Juan Carmona Morales

Expediente 578/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
578/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Carmona Morales
  • Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de tres de febrero de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. ... Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a las diez horas del tres de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo 578/2020-IIA. Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Julio Cesar López Céspedes, secretario con quien actúa, declaró abierta la misma sin la asistencia de las partes ni de sus autorizados. Enseguida, el Secretario hace relación de las constancias de autos; da cuenta con el requerimiento hecho al encargado de la mesa de trámite correspondiente para que proporcione toda la correspondencia relativa al presente expediente, quien informa que no existe promoción alguna pendiente de acordar y CERTIFICA: Que en el presente juicio de amparo no existe tercero interesado; asimismo, que se encuentran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables denominadas: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Ciudad. Cierto 2 Congreso del Estado de Veracruz. Cierto El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales procedentes. PERIODO PROBATORIO: Abierto este período, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso Estado Libre y Soberano de Veracruz, con sede en esta ciudad, acordadas en auto de treinta de noviembre de dos mil veinte. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza, las pruebas relacionadas por el secretario, y al no existir alguna otra probanza pendiente de relacionarse o desahogarse, se cierra el periodo. PERIODO DE ALEGATOS: Abierto este período, el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: al no existir manifestaciones que relacionar, se declara precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Se cierra el presente período y se da por concluida la presente audiencia, ordenando se dicte la resolución que en derecho proceda. Doy fe. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 578/2020-IIA; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el trece de noviembre de dos mil veinte, y recibido por razón de turno en este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, el mismo día, Juan Carmona Morales, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que a continuación se indica: No.AUTORIDAD RESPONSABLESENTIDO1 Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. CiudadCierto2 Congreso del Estado de Veracruz.CiertoAutoridades indicadas de quienes reclama: "Que se me prive del derecho de la Ley 223 que establece el derecho que tenemos los adultos mayores de 70 años de edad y que no tenga ingreso alguno y tampoco tengan la protección de sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, el cual es mi caso." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado Decimoquinto de Distrito, registró la demanda de amparo bajo el número 578/2020, la admitió a trámite, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, solicitando a las autoridades responsables sus informes justificados, y además, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, pues en el caso el impetrante reclama actos provenientes de autoridades administrativas, con sede en esta ciudad, cuya jurisdicción le pertenece a este juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Del análisis de la demanda de amparo se aprecia que la empresa quejosa reclama: - El decreto que deroga la ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional de Veracruz y Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por tanto, se tiene por cierto para todos los efectos legales. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Tal aceptación se robustece si se toma en cuenta que, tratándose de normas generales, leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no es necesario probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial correspondiente, en este caso, la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, la cual fue publicada el veintinueve de septiembre del año en curso, para que se tomen en cuenta, dada su naturaleza pública y obligatoriedad; atendiendo al criterio jurídico contenido en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes reclamadas debe estudiarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de garantías, por ser ésta una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, las autoridades responsables Gobernador Constitucional de Veracruz y Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, expusieron al rendir su informe con justificación que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia hecha valer resulta fundada, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)." Del artículo transcrito se obtiene que todos los gobernados cuentan con dos momentos para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general; el primero, con motivo de su sola vigencia (cuando la ley es autoaplicativa y causa perjuicio desde el momento de su entrada en vigor); y el segundo, contra el primer acto de aplicación (leyes heteroaplicativas). Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares o algún tercero, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, sin condicionarse a ningún acto, en cambio, si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. En efecto, el Alto Tribunal de la República ha determinado que las normas autoaplicativas son aquellas que imponen obligaciones a los gobernados desde su entrada en vigor, sin que estén sujetas a ninguna condición, es decir, de acuerdo con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; y, pueden reclamarse en dos momentos: el primero dentro del plazo de treinta días computados a partir del día en que entraron en vigor; y, el segundo, dentro de los quince días siguientes en que haya ocurrido un acto concreto de aplicación de la norma cuestionada. Mientras que las normas heteroaplicativas requieren de la materialización de una condición para que surja la obligación de los particulares de acatarlas, esto es, las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley en sentido material, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso ya de autoridad, de un tercero o del propio quejoso, que condicione su aplicación. La condición a que están sujetas las normas de naturaleza heteroaplicativa, de acuerdo con el propio criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integra por los actos necesarios para que la ley adquiera individualización, entre ellos los siguientes: 1. El acto administrativo; 2. El acto jurisdiccional; 3. El acto jurídico emanado de la propia voluntad del particular; y, 4. El hecho jurídico. Como se ve, son cuatro las figuras que pueden integrar la condición a que está sujeta la ley para que pueda ser reclamada en amparo: el acto administrativo, el cual emana de la regla legal y depende de la voluntad de la autoridad administrativa que de manera unilateral crea, modifica o extingue derechos de los particulares; el acto jurisdiccional, el cual lleva implícita la tarea propia de decir el derecho; el acto jurídico emanado de la voluntad del particular, el cual consiste en la manifestación de una o más personas encaminada a producir consecuencias de derecho; y, el hecho jurídico, acontecimiento o suceso que el ordenamiento jurídico toma en cuenta otorgándole efectos legales. Sin embargo, el criterio de individualización incondicionada es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector --de individualización incondicionada-- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Por tanto, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Ahora bien, en los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, se prevé lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;(.)." De los numerales en comento, se advierte que para determinar la procedencia del juicio de amparo, la promovente deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Respecto de la regla general que se prevé en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, que consiste en que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el promovente del juicio de amparo siempre deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, en otras palabras, demostrar tener interés jurídico para impugnar el acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República definió los conceptos de interés jurídico e interés legítimo en las ejecutorias relativas a los amparos en revisión 553/2012 y 663/2012, así como en la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2012, resoluciones de las que se advierten, en la parte que interesa, las consideraciones que a continuación se sintetizan: 1. Interés jurídico: 1.1. Las normas que tutelan al interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. 1.2. El interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo). 1.3. Por tanto, se está en presencia de un agravio al interés jurídico, cuando la afectación que se aduce se refiere a un derecho subjetivo y aquélla es susceptible de individualizarse en una persona concreta, independientemente de su pertenencia o no a un grupo. 2. Interés legítimo: 2.1. Las normas que se refieren al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. 2.2. Las normas que prevén un interés legítimo tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias que tutelan intereses de una colectividad que carecen de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos de manera directa. 2.3. El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado, aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. 2.4. El interés legítimo supone una idea de pertenencia a una colectividad, no obstante, cabe señalar que, independientemente de la afectación que se dé al grupo al que pertenece el quejoso, puede producirse una o más repercusiones concretas respecto de él. 2.5. En este tenor, se está en presencia de un agravio al interés legítimo, cuando la afectación que se aduce atañe a un interés difuso y se actualiza aquélla en la medida en que se pertenece a un grupo. Atento a lo anterior, debe tomarse en cuenta lo previsto en la fracción I del artículo 107 Constitucional, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo" lo que se traduce en que el promovente debe:  Ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto reclamado (interés jurídico).  Ser titular de un interés jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que por encontrarse ubicado en una especial situación frente al orden jurídico, sufre una afectación (interés legítimo). Desde esa óptica, se puede decir que lo previsto en el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación del promovente del amparo indirecto, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, puesto que en ambos supuestos, al promovente que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa en un juicio de amparo debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera:  Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción.  Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. De ese modo, ya que se trata de un presupuesto esencial de procedencia del juicio constitucional, tanto el interés jurídico como el interés legítimo, deben estar plenamente probados con medios de convicción idóneos, sin que, por tanto, se puedan establecer de manera presuntiva. Consecuentemente, cuando la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo ser titular de un derecho subjetivo o ser titular de un interés legítimo derivado de su especial situación frente al orden jurídico y, con base en ello, promueva el juicio constitucional, debe acreditar de manera plena que la norma impugnada o el acto de autoridad producen una afectación real y actual a su esfera jurídica. Es decir, tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de la ley, sino que debe probarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos de la norma de observancia general o con motivo de un acto de aplicación que lo actualice. Conforme a lo antes señalado, el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, cuando no se acredite la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo y, tratándose de normas generales, el juicio será improcedente cuando éstas requieran de un acto de aplicación con posterioridad a su entrada en vigor y no esté acreditado en autos. En el caso, el quejoso reclama el decreto que deroga la ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz. En ese sentido, dicha norma es de naturaleza autoaplicativa, ya que no requiere de un acto posterior en donde se aplique dicho ordinal para que se considere que causa perjuicio a quienes está dirigida, porque dicho decreto deroga la ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz. Esto es, desde su sola expedición crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho a los gobernados que se encuentran beneficiados por el programa en cita. En tal sentido, el quejoso carece de interés para impugnar dicha norma, ya que no justificó ser beneficiaria del programa, en virtud de que no ofreció medio de prueba para demostrar dicho interés. En ese contexto, si el quejoso no acreditó alguna afectación con emisión del decreto reclamado, es evidente que carece de interés jurídico para impugnar la norma general tachada de inconstitucional, pues cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, en los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa), o bien, que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa), lo cual no acontece en el particular. Sirve de sustento jurisprudencia con número de registro 206527, de rubro y texto: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma". Así como la jurisprudencia 3a./J. 9/94, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". En suma, la parte quejosa no acreditó la afectación a su esfera jurídica con motivo de la entrada en vigor del ordenamiento reclamado, por lo que no se prueba la generación de algún perjuicio con el que se estime procedente su impugnación. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en correlación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos materia de estudio en el presente considerando. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en el escrito de demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, debe decirse que en esta sentencia se citaron criterios, que fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, empero, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el punto Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en esas condiciones, lo que en ellos se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEXTO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase a la parte quejosa solamente un juego de copias certificadas del presente proveído, las cuales podrán ser entregadas a las personas que designó como sus autorizados, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia. Por otra parte, por cuanto hace a su petición en el sentido de que dicha copia certificada pudiera hacérsele entrega a través de los correos electrónicos que proporciona; al respecto dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, debido a que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020 -reformado por su similar 25/2020 con relación al periodo de vigencia- ,estableció que para comparecer ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, deberá agendar una cita en este órgano, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, para que le sean entregadas las copias certificadas del presente proveído, deberá agendar una cita, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, para que genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia del quejoso se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ obtenga su nombre de usuario, haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel) acceda al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y pueda consultar el expediente electrónico generado el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto. Además, las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente".. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo número 578/2020-IIA, promovido por Juan Carmona Morales, por los actos reclamados al Gobernador Constitucional de Veracruz y Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    ... se levanta la suspensión de plazos y términos, por lo que se continúa el trámite del presente asunto. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos.

  4. Principal

    Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en esta ciudad, a través del Director General Jurídico de la Secretaria de Gobierno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como sus delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional no se encuentra debidamente notificada del proveído de treinta de noviembre del año en curso, en el que se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a fin de notificar el precitado auto a la representante social adscrita, para lo cual se anexa copia autorizada del mismo. Notifíquese por lista de acuerdos y mediante oficio a la agente del Ministerio Público Federal adscrita el presente proveído y el diverso de treinta de noviembre del año en curso.

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