Juan Ceballos Cardeña

Expediente 1077/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1077/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Ceballos Cardeña

Actuaciones

  1. Principal

    Ahora, para un mejor manejo del expediente, y tomando en consideración el volumen de las constancias relativas a los actos emitidos en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dictados en el expediente laboral 335/2005-III y su acumulado 336/2005-I remitidas, fórmense dos tomos de pruebas por separado relativos a las mismas, y consérvense en el local de la Secretaría de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito original de demanda presentado por Juan Ceballos Cardeña, por propio derecho, contra actos de la institución bancaria BBVA Bancomer Sucursal 5002 Xalapa Ánimas, con sede en esta ciudad, a quien le reclama la abstención de dar contestación al ocurso de petición de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, y recibido en esa institución bancaria el dieciocho de enero de la presente anualidad. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1077/2018/I-A. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del órgano jurisdiccional de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Así, del estudio integral efectuado al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión por parte de la institución bancaria BBVA Bancomer Sucursal 5002 Xalapa Ánimas, con sede en esta ciudad, a dar respuesta a su ocurso de petición datado el quince de enero de dos mil dieciocho, y presentado el dieciocho de enero de la presente anualidad. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos, y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, la institución bancaria BBVA Bancomer Sucursal 5002 Xalapa Ánimas, con sede en esta ciudad, no puede ser considerada "autoridad" para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, dada la naturaleza del acto que se le atribuye y la peculiar situación jurídica en la que se ubica la parte promovente frente a la misma (calidad de beneficiario). Para explicar lo anterior, en primer término, se debe fijar el concepto de autoridad responsable partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de aquéllos el juicio de amparo es improcedente, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable ha sufrido una importante transformación a través del tiempo, quedando ahora a cargo de los Tribunales Federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, establecer las notas distintivas de los actos de autoridad a fin de dar certeza en relación con ellos. En la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, novena época, dicha Sala sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la tesis reproducida, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a la autoridad (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando a ésta y a la parte solicitante del amparo los vincule una relación de supra a subordinación, en la que dicha promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En este sentido, debemos entender por relaciones de supra a subordinación todas aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, también pueden existir relaciones de coordinación entre gobernantes y gobernados, que evidentemente no se desarrollan en un plano de supra a subordinación, dada la especial vinculación que los une, pues ambos se encuentran en un plano de igualdad y bilateralidad en el seno del derecho, tal como lo establece la tesis I.15o.A.36 K, que sostiene el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1316, tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2008, novena época, cuyo texto dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Con base en lo anterior, si en la demanda de amparo que se analiza se reclama de manera destacada la omisión de dar contestación al escrito presentado por la parte del quejoso el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a través del cual, Juan Ceballos Cardeña, solicitó medularmente se le entreguen los montos relativos a la cuenta bancaria 1346118712 como beneficiario o en su defecto se le informe cuáles son las limitantes y/o motivos por los cuales no se pueden entregar, es de colegirse que tal acto no puede ser considerado de autoridad para los efectos de procedencia de la acción constitucional, porque las partes están en un plano de coordinación y no en uno de supra a subordinación, como se establece en el criterio reproducido, lo que acarrea el desechamiento de plano de la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que la petición formulada por el quejoso a la institución bancaria BBVA Bancomer Sucursal 5002 Xalapa Ánimas, con sede en esta ciudad, dentro de la relación que guardan como entes de derecho privado, derivado de la prestación de servicios financieros entre dicha institución bancaria y el quejoso; y no una relación jurídica entre gobernante y gobernado. No es óbice a la anterior determinación, que el acto reclamado consista en la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, porque si como se precisó con antelación, por su naturaleza jurídica la institución bancaria BBVA Bancomer Sucursal 5002 Xalapa Ánimas, con sede en esta ciudad, no puede tener el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es evidente que la relación existente entre el promovente de amparo y dicha institución es de coordinación, esto es, en un mismo plano jerárquico, por lo que, la circunstancia de que sea omisivo o comisivo el acto, no resulta relevante para determinar el carácter de autoridad en el juicio constitucional. Resulta aplicable a tal consideración, la jurisprudencia P./J.42/2001, emitida por el Pleno de Circuito en Materia de Administrativa del Primer Circuito, novena época, publicada en la página ciento veintiséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." En efecto, ante la omisión en que incurre la institución financiera, al no responder la petición del quejoso; en consecuencia, la contestación mediante la que atienda esa petición tampoco podrá tener la calidad de acto de autoridad, por lo que no es jurídicamente factible reclamar su inconstitucionalidad en el juicio de amparo, toda vez que la respuesta que en su caso se emita no vincularía por sí y ante sí la situación jurídica del peticionario, modificando o extinguiendo algún derecho, aunado a que la determinación correspondiente puede impugnarse mediante las vías ordinarias que en la vía civil o mercantil resulten procedentes. Así, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación a los derechos fundamentales; por lo que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo expuesto, se evidencia lo notorio y manifiesto de la improcedencia advertida, puesto que de admitirse la demanda no podría aportarse prueba alguna que permitiera desvirtuar la causa sobre la que descansa tal improcedencia, siendo que concluir como lo hace este juzgado, es conveniente como solución jurídica al caso que se plantea, porque tal decisión cumple y ajusta al principio de impartición de justicia pronta y expedita como manda el artículo 17 constitucional. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 113, todos de la Ley de Amparo, al quedar acreditada lo notorio y manifiesto de la improcedencia advertida, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Juan Ceballos Cardeña, en contra del acto reclamado a BBVA Bancomer Sucursal 5002 Xalapa Ánimas, con sede en esta ciudad; determinación que como se dijo, es tomada en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Al respecto, conviene citar, por analogía y en lo conducente, el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en el escrito de demanda y como autorizado de su parte en los términos restrictivo que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Carlos Domínguez Sagredo, toda vez que no tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación....

  3. Principal

    .. notifíquese personalmente....

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