Juan Chagollan Flores

Expediente 421/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
421/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Juan Chagollan Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En términos del artículo 21 del citado Acuerdo, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de recoger los documentos de mérito, en el local que ocupa este recinto judicial, la persona autorizada para tal efecto deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de abril de dos mil veintidós. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la razón de imposibilidad signada por el Actuario Judicial de la adscripción, a través de la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de treinta y uno de marzo del año en curso, en el domicilio procesal que señaló en su demanda de amparo. A tal aseveración se le da valor probatorio para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene valor probatorio, al suscribirla un funcionario con fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LA RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora bien, toda vez que no fue posible notificar a la parte quejosa en el domicilio procesal que le fue reconocido por las razones expuestas por el Actuario de la adscripción; con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, la notificación del proveído de treinta y uno de marzo pasado, así como las de los acuerdos subsecuentes, realícense a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa, el presente proveído así como el diverso de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. AUTO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VENTIDÓS RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del seguro Social. REGISTRO. Fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 421/2022-V. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: La resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, en la que se niega la pensión por cesantía solicitada por el quejoso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, cuyo análisis se impone de oficio y es preferente al fondo del asunto por tratarse de una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de la materia. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia II.1o. J/5 emitida por el otrora Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro digital 222780, consultable a página 95 del Tomo VII Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así como la jurisprudencia 1a./J. 3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 194697, consultable a página 13 del Tomo IX Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Causal de improcedencia que la suscrita juzgadora también advierte de oficio y estima actualizada en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." De lo anteriormente trascrito se advierte que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es el órgano público que emite, ordena, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omite un acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Sobre ese punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis P. XXVII/97, con registro digital 199459, consultable a página 118 del tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los términos siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, con registro digital 161133, consultable a página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, para dar mayor claridad a lo expuesto, cabe señalar que entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: 1. Las de supra a subordinación, que surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público. Véase: [a] Se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; [b] Son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y, [c] Son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio. De ahí, que al realizar tales actos el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. 2. Las de coordinación, que son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad. Por tanto, al intervenir en actos de tal naturaleza, el órgano público se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones. En mérito de lo anterior, cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. Acotado lo anterior, se tiene que el acto reclamado por la parte quejosa en el presente juicio de amparo se hace consistir en la resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, en la que se niega la pensión por cesantía solicitada por el quejoso en contestación a su escrito presentado el ocho de marzo del año en curso. No obstante, es preciso destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, y en consecuencia, la negativa reclamada no es combatible a través del juicio constitucional, puesto que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la parte quejosa como persona pensionada (asegurada) y el mencionado Instituto, en su carácter de ente asegurador y como subrogatorio del patrón. Es decir, el ente que fue señalado como responsable solo actúa en sus funciones de asegurador, por lo que se encuentra en un plano de igualdad con la parte quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, por lo que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia. Por tanto, la negativa a la petición de la parte quejosa brindada por la responsable y las razones de derecho con que se sustentó, no tienen el alcance de vincular por sí y ante sí la situación jurídica del gobernado, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de ella. Ello, en virtud de que dicho organismo público, como ente administrador de fondos de seguridad social, carece del carácter de autoridad porque no puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente respecto de la procedencia de la solicitud hecha, pues es a través del proceso laboral correspondiente donde puede ejercitarse la acción atinente al no ver satisfechas sus expectativas con la respuesta dada a la petición planteada. Máxime, que el artículo 295 de la Ley de Seguro Social, expresamente dispone "Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presente entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa". En ese tenor, la relación jurídica surgida entre la parte quejosa y la dependencia pública de que se trata, no corresponde al ámbito de supra-subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación. Cuyo aspecto se clarifica aún más con lo expuesto en el artículo 5 A, fracción XIV, de la Ley del Seguro Social, que define al pensionado como asegurado de aquella Institución, por lo que indiscutiblemente ingresa en el supuesto jurídico precisado en el numeral citado en el párrafo que antecede, y como consecuencia de ello, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social a promover lo que a su derecho corresponda respecto a sus pretensiones. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2011948, consultable a página 898 del Tomo II, junio de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice. "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." [Lo destacado es propio de este órgano jurisdiccional]. En consecuencia, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por lo que en el caso concreto procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Juan Chagollan Flores por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del seguro Social. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Ahora bien, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado. DOMICILIO. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda que se atiende. Respecto al correo electrónico señalado por el promovente, en caso de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrá comunicar al mismo, aspectos que son urgentes, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV- 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a **** a través de su apoderado ******* contra actos del Jefe de Administración Tributaria, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso octavo. Notifíquese.

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