Juan Castañeda Benitez
Expediente 1584/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1584/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Juan Castañeda Benitez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal que guarda Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto por el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Firmeza del auto En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda David Antonio Galindo Arenas, Secretario del Juzgado Décimo de
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al que adjunta diversas constancias que guardan relación con el acto, y actuario adscrito a la misma; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal. Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Causales de improcedencia y sobreseimiento. En ese mismo orden de ideas, ténganse por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento que refiere, las cuales serán analizadas en párrafos que preceden. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables. Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de acordar la planilla de liquidación solicitada mediante escrito de dieciséis de agosto del año en curso dentro del juicio laboral.. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables adjuntas a su informe justificado, que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que en doce de septiembre de dos mil veintidós, la junta responsable dictó acuerdo en el que acordó la planilla de liquidación presentado por la parte actora mediante escrito de dieciséis de agosto del año en cita, auto que fue notificado de manera personal a la parte quejosa en veintiocho de noviembre del actual, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa consistente en la omisión de acordar la planilla de liquidación solicitada mediante escrito de dieciséis de agosto del actual, ha cesado, pues en veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la responsable notificó a la parte actora de manera personal el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se dio tramité a la plantilla de liquidación solicitada por el aquí quejoso en dieciséis de agosto del año en curso, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Justificación. Lo anterior es así, pues mediante demanda de amparo presentada el dieciocho de noviembre del actual y turnada a esta sede al día inmediato siguiente (veintidós de noviembre del actual), Juan Castañeda Benítez, por propio derecho, señaló como actos reclamados la omisión de la plantilla de liquidación solicitada mediante escrito de dieciséis de agosto del año en curso dentro del juicio laboral 01/510/17. Sin embargo, del informe de ley, se advierte que en fecha doce de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable emitió el acuerdo correspondiente para proveer sobre la plantilla de liquidación dentro del proceso de origen, determinación que fue notificada a la parte quejosa, a su vez, parte actora en veintiocho de noviembre del actual. En tal sentido, es dable concluir que a la fecha de presentación de la demanda dejó de existir, posteriormente, con la notificación realizada a la parte quejosa en veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; aunado a que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Conclusión. En las condiciones anotadas con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, no existía el acto que señaló como reclamado. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Vista la comparecencia del perito designado por la autoridad responsable Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual ratificó el escrito presentado en fecha nueve de noviembre del año en curso, a través del cual rindió su correspondiente dictamen en materia de contabilidad. Consecuentemente, téngase al citado experto ratificando la opinión técnica rendida a su cargo y, por ende, con el contenido de dicho dictamen dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.
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