Juan Cazares García

Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
70/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Juan Cazares García
  • Ramón Abelardo Cuéllar González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    8.- Oficio. El Actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de revisión número ********************, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto en autos. ..Acuerdo. Se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. ...

  2. Principal

    8.- Estado procesal Visto el estado de autos, se advierte que se ha logrado la correcta integración del presente expediente electrónico; por tanto, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; desde este momento se autoriza la disponibilidad del expediente electrónico vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, tal y como se ordenó en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés******************** Remitiéndose para tal efecto el original del escrito de agravios******************** Datos para registro Oficina de Correspondencia Recurso: Revisión******************** Recurrente: Juan Cazares García, por conducto de quien legalmente lo represente******************** Quejoso: Juan Cazares García******************** Tercero interesado: No existe******************** Acto reclamado: El informe justificado rendido por el Departamento de Pensiones y Jubilaciones adscrito a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mismo que se acordó en auto de once de abril de dos mil veintitrés******************** El memorando número **************************************** Autoridad responsable: Departamento de Pensiones y Jubilaciones adscrito a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y otra autoridad******************** Expediente de autoridad recurrida: **************************************** Cúmplase******************** ..

  3. Principal

    8.- Agréguese a los autos el escrito presentado por ********************por conducto de quien legalmente lo represente realiza lo siguiente: Interpone recurso de revisión en contra del auto de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés dictado en el presente juicio de amparo. Señala usuario para la práctica de notificaciones. Señala autorizados. Señala datos de contacto. Acuerdo En tal sentido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente electrónico en que se actúa, es decir, obren las constancias de notificación a las partes del auto de esta fecha por el que se tiene por interpuesto el recurso de revisión y se ordena correr traslado con copia del escrito de agravios; en el término de tres días siguientes a ello; autorícese la disponibilidad del expediente electrónico para su consulta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, a fin de que se sirva sustanciarlo. Copias. Con fundamento en artículo 88 de la Ley de Amparo, se ordena expedir las copias del recurso de revisión, toda vez que se presentó de forma electrónica. Sin que al caso sea necesario formar cuadernillo de antecedentes, toda vez que la documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para que provea lo que en derecho corresponda en relación a los puntos 2 al 4. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. ..

  4. Principal

    8.- Escrito El apoderado de la parte quejosa solicita la ampliación de la demanda de amparo. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, .. DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO POR CUANTO HACE AL PRIMER ACTO RECLAMADO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este Juzgado Federal advierte que, con relación al acto reclamado consistente el informe justificado rendido por el Departamento de Pensiones y Jubilaciones adscrito a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mismo que se acordó en auto de once de abril de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La teleología de la causal prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evitar que a través de un juicio de amparo se controviertan las decisiones dictadas en un diverso juicio de amparo o en su ejecución, pues de ser así, se implementaría un control constitucional sobre otro, lo que es jurídicamente inadmisible, ya que desnaturalizaría la característica intrínseca de éste, de ser un medio extraordinario de control de la Constitución. Análisis de la causa de improcedencia. La parte quejosa, pretende ampliar la demanda de amparo con relación al acto que señala como el informe justificado rendido por el Departamento de Pensiones y Jubilaciones adscrito a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mismo que se acordó en auto de once de abril de dos mil veintitrés. Sin embargo, tal acto reclamado relativo al informe justificado rendido por la autoridad responsable en el presente juicio de amparo, no puede ser analizado en este juicio de amparo indirecto, en virtud de que no puede constituir actos reclamados, pues se emitieron con motivo del requerimiento que este órgano jurisdiccional le formuló, y su emisión constituye un acto dentro del procedimiento del juicio de amparo que lo hace improcedente. .. En consecuencia, este Juzgado Federal encuentra que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa cuestiona el informe emitido con motivo de un requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito a la autoridad responsable, cuya constitucionalidad no puede ser analizada en este indirecto. DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO POR CUANTO HACE AL SEGUNDO ACTO RECLAMADO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este Juzgado Federal advierte que, con relación al acto reclamado consistente en El memorando número DPJ/845/2023, se actualiza la causa de improcedencia que enseguida se estudia. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a), del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierte en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la ley de amparo, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. .. Lo antepuesto, evidencia que los actos combatidos no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional sino hasta que la parte quejosa resienta de manera directa un perjuicio. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos que se combaten en el juicio constitucional en que se actúa, no constituyen actuaciones que se traducen en la violación de algún derecho sustantivo, tampoco en la privación de un derecho de defensa, toda vez que los efectos no son de imposible reparación y, por tanto, no le causan un perjuicio que lo ubique en la hipótesis de procedencia, ya que dichas actuaciones sólo pueden implicar la infracción de derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable. .. Por procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. Cuando los particulares eleven una petición a la administración, misma que requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas, subsecuentes una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de entender que se está en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o formal. Por el contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que afecta a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es esta segunda connotación aquélla a que se refiere el género de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, al autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito en aquellos casos en que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, permitiéndolo sólo contra la resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado procedimiento administrativo constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o cumplimiento de requisitos exigidos para la realización de un acto administrativo se diferencia, naturalmente, del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por la vía del control, los derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un acto administrativo; de ahí que en observancia de la garantía de seguridad jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en forma de juicio, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, es indispensable tener presente que, tal y como se ha sostenido, el procedimiento administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es decir, en el empleo de los medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, de los actos administrativos que los agravian; por el contrario, el procedimiento administrativo se integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están impuestas para facilitar y asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, aun en ausencia de la participación del gobernado y que concluyen, preponderantemente, en la creación de actos administrativos cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. Así, en uno y otro caso, la resolución final concluirá con el procedimiento administrativo iniciado, sea éste de naturaleza constitutiva (creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva (revisión del ya existente) esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la acción constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad administrativa." .. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de un procedimiento administrativo que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. .. En el presente juicio de amparo indirecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano; porque: Sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que es evidente que con la emisión del memorando número DPJ/845/2023, signado por la autoridad responsable, solo se menciona que con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, le fue otorgado al aquí quejoso el diverso oficio DPJ/974/2022, mismo que señaló como acto reclamado en su demanda primigenia. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha la ampliación de la demanda amparo indirecto, respecto de los actos reclamados materia del escrito de ampliación de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Estado procesal Vista la demanda de amparo admitida en auto de once de enero de dos mil veintitrés y ampliación de la misma admitida en auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. .. B.- Tercero(s) interesado(s). Bajo protesta de decir verdad manifiesta desconocer su existencia. C.- Autoridades responsables. Del Departamento de Pensiones y Jubilaciones adscrito a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, reclamó: El oficio DPJ/974/2022, de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual requirió al solicitante de la pensión que exhiba la hoja de certificación de cuotas y aportaciones. De la Subdirección General de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, reclamó: El memorando número SGPES/089/2023. Sobreseimiento. Ahora, el suscrito advierte que, en relación con los citados actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: I.- De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. II.- En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. III.- En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a), del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierte en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la ley de amparo, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. .. Lo antepuesto, evidencia que los actos combatidos no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional sino hasta que la parte quejosa resienta de manera directa un perjuicio. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos que se combaten en el juicio constitucional en que se actúa, no constituyen actuaciones que se traducen en la violación de algún derecho sustantivo, tampoco en la privación de un derecho de defensa, toda vez que los efectos no son de imposible reparación y, por tanto, no le causan un perjuicio que lo ubique en la hipótesis de procedencia, ya que dichas actuaciones sólo pueden implicar la infracción de derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable. .. Por procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. Cuando los particulares eleven una petición a la administración, misma que requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas, subsecuentes una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de entender que se está en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o formal. Por el contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que afecta a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es esta segunda connotación aquélla a que se refiere el género de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, al autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito en aquellos casos en que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, permitiéndolo sólo contra la resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado procedimiento administrativo constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o cumplimiento de requisitos exigidos para la realización de un acto administrativo se diferencia, naturalmente, del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por la vía del control, los derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un acto administrativo; de ahí que en observancia de la garantía de seguridad jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en forma de juicio, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, es indispensable tener presente que, tal y como se ha sostenido, el procedimiento administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es decir, en el empleo de los medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, de los actos administrativos que los agravian; por el contrario, el procedimiento administrativo se integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están impuestas para facilitar y asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, aun en ausencia de la participación del gobernado y que concluyen, preponderantemente, en la creación de actos administrativos cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. Así, en uno y otro caso, la resolución final concluirá con el procedimiento administrativo iniciado, sea éste de naturaleza constitutiva (creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva (revisión del ya existente) esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la acción constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad administrativa. .. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de un procedimiento administrativo que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. .. En el presente juicio de amparo indirecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano; porque: Sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que es evidente que con la emisión de los oficios DPJ/974/2022, de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual requirió al solicitante de la pensión que exhiba la hoja de certificación de cuotas y aportaciones y el memorando número SGPES/089/2023, no se le está negando de manera definitiva el otorgamiento de la pensión solicitada. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. .. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para el día de hoy. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa. ...

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