municipal de Berriozábal, Chiapas, que las anomalías detectadas en los seis pozos y el tanque de almacenamiento de agua de la comunidad San Antonio Bombano, municipio de Berriozabal, Chiapas, derivadas de la visita de mérito, eran de corrección inmediata, pues únicamente debería llevar a cabo la adecuada desinfección y limpieza del tanque. De igual forma, tenía que informar por escrito, a través de un plan calendarizado, de las medidas que adoptaría para corregir las anomalías detectadas en el tanque de almacenamiento al momento de la visita de verificación. En consecuencia, las autoridades responsables fueron omisas en dar seguimiento a la visita de inspección sanitaria de referencia, acorde a las facultades conferidas en la legislación respectiva, ya precisada en párrafos precedentes, las cuales les otorgan competencia para realizar el monitoreo de la calidad del agua a través de análisis periódicos, así como la vigilancia sanitaria mediante visitas de verificación a los sistemas de abastecimiento de aguas municipales. De ahí que, deberán dar seguimiento a las acciones desplegadas derivadas de los resultados obtenidos de la visita de verificación sanitaria y pronunciarse respecto a la negativa del Ayuntamiento Municipal de corregir las anomalías detectadas. Para lo cual, de ser procedente, deberán tomar en consideración la facultad que les confiere la Legislación Sanitaria para la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias o sanciones administrativas establecidas en los citados ordenamientos. En consecuencia, de lo aquí analizado, es dable concluir que la conducta omisiva de las autoridades responsables, es violatoria de los derechos humanos establecidos en los artículos 1o, 4º y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no han actuado conforme a su competencia, facultades, atribuciones y obligaciones, soslayando desplegar todas las acciones que están a su alcance, para evitar el daño ocasionado a los ahora quejosos, conculcando en su perjuicio el derecho a tener un ambiente sano y a gozar de buena salud, puesto que, con sus omisiones, han propiciado la contaminación en los pozos artesianos y tanque de almacenamiento de agua en la comunidad Bombano, de Berriozábal, Chiapas, en la que actualmente habitan los quejosos, con el riesgo inminente de afectación al medio ambiente y a la salud de ellos y de sus familias. Ahora, de las constancias remitidas para acreditar el cumplimiento al fallo protector, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, destaca que las autoridades responsables acataron sin exceso, ni defecto la ejecutoria dictada en el presente asunto; lo anterior, toda vez que: El Ayuntamiento Municipal Constitucional de Berriozábal, Chiapas, por conducto de la Síndico Municipal, así como, el Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, de dicha municipalidad (fojas 487 y 488 del tomo I), realizaron de manera conjunta, lo siguiente: Efectuaron las gestiones necesarias para tramitar el permiso de descarga que emite la Comisión Nacional del Agua, el cual les fue otorgado como se advierte del informe rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos, en representación del Director General y/o Director de Administración del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, quien hizo saber que a través del oficio B00.813.02.1.0995/2019, de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 1210 a 1214 del tomo II), el Director General de dicho organismo, emitió resolución en la que determinó procedente la solicitud de asignación y/o permiso de descarga de aguas residuales a nombre del Municipio de Berriozábal, Chiapas (Ciudad Maya), con vigencia de treinta años. Además, conforme a su competencia, de manera compartida, pusieron en marcha las acciones necesarias para verificar la descarga de aguas residuales del fraccionamiento Ciudad Maya, e implementaron los programas necesarios para que dicha descarga, al ser vertida en el cauce del arroyo innominado (cuerpo receptor), cumpliera con los parámetros permitidos por la normatividad correspondiente; lo anterior, a través de la ejecución del proyecto "Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Módulo I y II", del fraccionamiento Ciudad Maya, el cual consiste en la rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR del módulo I y II (fojas 496 a 499 del tomo I). De igual forma, precisaron las gestiones que realizaron ante las instancias correspondientes, con la finalidad de que la empresa Génesis 2000, Sociedad Anónima de Capital Variable, procediera a la reparación inmediata de la planta de tratamiento de aguas residuales (MÓDULO 2), que se encuentra fuera de operación. Pues a través de la misiva B00.813.04.1.-188/2019 (foja 835 a 851 del tomo I), la Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA, interpuso denuncia penal, con relación a los hechos advertidos en la visita de inspección número PNI-2018-FOS420, de treinta de mayo de dos mil dieciocho, practicada a la persona moral GENESIS 2000, S.A. de C.V., ante la posible comisión de hechos delictivos. Del mismo modo, se radicó el expediente administrativo PFPA/14.2/2C/27.1/0022-18, en contra de la mencionada empresa, en el cual, el diecisiete de junio del año en curso (fojas 970 a 982 del tomo II), el Encargado de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Chiapas, emitió resolución en la que ordenó realizar las descargas de aguas residuales generadas en el Fraccionamiento Ciudad Maya, en el municipio de Berriozábal, Chiapas, en las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, localizadas dentro de citado fraccionamiento, para efectos de ser tratadas previamente a su vertimiento a algún cuerpo receptor, entre otras. También, informaron las acciones de corrección inmediata, que se implementaron con motivo de la verificación sanitaria SAA-016-18, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, llevada a cabo por el Instituto de Salud. Por lo que, el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, dictó resolución administrativa (fojas 957 a 960 del tomo II), en la que declaró procedente imponer al Presidente Municipal Constitucional de Berriozábal, Chiapas, propietario del Sistema de Abastecimiento de Aguas ubicado en la localidad de San Antonio Bombanó, de ese municipio, sanción administrativa consistente en amonestación con apercibimiento, exhortándolo a mantener las condiciones adecuadas para dotar de agua de calidad para uso y consumo humano (foja 959 vuelta del tomo II). Acciones que hicieron del conocimiento a los quejosos a través de los oficios números CJ/30/PMB/2019, CJ/31/PMB/2019, CJ/32/PMB/2019, CJ/33/PMB/2019, CJ/34/PMB/2019, CJ/35/PMB/2019, CJ/36/PMB/2019, CJ/37/PMB/2019 y CJ/38/PMB/2019 y anexos de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 489 a 659 del tomo I). La Directora General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos de dicho Organismo (foja 703 del tomo I) comunicó: Con motivo de los resultados de las visitas de inspección PNI-2018-FOS-119 y PNI-2018-FOS-120, practicadas en las instalaciones del fraccionamiento Ciudad Maya, de Berriozábal, Chiapas, respecto de las anomalías detectadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales, mediante oficios números B00.813.02.4.-547/2018, de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y B00.813.02.4.-002/2019, se iniciaron diversos procedimientos administrativos (fojas 707 a 724 y 757 a 768 del tomo I). - Luego, ateniente a los "sellos de suspensión que colocaron en éstas y los pozos", la responsable hizo saber que a través del oficio SAPAM-DG1518´2018´015, de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 776 y 777 del tomo I), el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Berriozábal, en atención al procedimiento derivado del acta de visita PNI-2018-FOS-120, solicitó a "CONAGUA" su intervención, para regularizar la planta de tratamiento de referencia, así como, se le permitiera el acceso a los lugares suspendidos para realizar las adecuaciones necesarias (foja 777 del tomo I). Asimismo, con relación al resultado de las muestras obtenidas y que fueron enviadas a laboratorio (foja 705 del tomo I), informó que se emitió un resumen de informes que contienen los resultados de los muestreos de aguas residuales obtenidos en las anotadas visitas de inspección (fojas 805 a 819 del tomo I). Finalmente, en el oficio B00.813.04.1.-191/2019 (fojas 703 a 706 del tomo I), rindió un informe detallado, en el que, la responsable expuso las acciones y medidas que tomó en consideración para evitar la descarga de aguas residuales de dicho fraccionamiento, sin el tratamiento adecuado. 3.- El Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por conducto de la Jefa de la Unidad Jurídica, residente en esta ciudad, informó: Derivado de los resultados del acta de inspección ordinaria PFPA/0013/0035/2018, dio seguimiento a las anomalías detectadas y continúo el trámite del procedimiento administrativo correspondiente, acorde a lo establecido en los artículos 161, 164, 167, 168 y 169 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que, el diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 970 a 982 del tomo II), dictó fallo administrativo en contra de GENESIS 2000, S.A. de C.V., en la cual, estableció diversas medidas correctivas, entre ellas, que debería realizar las descargas de aguas residuales generadas en el Fraccionamiento Ciudad Maya, en el municipio de Berriozábal, Chiapas, en las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales localizada dentro de citado fraccionamiento, para efectos de ser tratadas previamente a su vertimiento a algún cuerpo receptor, entre otras. El Secretario de Salud del Estado de Chiapas, por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto y Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios del aludido Instituto, por conducto de la Directora de tal dependencia, todos con sede en esta ciudad, informaron: Que derivado de los resultados de la visita de inspección sanitaria que practicaron al Sistema de Abastecimiento de Agua, ubicado en la localidad de San Antonio Bombanó, del municipio de Berriozábal, Chiapas, y acorde a las anomalías ahí detectadas, en el ámbito de sus atribuciones, comunicaron que el dos de mayo del año de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la visita de verificación (fojas 855 a 859 de tomo I), para la constatación de anomalías con relación al Dictamen Técnico de Verificación en la Ranchería San Antonio Bombanó, municipio de Berriozábal, Chiapas y se realizaron algunas correcciones, pero debido a que aún existían anomalías graves, se aplicó la medida de seguridad consistente en la colocación de cinco sellos para la suspensión del servicio en los tanques de almacenamiento de agua. Posteriormente, el seis de mayo del año en curso, se llevó a cabo la visita de verificación en la que se constató la mayoría de las correcciones de las anomalías mencionadas y se realizó el levantamiento de la medida de seguridad de referencia (fojas 876 a 880 del tomo I). Y, que el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, emitió resolución administrativa con motivo del acta de visita de verificación sanitaria SSA-016-18 (fojas 957 a 960 del tomo II), en la que se declaró procedente imponer al Presidente Municipal Constitucional de Berriozábal, Chiapas, propietario del Sistema de Abastecimiento de Aguas ubicado en la localidad de San Antonio Bombanó, de ese municipio, sanción administrativa consistente en amonestación con apercibimiento, exhortándolo a mantener las condiciones adecuadas para dotar de agua de calidad para uso y consumo humano (foja 959 vuelta del tomo II). De ahí que, de las acciones antes precisadas realizadas por las autoridades responsables conforme a sus facultades y atribuciones, permiten considerar que se restituyeron los derechos humanos violados, que imperan a favor de los quejosos, relativos a gozar de un ambiente sano y a la salud. En razón de lo expuesto, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ella; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase sobre el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.

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